Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 12 de Septiembre de 2005. Caso Gutiérrez Soler Vs. Colombia. Serie C No. 132

Fecha de Resolución12 de Septiembre de 2005
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
CasoGutiérrez Soler Vs. Colombia
SolicitanteCosta Rica

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso G.S. vs. Colombia

Sentencia de 12 de septiembre de 2005En el caso G.S.,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces*:

S.G.R., P.;

A.A.B., V.;

O.J., J.;

A.A.C.T., J.;

M.E.V.R., J.;

D.G.-Sayán, J.; y

E.R.C., J. ad hoc;

presentes, además**,

E.S.R., Secretaria Adjunta,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 29, 31, 53.2, 55, 56, 57 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.I

Introducción de la Causa

  1. El 26 de marzo de 2004, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una demanda contra el Estado de Colombia (en adelante “el Estado” o “Colombia”), la cual se originó en la denuncia No. 12.291, recibida en la Secretaría de la Comisión el 5 de noviembre de 1999.

  2. La Comisión presentó la demanda en este caso con el objeto de que la Corte decidiera si el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 5.1, 5.2 y 5.4 (Derecho a la Integridad Personal); 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 (Derecho a la Libertad Personal); 8.1, 8.2.d, 8.2.e, 8.2.g y 8.3 (Garantías Judiciales); y 25 (Protección Judicial) de la Convención, en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) del referido tratado, en perjuicio del señor W.G.S.. En su demanda, la Comisión señaló que “la[s presuntas] privación de la libertad personal y vulneración de la integridad personal de W.G.S. fueron perpetradas por un agente del Estado y un particular (ex agente del Estado) que[,] con la aquiescencia de servidores públicos[,] emplearon los medios a disposición de la Fuerza Pública para detener a la [presunta] víctima e intentar extraerle una confesión mediante torturas, por la alegada comisión de un ilícito – del cual eventualmente la justicia nacional lo declaró inocente”. A nivel interno, el señor G.S. “[supuestamente] agotó todos los medios a su alcance para lograr justicia y reparación”; sin embargo, sus denuncias fueron desestimadas. En este sentido, la Comisión señaló que “[l]a [presunta] impunidad de los responsables y la falta de reparación, transcurridos diez años de los hechos, no sólo han destruido el proyecto de vida de W.G.S. y de los miembros de su familia, sino que han tenido un impacto negativo en su seguridad y en algunos casos los ha forzado al exilio”.

  3. Además, la Comisión solicitó a la Corte Interamericana que, de conformidad con el artículo 63.1 de la Convención, ordene al Estado que adopte determinadas medidas de reparación indicadas en la demanda. Por último, solicitó a la Corte que ordene al Estado el pago de las costas y gastos generados en la tramitación del caso en la jurisdicción interna y ante los órganos del Sistema Interamericano.

    II

    Competencia

  4. La Corte Interamericana es competente, en los términos del artículo 62.3 de la Convención, para conocer el presente caso, en razón de que Colombia es Estado Parte en la Convención Americana desde el 31 de julio de 1973 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de junio de 1985.III

    Procedimiento ante la Comisión

  5. El 5 de noviembre de 1999 la Corporación Colectivo de Abogados “J.A.R.” (en adelante “los peticionarios”) presentó una petición ante la Comisión Interamericana, a la cual se dio trámite bajo el número 12.291.

  6. El 14 de noviembre de 2001, en el marco de su 113º período de sesiones, la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad Nº 76/01, mediante el cual decidió que era “competente para examinar el reclamo presentado por los peticionarios sobre la presunta violación de los artículos 5, 8 y 25, en concordancia con el artículo 1(1) de la Convención”, y decidió “[d]eclarar admisible el presente caso en relación con la presunta violación de los artículos 5, 8, 25 y 1(1) de la Convención Americana”.

  7. El 29 de mayo de 2003 la Comisión Interamericana, a solicitud de los peticionarios, otorgó medidas cautelares a favor del señor R.G.S., hermano de la presunta víctima, “quien [habría] padeci[do] una serie de amenazas, actos de hostigamiento y un fallido atentado con explosivos, presumiblemente orientados a acallar las denuncias de su familiar en contra de personas, entre ellos agentes del Estado, [presuntamente] vinculadas a la comisión de los hechos materia del presente caso”.

  8. El 9 de octubre de 2003 la Comisión, de conformidad con el artículo 50 de la Convención, aprobó el Informe No. 45/03, mediante el cual concluyó que:

    el Estado colombiano es responsable por la violación de los artículos 5(1)(2) y (4), 7(1) (2) (3) (4) (5) y (6), 8(1), 8(2), 8(2)(d) y (e), 8(2)(g) y 8(3) y 25, en concordancia con el artículo 1(1) de la Convención Americana, en perjuicio de W.G.S., en razón de las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes de los cuales fue objeto cuando se encontraba bajo la custodia del Estado y el incumplimiento con las garantías del debido proceso y el derecho a la protección judicial a la hora de investigar las violaciones denunciadas y juzgar a los responsables. El Estado es asimismo responsable por incumplir su deber de garantía con relación a las violaciones padecidas por la víctima cuando se encontraba bajo su custodia y por la ausencia de reparación del daño causado, incluyendo el derecho a la justicia.

    Al respecto, la Comisión recomendó al Estado:

  9. adoptar las medidas necesarias para investigar y juzgar a los responsables de las violaciones al artículo 5 de la Convención Americana, ante los tribunales ordinarios, incluyendo los casos en los cuales dicha actividad implique reabrir investigaciones precluidas o reexaminar causas decididas ante la justicia militar, conforme lo permite la jurisprudencia de la Corte Constitucional;

  10. adopt[ar] las medidas necesarias para reparar a W.G.S. en razón del daño material e inmaterial sufrido como consecuencia de las violaciones a los artículos 5, 8 y 25; [y]

  11. adopt[ar] las medidas necesarias para [que] hechos de la misma naturaleza no se vuelvan a repetir.

  12. El 26 de diciembre de 2003 la Comisión transmitió el Informe No. 45/03 al Estado y le otorgó un plazo de dos meses para que informara sobre las medidas adoptadas para cumplir las recomendaciones formuladas.

  13. El 23 de enero de 2004 la Comisión, de conformidad con el artículo 43.3 de su Reglamento, notificó a los peticionarios la adopción del informe y su transmisión al Estado y les solicitó su posición respecto del eventual sometimiento del caso a la Corte Interamericana, información que remitieron el 26 de febrero de 2004.

  14. El 17 de marzo de 2004, después de una prórroga concedida, venció el plazo para que el Estado presentara información sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe No. 45/03, sin que éste remitiera comunicación alguna al respecto.

  15. El 26 de marzo de 2004 la Comisión Interamericana decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte.

    IV

    Procedimiento ante la Corte

  16. El 26 de marzo de 2004 la Comisión presentó la demanda ante la Corte.

  17. La Comisión designó como D. ante la Corte a la Comisionada S.V. de la Puente y al S.E.S.A.C. y, como asesores legales, a los señores A.D., V.G., N.C. y L.C..

  18. El 21 de abril de 2004 la Secretaría, previo examen preliminar de la demanda realizado por el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), la notificó, junto con sus anexos, al Estado y le informó sobre los plazos para contestarla y designar representación en el proceso. Además, la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, informó al Estado de su derecho a designar un juez ad hoc para que participara en la consideración del caso.

  19. El mismo día, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.1.d y e del Reglamento, la Secretaría notificó la demanda al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y al Colectivo de Abogados “J.A.R.” (en adelante “los representantes”), designados en la demanda como representantes de la presunta víctima y sus familiares, y les informó que contaban con un plazo de dos meses para presentar su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas.

  20. El 18 de junio de 2004 el Estado designó a los señores L.M.G.G. y L.A.N.D. como agentes titular y alterno, respectivamente. Asimismo, Colombia propuso al señor E.R.C. como J. ad hoc para el conocimiento del presente caso.

  21. El 28 de junio de 2004 los representantes presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”).

  22. El 31 de agosto de 2004 el Estado presentó su escrito de excepciones preliminares, contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos. Las dos excepciones preliminares interpuestas por Colombia fueron las siguientes: 1) menoscabo del derecho de defensa del Estado; y 2) incumplimiento de los requisitos para la aplicación de la excepción de agotamiento de los recursos internos.

  23. El 27 de octubre de 2004 la Comisión y los representantes presentaron sus alegatos escritos sobre las excepciones preliminares.

  24. El 1 de febrero de 2005 el P. dictó una Resolución, mediante la cual requirió que los señores K.D.G.N., Y.R.[1], L.F.G.R., P.C.G.R., L.G.R., L.C.G.P., S.T.G.R., R.A.G.R., C.A.G.R. y M.E.S. de G., propuestos como testigos por los representantes, prestaran sus testimonios a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávits). También requirió que el señor I.G.A., propuesto como perito por los representantes, prestara su dictamen a través de declaración rendida ante fedatario público (affidávit). Asimismo, en dicha Resolución el Presidente convocó a la Comisión Interamericana, a los representantes y al Estado a una audiencia pública que se...

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