Hacia el norte con transparencia y en democracia

Autor:José A. Santos - Enrique Acosta Pumarejo
Cargo:PhDc, LLM y Dr. - PhD, LLM, JD y Ed.M
 
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Recientemente, el Gobierno de Puerto Rico a través de la Rama Legislativa ha elaborado unas nuevas piezas legislativas, una conocida como ¨Ley de Datos Abiertos del Gobierno¨ Proyecto del Senado 236 el cual ha sido aprobado, y la Ley Num.2 de 4 de enero de 2018 que se conocerá como “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”. El propósito que inspira a sus autores persigue crear un Gobierno abierto con la genuina intención de poner a disposición de los ciudadanos aquella información de dominio público. Todo en aras de cumplir con el axioma de ser transparentes con las prácticas ejemplares donde toda democracia opera. También, hay una orden ejecutiva del Gobernador de Puerto Rico conocida técnicamente como al OE-2017-10 que persigue la misma línea. Igualmente existen otros proyectos a saber: PC0614 de 1/14/2017; PC1095 de 5/25/2017; PS0442 de 4/24/2017; PS0561 de 5/31/2017. Todos en esencia versan sobre el acceso a la información pública, elemento clave sin duda para toda sana democracia. Estos proyectos, todos, así como la ley referida, tienen un hilo conductor con idénticos objetivos, motivaciones, y por los mismos fundamentos. Por lo que sería apropiado articular todas estas piezas en una sola en vez de tener varias fragmentadas. A la hora de hacer referencias sólo se tendría que acudir a un sólo estatuto, lo que no sólo lo haría más fácil, sino que más eficaz, coherente y adecuado a sus propósitos y fines. 

A pesar del gran empeño que se entreteje entre esas dos Ramas del gobierno hay que señalar que aún queda camino que recorrer. Es evidente que la meta es establecer una política de transparencia y democracia. Sin sonar reiterativo, los esfuerzos han de ser acaparadores, pero en las tres ramas de Gobierno y no puntualizadas. Podríamos decir que éstos han de ser estructurados y ensamblados como un buen reloj suizo.  Por lo que estas iniciativas del gobierno de Puerto Rico tendrían que dar el siguiente paso: la transparencia instrumentalizada.   

Habría de establecer un sistema, un registro donde se agrupen todas las acciones legislativas, judiciales y ejecutivas, administrativas, en fin, todo el quehacer del Estado.  Hay que establecer un Boletín Oficial del Estado del Gobierno de Puerto Rico, BOEPR, que recoja todas las normas, leyes, órdenes, ejecutivas y ordinarias, reglamentos...

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