Grupos civiles armados en Venezuela: ¿Actores de un ?aparato organizado de poder'?

AutorThairi Moya Sánchez
CargoDoctora en Derecho, Universidad Central de Venezuela
Páginas110-144
110 ANIDIP, Bogotá, ISSNe: 2346-3120, Vol6, pp. 110-144, 2018
Grupos civiles armados en Venezuela:
¿Actores de un ‘aparato organizado de
poder’?
Civilian Armed Groups in Venezuela: ¿Are they Actors
of an “Organized Apparatus of Power”?
Grupos civis armados na Venezuela: Atores de um
‘aparato organizado de poder’?
Thairi Moya Sánchez*
Fecha de recepción: 7 de septiembre de 2017
Fecha de aprobación: 10 de enero de 2018
Doi: http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/anidip/a.7160
Para citar este artículo: Moya Sánchez, T. (2018). Grupos civiles armados en
Venezuela: ¿Actores de un ‘aparato organizado de poder’? ANIDIP, 6, 110-144.
Doi: http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/anidip/a.7160
Resumen
El gobierno venezolano ha sometido a la población a una constante militarización,
en especial, a través de la creación de grupos de civiles armados, como los son las
milicias. A su vez, ha promovido la formalización de determinados movimientos
sociales, por medio de leyes, para garantizar el establecimiento del ‘Poder Comunal’.
Sin embargo, algunos de estos movimientos han servido para dar cabida a la
formación de otros ‘grupos civiles armados, lo que causa una mayor preocupación
por ser una situación atípica en este país sudamericano. El presente ensayo tiene
como nalidad abordar si los grupos provenientes de estos ‘movimientos sociales’
forman parte del aparato estatal para cometer crímenes de lesa humanidad en
contra de la sociedad civil.
Palabras clave: civiles armados, colectivos, lesa humanidad, responsabilidades,
revolución.
* Doctora en Derecho, Universidad Central de Venezuela. Profesora de la Facultad de Derecho, Universi-
dad Católica Andrés Bello. Maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Universidad
de Nottingham. Diploma en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Instituto Internacional de
Derechos Humanos, Fundación René Cassin. Correo electrónico: tmoyasan@ucab.edu.ve
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ANIDIP, Bogotá, ISSNe: 2346-3120, Vol6, pp. 110-144, 2018
Grupos civiles armados en Venezuela: ¿Actores de un ‘aparato organizado de poder’?
Abstract
e Venezuelan government has subjected the Venezuelan society to constant
militarization, especially through the creation of armed civilian groups, such as
the militias. At the same time, it has promoted the formalization of certain so-
cial movements —by law— to guarantee the establishment of “Communal Power”.
However, some of these movements have served to accommodate the formation of
other “armed civilian groups”, which causes a greater concern in the Venezuelan
society because all this is an atypical situation in this South American country. e
purpose of this essay is to address whether some groups from these “social move-
ments” are part of an organized structure of power, specically attached to the state
apparatus, to commit crimes against the civil society.
Keywords: armed civilians, collectives, organized structure of power,
responsibilities, revolution.
Resumo
O governo venezuelano tem submetido à sociedade venezuelana a uma constante
militarização, em especial, através da criação de grupos civis armados, como são
as milícias. Ao mesmo tempo, tem promovido a formalização de determinados
movimentos sociais -via lei- para garantir o estabelecimento do ‘Po der Comunal.
No entanto alguns destes movimentos têm servido para dar cabida à formação de
outros ‘grupos civis armados’, o que causa uma maior preocupação por ser todo
isto uma situação atípica neste país sul-americano. O presente ensaio tem como
nalidade abordar se os grupos provenientes destes ‘movimentos sociais’ formam
parte do aparato estatal, para cometer crimes de lesa humanidade cont ra a socie-
dade civil.
Palavras-chave: civis armados, coletivos, lesa humanidade, responsabilidades,
revolução.
Introducción
Tradicionalmente, en momentos de conictos armados, polarizaciones, conmocio-
nes y enfrentamientos sociales han surgido ‘grupos civiles’ que toman las armas para
hacer defensa de su ideología o credo, y casi todos terminan cometiendo crímenes en
contra de la población civil y actúan, además, como una herramienta para el control
de las sociedades; estos grupos han recibido diversas denominaciones, entre otras
paramilitares, guerrilleros, mercenarios y escuadrones de asalto.
Ahora, la realidad venezolana nos lleva a una nueva dimensión, una realidad en
donde no existe un ‘conicto armado interno’ de acuerdo con las especicaciones del
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Thairi Moya Sánchez
Derecho Internacional Humanitario,1 aunque muchos advierten la amenaza de una
guerra civil debido a que, en medio de la conictividad social, comienzan a aparecer,
a tomar forma y a resaltar de manera especial ‘gr upos civiles armados’, que maniestan
su simpatía hacia el gobierno central, atacando de manera sistemática2 a sectores
de la sociedad civil (líderes políticos, sociales, sindicatos, gremios universitarios,
1 En marzo de 2018, el Comité Internacional de la Cruz Roja emitió un documento de opinión en el cual
indicó que, en aras de establecer un criterio para denominar una situación como conicto armado no
internacional (CANI), se deben revisar dos fuentes, a saber; a) el artículo 3 común a los Convenios de
Ginebra de 1949 y b) el artículo 1 del Protocolo adicional II. En el artículo 3 común a los Convenios de Gi-
nebra se muestran las indicaciones mínimas a ser aplicadas en un conicto armado no internacional.
Entonces, de acuerdo con la Cruz Roja, en el artículo 3 común se entiende como un conicto armado
aquel en donde “participen uno o más grupos armados no gubernamentales. Según la situación, puede
haber hostilidades entre las fuerzas armadas gubernamentales y grupos armados no gubernamentales
o entre esos grupos únicamente” (Cruz Roja, 2008, p. 03. De igual manera, agrega que para distinguir un
conicto armado “con formas menos graves de violencia, como las tensiones y los disturbios interiores,
los motines o los actos de bandidaje, la situación debe alcanzar cierto umbral de enfrentamiento” (Cruz
Roja, 2008, p. 03). En este sentido, el artículo 1.2 del Protocolo II, excluye los disturbios y las tensiones
interiores de la denición del CANI; a esto se suma que se deben utilizar dos criterios: 1) las hostilidades
deben alcanzar un nivel mínimo de intensidad y 2) los grupos no gubernamentales que participan en el
conicto deben ser considerados “partes en el conicto”.
Igualmente agrega un nuevo elemento a saber: el control territorial, por lo que las partes no guberna-
mentales deben ejercer un control territorial “que les permita realizar operaciones militares sostenidas
y concertadas y aplicar el presente Protocolo”. La Cruz Roja resalta que “el Protocolo adicional II” se
aplica expresamente sólo a los conictos armados entre fuerzas estatales y fuerzas armadas disidentes
u otros grupos armados organizados. Contrariamente al artículo 3 común, el Protocolo no se aplica a los
conictos armados que ocurren sólo entre grupos armados no estatales (Cruz Roja, 2008).
2 Se comienza a discutir si las actuaciones llevadas a cabo por estos grupos reúnen las características es-
tablecidas por los Tribunales, en cuanto a lo que debe conocerse como ‘sistematicidad’. Los Tribunales
ad hoc han realizado concepciones en cuanto a lo que debe entenderse como ‘sistemático’, donde se
resalta: los patrones de los crímenes, es decir, la repetición no debe ser accidental de conductas delic-
tivas similares de manera regular, puesto que son una expresión común de una ocurrencia sistemática;
se requiere una naturaleza organizada de los actos y la improbabilidad de su ocurrencia aleatoria. Esto
fue establecido en los casos: Kunarac, Kovac y Vokovic (Appeals Chamber, 2002, para. 94) y Naletilic y
Martinovic, (Trial Chamber, 2003, para. 236). En el caso Blaskic, (Trial Chamber, 2000, para. 203) aparecen
los elementos para que un ataque sea considerado sistemático: El carácter sistemático se reere a cuatro
elementos que pueden expresarse de la siguiente manera: 1) la existencia de un objetivo político, un
plan según el cual se perpetra el atentado o una ideología, en el sentido amplio de la palabra, es decir,
destruir, perseguir o debilitar a una comunidad; 2) la perpetración de un acto delictivo a gran escala
contra un grupo de civiles o la repetida y continuada comisión de actos inhumanos vinculados entre sí;
3) la preparación y utilización de importantes recursos públicos o privados, militares o no; 4) la impli-
cación de las autoridades políticas y/o militares de alto nivel en la denición y el establecimiento del
plan metódico. Por su parte el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, también desarrolló el concepto
de sistematicidad: Akayesu (Trial Chamber, 1998, para. 580), Kayishema y Ruzindana, (Trial Chamber,
1999, para. 123) y Semanza, (Trial Chamber, 2003, para. 329). La CPI ha seguido lo establecido por estos
tribunales, ver los casos: 1) Situación de la República de Kenia, Decision Pursuant to Article 15 of the
Rome Statute on the Authorization of an Investigation into the Situation in the Republic of Kenya, Pre-
Trial Chamber II, ICC-01/09, 31 March 2010, para. 96, 2) Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Decision
Pursuant to Article 61(7) (a) and (b) of t he Rome Statute on the Charges, Pre-Trial Chamber II, ICC-01/05-
01/08, 15 June 2009, para. 82. 3) Prosecutor v. Harun, Decision on the Prosecution Application under
Article 58(7) of the Statute, Pre-Trial Chamber I, ICC-02/05-01/07, 27 April 2007, para 62. 4) Prosecutor v.
Ruto, Decision on the Conrmation of Charges Pursuant to Article 61 (7) (a) and (b) of the Rome Statute,
Pre-Trial Chamber II, ICC-01/09-01/11, 23 January 2012, para. 63.

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