Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de Agosto de 2014. Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Serie C No. 281

Fecha de Resolución:27 de Agosto de 2014
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela
Acto:Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
Solicitante:Venezuela

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO HERMANOS L.M. Y OTROS VS. VENEZUELA

SENTENCIA DE 27 DE AGOSTO DE 2014

(Excepciones Preliminares, Fondo, R. y Costas)

En el caso H.L.M. y otros,

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:

H.A.S.P., P.;

R.F.C., V.;

M.E.V.R., J.;

E.V.G., J., y

E.F.M.-GregorP., Juez(;

presentes además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 31, 32, 42, 65 y 67 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia, que se estructura en el siguiente orden:

CASO HERMANOS LANDAETA MEJÍAS Y OTROS VS. VENEZUELA

Índice

I introducción de la causa y objeto de la controversia 2

II PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE 2

III COMPETENCIA 2

IV excepciones preliminares sobre la falta de agotamiento de recursos internos 2

A. Argumentos de las partes y de la Comisión 2

B. Consideraciones de la Corte 2

B.1 Alegada falta de agotamiento de los recursos internos para el caso de E.J.L.M. 2

B.2 Alegada falta de agotamiento de los recursos internos para el caso de I.A.L.M. 2

V prueba 2

A. Prueba documental, testimonial y pericial 2

B. Admisión de la prueba 2

B.1 Admisión de la prueba documental 2

B.2 Admisión de la prueba testimonial y pericial 2

VI HECHOS 2

A. Alegada problemática de ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes policiales en Venezuela 2

B. Las amenazas recibidas por parte de agentes policiales 2

C. Muerte de I.A.L.M. 2

C.1 Versión de siete testigos presenciales y un médico 2

C.2 Versión de dos agentes policiales y dos testigos presenciales 2

D. Detención y muerte de E.J.L.M. 2

E. Investigación de la muerte de I.A.L.M. 2

F. Investigación de la muerte de E.J.L.M. 2

VII Fondo 2

VII-1 Derecho a la vida e integridad personal en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos respecto de igmar alexander landaeta MEJÍAS 2

A. Argumentos de las partes y de la Comisión 2

B. Consideraciones de la Corte 2

B.1 Acciones preventivas: legalidad y excepcionalidad del uso de la fuerza en relación con el deber de garantía y las obligaciones de adecuar el derecho interno 2

B.2 Acciones concomitantes a los hechos: finalidad legítima, absoluta necesidad y proporcionalidad en relación con el deber de respeto 2

B.3 Acciones posteriores a los hechos: debida diligencia y humanidad en relación con el deber de respeto y garantía del derecho a la vida 2

B.4 Conclusión respecto de Igmar Alexander Landaeta Mejías 2

VII-2 Derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal y derechos del niño, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos RESPECTO DE E.J. LANDAETA mejías 2

A. Argumentos de las partes y de la Comisión 2

B. Consideraciones de la Corte 2

B.1 Derecho a la libertad personal en relación con los derechos del niño 2

B.2 Derecho a la vida en relación con los derechos del niño 2

B.3 Derecho a la integridad personal en relación con los derechos del niño y el deber de garantía frente a los alegados hechos de tortura 2

B.4 Conclusión respecto de E.J.L.M. 2

VII-3 DERECHO A LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y A LA PROTECCIÓN JUDICIAL RESPECTO DE IGMAR ALEXANDER Y EDUARDO JOSÉ LANDAETA MEJÍAS 2

A. Alegatos de las partes y de la Comisión 2

B. Consideraciones de la Corte 2

B.1 Ausencia de investigaciones conjuntas en relación con la muerte de los hermanos L.M. 2

B.2 Debida diligencia y plazo razonable durante las investigaciones y el proceso penal relativo a la muerte de I.A.L.M. 2

B.3 Debida diligencia y plazo razonable durante las investigaciones y el proceso penal relativo a la muerte de E.J.L.M. 2

VII-4 Derecho a la integridad personal de los familiares 2

A. Argumentos de las partes y de la Comisión 2

B. Consideraciones de la Corte 2

VIII REPARACIONES 2

A. Parte lesionada 2

B. Obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables 2

C. Medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición 2

C.1 Medidas de rehabilitación 2

C.2 Medidas de satisfacción 2

C.3 Garantías de no repetición 2

D. Indemnización compensatoria 2

D.1 Daño material 2

D.2 Daño inmaterial 2

E. Costas y gastos 2

F. Reintegro de los gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas 2

G. Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados 2

I

introducción de la causa y objeto de la controversia

  1. El caso sometido a la Corte. – El 10 de julio de 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso “H.L.M. y otros” contra la República Bolivariana de Venezuela (en adelante “el Estado” o “Venezuela”). De acuerdo con lo señalado por la Comisión, el caso se relaciona con la alegada ejecución extrajudicial de los hermanos I.A.L.M. (en adelante “I.L.”) y E.J.L.M. (en adelante “E.L.”), de 18 y 17 años de edad respectivamente, por parte de funcionarios del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del estado de Aragua, Venezuela (en adelante “CSOP”). En este sentido, la Comisión señaló que “[t]ras amenazas y hostigamientos en su contra, el 17 de noviembre de 1996[,] I.A.L.M. fue ejecutado extrajudicialmente, mientras que un mes y medio después –el 30 de diciembre de 1996- su hermano, el niño E.J.L.M., fue privado de libertad ilegal y arbitrariamente, y al día siguiente, en el marco de un supuesto traslado, fue ejecutado extrajudicialmente. Estos hechos se enmarcan en un contexto de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, con especial incidencia en el estado de Aragua. La muerte de ambos hermanos permanece en impunidad. En el caso de I.A.L.M., el proceso penal contra las autoridades culminó con un sobreseimiento, mientras que en el caso de E.J.L.M., pasados 16 años de su muerte, el proceso penal aún sigue en curso”.

  2. Trámite ante la Comisión. – El trámite ante la Comisión fue el siguiente:

    a) Peticiones. – El 20 de septiembre de 2004 la Comisión recibió la petición inicial respecto de I.L.. El 24 de abril de 2006 la Comisión recibió la petición inicial respecto de E.L.. El 26 de junio de 2006 la Comisión informó a las partes que la petición de E.L. había sido acumulada a la petición de I.L.. No obstante, el 30 de enero de 2007 la Comisión indicó a las partes que dadas las particularidades de cada petición había decidido desglosarlas a efectos de analizar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de manera separada.

    b) Informes de Admisibilidad. - El 9 de marzo de 2007 la Comisión Interamericana aprobó el Informe de Admisibilidad No. 23/07 respecto de la petición de E.L.[1]. Posteriormente, el 20 de marzo de 2009 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 22/09, respecto de la petición de Igmar Landaeta[2].

    c) Informe de Fondo. – El 21 de marzo de 2012 la Comisión aprobó el Informe de Fondo No. 58/12[3], en los términos del artículo 50 de la Convención Americana (en adelante “Informe de Fondo” o “Informe 58/12”) respecto de ambos casos, en el cual llegó a una serie de conclusiones y formuló varias recomendaciones al Estado.

    a. Conclusiones. – La Comisión concluyó que el Estado era responsable por la violación de los siguientes derechos reconocidos en la Convención Americana:

    i. Los derechos a la vida e integridad personal (artículos 4 y 5 de la Convención) en perjuicio de I.L.;

    ii. Los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal y protección especial de los niños (artículos 4, 5, 7 y 19 de la Convención) en perjuicio de E.L., y

    iii. Los derechos a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial (artículos 5, 8 y 25 de la Convención) en perjuicio de M.M.M.C. (madre, en adelante “M.M.M.”), I.L.M. (padre, en adelante “I.L.”); Victoria Eneri y L.R., ambas de apellido L.G. (hermanas, en adelante “V.L. y L.L.”), F.Y.P.G. (compañera de vida de I.L., en adelante “F.P.”), y J.A.P. (hija de I.L., en adelante “J.L.P.”)[4].

    b. Recomendaciones. – En consecuencia, la Comisión hizo al Estado una serie de recomendaciones:

    i. Realizar una investigación completa, imparcial, efectiva y oportuna de las violaciones de derechos humanos declaradas en el Informe de Fondo, con el objeto de establecer y sancionar la responsabilidad intelectual y material de los hechos descritos;

    ii. Estas investigaciones deben efectuarse de manera tal que se establezcan los vínculos entre cada uno de los hechos objeto del Informe de Fondo, así como entre tales hechos y el contexto más general de violencia y ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía regional;

    iii. Disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos del caso;

    iv. Reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos declaradas en el Informe de Fondo tanto en el aspecto material como moral, y

    v. Disponer mecanismos de no repetición que incluyan: i) programas de capacitación sobre estándares internacionales de derechos humanos en general, y respecto de niños, niñas y adolescentes en particular, dirigidos a la Policía del estado de Aragua; ii) medidas para asegurar la efectiva rendición de cuentas en el fuero penal, disciplinario o administrativo, en casos de presunto abuso de poder por parte de agentes del Estado a cargo de la seguridad pública, y iii) medidas legislativas, administrativas y de otra índole para investigar con la debida diligencia y de conformidad con los estándares internacionales relevantes, la necesidad y proporcionalidad del uso letal de la fuerza por parte de funcionarios policiales, de manera que existan protocolos eficaces que permitan implementar mecanismos adecuados de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba