Hechos del Caso
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I. HECHOS DEL CASO
Fecha de sentencia: 16 de noviembre de 2009
Víctima: Claudia Ivette González y otras
Estado parte: México
Caso completo en:
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf
Ciudad Juárez está ubicada en México, al norte del estado de Chihuahua, en la frontera con El Paso, Texas. Las desigual-
dades sociales y la proximidad con la frontera internacional han contribuido al desarrollo de diversas formas de delincuencia
y lavado de dinero.
de edad, de origen humilde, estudiantes o trabajadoras.
No existen datos concluyentes, pero algunos informes hablan de cifras que oscilan entre 260 y 370 homicidios de mujeres
entre 1993 y 2003. En cuanto a las desapariciones, las cifras varían entre 257 y 400 mujeres, en el mismo período.
de 1965, con el desarrollo de la industria maquiladora1. Al darse preferencia a la contratación de mujeres, la mujer se convirtió
en la principal proveedora de la familia. Sin embargo, este cambio social no ha sido acompañado de un cambio e n la mentalidad
tradicional de cariz patriarcal, que impera en Ciudad Juárez.
Un número considerable de los homicidios presenta varios factores en común: las mujeres son secuestradas y mantenidas
en cautiverio, sus familiares denuncian su desaparición y luego de días o meses, sus cadáveres son encontrados en terrenos bal-
díos, con signos de violación u otros tipos de abusos sexuales, tortura y mutilaciones.
Además, estos crímenes se han caracterizado por la falta de su esclarecimiento, enraizándose una cultura de impunidad
-
ción basada en el género. Estigmatizan a las víctimas de desaparición por el hecho de ser mujeres, culpándolas a ellas mismas de
su suerte y también a sus madres, por permitir que anduvieran solas o salieran de noche.
Dentro de este contexto se enmarca la desaparición y ulterior muerte de las víctimas del presente caso, las jóvenes Claudia
Ivette González (20 años, trabajadora), Esmeralda Herrera Monreal (15 años, estudiante) y Laura Berenice Ramos Monárrez (17
años, estudiante), quienes desaparecieron en distintas fechas entre septiembre y octubre de 2001, y cuyos cuerpos fueron encon-
trados en un campo algodonero de Ciudad Juárez, el día 6 de noviembre de 2001.
relacionadas con la demora en la iniciación de su búsqueda y de las investigaciones, tales como lentitud de las mismas, inactividad
en los expedientes, falta de información en el reporte sobre el hallazgo de los cadáveres, inadecuada preservación de la escena del
extravío de restos
bajo custodia del Ministerio Público y falta de contemplación de las agresiones a mujeres como par te de un fenómeno global de
violencia de género. Las autoridades detuvieron a dos individuos, los señores González y García, quienes confesaron ser responsa-
bles de los crímenes de campo algodonero. Sin embargo, más tarde se pudo comprobar que dichas confesiones fueron obtenidas
por medio de tortura, por lo que el señor García fue sobreseído2.
La Comisión solicitó a la Corte que declare al Estado responsable por la violación de los derechos consagrados en los artícu-
los 4 (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 8 (garantías judiciales), 19 (derechos del niño) y 25 (protección judicial)
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante CADH), y el incumplimiento de las obligaciones que derivan
del artículo 7 de la Convención Belém do Pará. Adicionalmente, los representantes solicitaron a la Corte que declare que el Estado
es responsable por la violación de los artículos 7 (derecho a la libertad personal) y 11 (derecho a la dignidad y a la honra) de la
CADH, así como el artículo 7 de la Convención Belém do Pará, en conexión con los artículos 8 y 9 del mismo instrumento.
La Cor te declaró que el Estado violó los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal reconocidos en los
artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la CADH, en relación con la obligación general de garantía contemplada en el artículo 1.1 y la
obligación de adoptar disposiciones de derecho interno consagrada en el artículo 2 de la misma, así como con las obligaciones
contempladas en el artículo 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará, en perjuicio de Claudia Ivette González, Laura Berenice
Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal. Por los mismos motivos, estimó que el Estado violó los derechos de acceso a
la justicia y protección judicial, consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artí-
culos 1.1 y 2 de la misma y 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará, en perjuicio de los familiares de las mencionadas vícti-
mas. Asimismo, según la decisión de la Corte, el Estado vulneró el deber de no discriminación contenido en el artículo 1.1 de la
CADH, en relación con el deber de garantía de los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, consagrados en
los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de dicho tratado, en perjuicio de Laura Berenice Ramos Monárrez, Esmeralda Herrera Monreal y
Claudia Ivette González; así como en relación con el acceso a la justicia consagrado en los artículos 8.1 y 25.1 de la mencio-
nada Convención, en perjuicio de sus familiares. Por último, México violó los derechos de los niños y niñas, consagrados en el
artículo 19 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio de las niñas Esmeralda
Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, así como también conculcó el derecho a la integridad personal (art . 5.1 de la
CADH) de los familiares de las víctimas directas de este caso, por los sufrimientos y hostigamientos ocasionados a dichos familia-
res.
El Estado realizó un reconocimiento parcial de responsabilidad, admitiendo que en la primera etapa de las investigaciones
se presentaron irregularidades que afectaron la integridad psíquica y la dignidad de los familiares de las víctimas.
1
2 El señor González murió tras una intervención quirúrgica en el recinto penal en que se hallaba detenido.
CASO N° 205GONZÁLEZ Y OTRAS (“CAMPO ALGODONERO”) VS. MÉXICO
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