Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de Abril de 2012. Caso Forneron e hija Vs. Argentina. Serie C No. 242

Fecha de Resolución:27 de Abril de 2012
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Forneron e hija Vs. Argentina
Acto:Fondo, Reparaciones y Costas
Solicitante:Argentina
 
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CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO FORNERON E HIJA VS. ARGENTINA

SENTENCIA DE 27 DE ABRIL DE 2012

(Fondo, R. y Costas)

En el caso F. e hija,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes Jueces(:

D.G.-Sayán, P.;

M.E.V.R., V.;

M.M.M., J.;

R.A.B., J.;

A.P.P., J., y

E.V.G., J.;

presentes, además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también “la Convención Americana o “la Convención”) y con los artículos 31, 32, 65 y 67 del Reglamento de la Corte (en adelante también “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.

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I

INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

  1. El 29 de noviembre de 2010, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana y el artículo 35 del Reglamento de la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana el caso F. e hija en contra de la República Argentina (en adelante también “el Estado” o “Argentina”), originado en una petición presentada el 14 de octubre de 2004 por L.A.J.F. y por M.R.N., representante legal del Centro de Estudios Sociales y Políticos para el Desarrollo Humano (en adelante “CESPPEDH”), con la representación jurídica de S.A.M.T. y A.P.. El 26 de octubre de 2006, la Comisión Interamericana adoptó el Informe de Admisibilidad No 117/06[1], y el 13 de julio de 2010 aprobó el Informe de Fondo No. 83/10, en los términos del artículo 50 de la Convención (en adelante también “el Informe de Fondo” o “el Informe No. 83/10”), en el cual realizó una serie de recomendaciones al Estado. Este último informe fue notificado a Argentina mediante una comunicación de 29 de julio de 2010, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Luego de vencido el plazo de una prórroga solicitada por Argentina, la Comisión sometió el caso al Tribunal debido a la falta de cumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado y a la consecuente necesidad de obtener justicia y protección efectiva de los derechos a la protección a la familia y del interés superior de la niña, así como la necesidad de que el Estado modifique su ordenamiento jurídico en materia de venta de niños y repare de manera integral las violaciones a los derechos humanos del presente caso. La Comisión Interamericana designó como delegados a la Comisionada L.P.M.G. y al S.E.S.A.C. y como asesoras legales a su Secretaria Ejecutiva Adjunta, E.A.-Mershed, y a M.C.P., M.B. y L.C.S., abogadas de la Secretaría Ejecutiva.

  2. Según indicó la Comisión Interamericana, el presente caso se relaciona con la alegada violación del derecho a la protección a la familia del señor F. y de su hija biológica[2]. La niña fue entregada por su madre en guarda preadoptiva a un matrimonio sin el consentimiento de su padre biológico, quien no tiene acceso a la niña y el Estado no ha ordenado ni implementado un régimen de visitas a pesar de las múltiples solicitudes realizadas por el señor F. a lo largo de más de diez años. La Comisión consideró que el paso del tiempo fue especialmente relevante en la determinación de la situación jurídica de la niña y de su padre, puesto que las autoridades judiciales establecieron la adopción simple de la niña a favor del matrimonio guardador el 23 de diciembre de 2005, con fundamento en la relación que ya se había desarrollado en el transcurso del tiempo. La demora injustificada en los procedimientos se convirtió en la razón para desconocer los derechos del padre. En consecuencia, la Comisión solicitó a la Corte que concluya y declare la responsabilidad internacional del Estado por la violación del derecho del señor F. y de su hija a un debido proceso, a las garantías judiciales y a sus derechos a la protección a la familia, consagrados en los artículos 8.1, 25.1 y 17 de la Convención Americana, respectivamente, en relación con los artículos 19 y 1.1 del mismo instrumento y por el incumplimiento del artículo 2 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 19 de la misma. La Comisión solicitó al Tribunal que ordene diversas medidas de reparación.

    II

    PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

  3. El sometimiento del caso por parte de la Comisión Interamericana fue notificado al Estado y a las representantes de las presuntas víctimas (en adelante “las representantes”) el 31 de enero y el 3 de febrero de 2011. El 1 de abril de 2011 S.T. y M.R.N. remitieron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”), en los términos de los artículos 25 y 40 del Reglamento. Las representantes coincidieron sustancialmente con las violaciones alegadas por la Comisión Interamericana y también solicitaron al Tribunal que ordene diversas medidas de reparación.

  4. El 11 de julio de 2011 el Estado presentó su contestación a los escritos de sometimiento del caso y de solicitudes y argumentos (en adelante “escrito de contestación” o “contestación”). Argentina destacó su “disposición, voluntad política y acciones concretas proactivamente desarrolladas en pos de obtener una respuesta que de fin a la situación planteada”. El Estado indicó que evitó por todos los medios posibles la confrontación y siempre priorizó el diálogo, proponiendo como estrategia de trabajo la posibilidad de una revinculación del señor F. con su hija biológica, siendo esta la única alternativa eficiente en el caso. Asimismo, recordó las diversas gestiones realizadas por distintas autoridades, incluyendo aquellas asumidas por un Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación con el fin de arribar a una solución amistosa. Adicionalmente, se refirió, entre otros aspectos, a la delimitación del objeto procesal del caso, a la intervención de autoridades provinciales en diversas gestiones y a algunas de las medidas de reparación solicitadas por las representantes. El Estado designó como agente a E.A.D. y como agentes alternos a J.J.A., A.J.S. y A.G.G..

  5. Con posterioridad a la presentación de los escritos principales (supra párrs. 1 a 4), así como de otros escritos remitidos por las partes, el Presidente del Tribunal ordenó, mediante Resolución de 13 de septiembre de 2011, recibir las declaraciones de cinco testigos[3] y el dictamen de un perito, propuestos por las representantes, a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (en adelante también “affidávit”), respecto de los cuales el Estado tuvo la oportunidad de formular preguntas y observaciones. Asimismo, convocó a la Comisión Interamericana, a las representantes y al Estado a una audiencia pública para recibir la declaración del señor F., propuesta por las representantes, y los dictámenes de E.G.M., propuesto por la Comisión Interamericana, y de G.M.G. y de C.A.A., propuestos por el Estado, así como los alegatos finales orales de las representantes y del Estado, y las observaciones finales orales de la Comisión sobre el fondo, las reparaciones y las costas[4].

  6. La audiencia pública fue celebrada el 11 de octubre de 2011, durante el 44º Período Extraordinario de Sesiones de la Corte, llevado a cabo en Bridgetown, Barbados[5]. En ella, el Tribunal solicitó a las partes que, al presentar sus alegatos finales escritos, remitieran determinada información adicional.

  7. El 14 y el 16 de noviembre de 2011 las representantes, el Estado y la Comisión Interamericana enviaron sus respectivos alegatos y observaciones finales escritas. Junto con sus escritos, el Estado y las representantes remitieron documentos, los cuales fueron transmitidos para que las partes formularan las observaciones que estimaran pertinentes. Adicionalmente, el 29 de noviembre de 2011, de conformidad con el articulo 58.b del Reglamento, se solicitó al Estado que, a más tardar el 14 de diciembre de 2011, remitiera determinada información y documentación como prueba para mejor resolver[6]. El 14 de diciembre de 2011, Argentina solicitó una prórroga, que fue concedida por el Tribunal, estableciendo un nuevo plazo para recibir la información el 23 de enero de 2012. El 24 de enero de 2012, Argentina presentó determinada información, aunque no aquella específicamente solicitada, circunstancia que se comunicó al Estado. El 28 de febrero de 2012, Argentina remitió un nuevo escrito, que contenía parte de lo solicitado por la Corte como prueba para mejor proveer. El Tribunal informó al Estado que la admisibilidad de esta documentación sería considerada en su debida oportunidad[7] (infra párr. 12).

  8. Por otra parte, el Tribunal recibió escritos en calidad de amicus curiae de las siguientes personas e instituciones: 1) L.C. y L.R., docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; 2) D.M., legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 3) el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria[8]; 4) la Fundación Adoptar[9], y 5) L.M.G., S.C. y R.A.S., docente e investigadores, respectivamente, del Centro de Estudios en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y M.H. y L.E.B., coordinadores de las maestrías en derecho de familia, infancia y adolescencia y de derecho internacional de los derechos humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

    III

    COMPETENCIA

  9. La Corte Interamericana es competente para conocer el presente caso, en los términos del artículo 62.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que Argentina es Estado Parte de la Convención desde el 5 de septiembre de 1984 y reconoció la competencia contenciosa del Tribunal en esa misma fecha.

    IV

    PRUEBA

  10. Con base en lo establecido en los artículos 50, 57 y 58 del Reglamento, así como en su jurisprudencia respecto de la prueba y su apreciación, la Corte examinará y valorará los...

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