Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 31 de Agosto de 2011. Caso Grande Vs. Argentina. Serie C No. 231

Fecha de Resolución31 de Agosto de 2011
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
CasoGrande Vs. Argentina
ActoExcepciones Preliminares y Fondo
SolicitanteArgentina

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO GRANDE Vs. ARGENTINA

SENTENCIA DE 31 DE agosto DE 2011

EXCEPCIONES PRELIMINARES Y FONDO

En el caso Grande,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces(:

D.G.-Sayán, P.;

M.E.V.R., J.;

M.M.M., J.;

R.A.B., J.;

A.P.P., J., y

E.V.G., J.;

presente((, además,

P.S.A., S.,

de conformidad con el artículo 62.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 31, 32, 65 y 67 del Reglamento de la Corte((( (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia que se estructura en el siguiente orden:

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO GRANDE Vs. ARGENTINA

  1. Introducción a la Causa y objeto de la Controversia 3

  2. Procedimiento ante la Corte 5

  3. Excepciones Preliminares 6

    A. “Incompetencia ratione temporis del Tribunal” 8

    B. “Violación del Derecho de Defensa del Estado Argentino durante la sustanciación del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” 11

    C. “Falta de agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna” 17

  4. Competencia 19

  5. Prueba 19

    A. Declaración de la presunta víctima y prueba pericial 19

    B. Admisión de la prueba documental 19

    C. Admisión de la declaración de la presunta víctima y la prueba pericial 20

  6. ARTÍCULOS 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA 20

  7. Puntos Resolutivos 26

    Introducción a la Causa y objeto de la Controversia

    1. EL 4 DE MAYO DE 2010 LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE “LA COMISIÓN AMERICANA” O “LA COMISIÓN”) PRESENTÓ, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 51 Y 61 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, UNA DEMANDA CONTRA LA REPÚBLICA ARGENTINA (EN ADELANTE “EL ESTADO” O “ARGENTINA”). LA PETICIÓN INICIAL FUE PRESENTADA EL 2 DE NOVIEMBRE DE 1994 ANTE LA COMISIÓN POR EL SEÑOR J.F. GRANDE (EN ADELANTE TAMBIÉN “EL SEÑOR GRANDE” O “PRESUNTA VÍCTIMA”). EL 27 DE FEBRERO DE 2002 LA COMISIÓN ADOPTÓ EL INFORME DE ADMISIBILIDAD NO. 3/02[1]. POSTERIORMENTE, EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2009, LA COMISIÓN APROBÓ EL INFORME DE FONDO NO. 109/09[2] Y RECOMENDÓ AL ESTADO QUE ADOPTARA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE EL SEÑOR GRANDE “RECIBA UNA ADECUADA Y OPORTUNA REPARACIÓN QUE COMPRENDA UNA PLENA SATISFACCIÓN POR LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS” Y ADOPTE LAS MEDIDAS INVESTIGATIVAS CORRESPONDIENTES A FIN DE ESTABLECER LAS RESPONSABILIDADES PENALES Y ADMINISTRATIVAS”. DEBIDO QUE EN CONCEPTO DE LA COMISIÓN LAS RECOMENDACIONES NO FUERON ADOPTADAS DE MANERA SATISFACTORIA POR PARTE DEL ESTADO, DECIDIÓ SOMETER EL PRESENTE CASO A LA JURISDICCIÓN DE LA CORTE. LA COMISIÓN DESIGNÓ COMO DELEGADOS A LA SEÑORA LUZ P.M., COMISIONADA, Y AL SEÑOR SANTIAGO A. CANTON, SECRETARIO EJECUTIVO, Y COMO ASESORAS LEGALES A LAS SEÑORAS ELIZABETH ABI-MERSHED, SECRETARIA EJECUTIVA ADJUNTA, M.C.P.Y.K.I.Q.O..

    2. Los hechos alegados por la Comisión se refieren a que el Estado sometió al señor Grande “a un procedimiento penal marcado por irregularidades y demora indebida, el cual estuvo basado en prueba que luego fue declarada nula, y por no haberle brindado a la víctima un recurso adecuado para repararlo [a través del proceso contencioso administrativo] por los daños y perjuicios ocurridos durante el mencionado proceso penal”. No obstante, la petición del señor Grande, presentada el 2 de noviembre de 1994, con que da inicio al procedimiento ante la Comisión, versaba sobre las alegadas violaciones en el proceso contencioso administrativo y señalaba a las autoridades responsables de dichas presuntas violaciones a la Sala Segunda de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (en adelante también “Sala Segunda de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo”) y la Corte Suprema de Justicia.

    3. La Comisión solicitó a la Corte que establezca la responsabilidad internacional del Estado porque ha incumplido con sus obligaciones al incurrir en las violaciones de los artículos 8.1 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento, en perjuicio del señor Grande, por no haberle brindado acceso a su derecho a un debido proceso y a un recurso efectivo.

    4. El 27 de agosto de 2010 el señor P.P.-Mayer y A., en representación de la presunta víctima (en adelante “el representante”), presentó su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”). Al igual que la Comisión Interamericana, solicitó a la Corte que declare la responsabilidad del Estado por la supuesta violación de los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) del mismo instrumento, en perjuicio del señor J.F.G.. Además solicitó que se declare la violación del artículo XXV (Derecho a la Protección contra la Detención Arbitraria) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante “la Declaración Americana”). El representante señaló que el señor Grande “no fue oído en un plazo razonable en el proceso penal en su contra”. Además, manifestó que la importancia del presente caso radica “en la necesidad de que en el ámbito interno del Estado Argentino se reconozca que la protección y respeto de los derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana requieren el ejercicio activo de las funciones del Estado, en especial […] de respeto a las Garantías Judiciales [y] a la Protección Judicial, y […] asegurar el ejercicio de dichas garantías, [así como] investigar y sancionar su incumplimiento”. Asimismo, el representante solicitó diversas reparaciones.

    5. El 18 de noviembre de 2010 el Estado presentó su escrito de excepciones preliminares, contestación a la demanda y observaciones al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “contestación de la demanda). Las tres excepciones interpuestas por el Estado son: 1) Incompetencia ratione temporis [del Tribunal] para conocer los hechos de la demanda anteriores al 5 de septiembre de 1984”; 2) “No agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna disponibles”; y 3) “Violación del derecho de defensa del Estado argentino durante la sustanciación del caso ante la Comisión Interamericana […]”. Además, el Estado consideró que “el proceso penal seguido contra el señor G. se desarrolló en un plazo razonable, conforme con el artículo 8.1 de la Convención”, y que la presunta víctima “gozó de un recurso efectivo para defender sus derechos[,] conforme el artículo 25.1 de la Convención”. En consecuencia, el Estado concluyó que en el presente caso no existen los elementos suficientes para determinar la violación de los derechos o garantías reconocidos por la Convención Americana. Finalmente, el Estado solicitó que la Corte “rechace la pretensión reparatoria exteriorizada por la parte peticionaria, y que conforme a las circunstancias del caso, determine las eventuales reparaciones debidas al [s]eñor Grande, conforme a los estándares internacionales aplicables”. El Estado designó al señor M.E.A.D., Director General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto, Agente, y al señor A.J.S., Director del Área Contencioso Internacional de la Dirección de Derechos Humanos, Agente Alterno.

    6. Los días 17 y 18 de febrero de 2011 el representante y la Comisión Interamericana presentaron, respectivamente, sus alegatos a las excepciones preliminares interpuestas por el Estado. Al respecto, tanto el representante como la Comisión solicitaron a la Corte desestime dichas excepciones.

      I.

      Procedimiento ante la Corte

    7. LA DEMANDA FUE NOTIFICADA AL ESTADO Y A LOS REPRESENTANTES LOS DÍAS 22 Y 25 DE JUNIO DE 2010, RESPECTIVAMENTE.

    8. Mediante Resolución de 15 de abril de 2010, el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”) ordenó recibir la declaración de una perito rendida ante fedatario público (affidávit), y convocó a las partes a una audiencia pública para escuchar la declaración de la presunta víctima propuesta por los representantes, así como los alegatos orales de las partes sobre las excepciones preliminares y eventuales fondo y reparaciones y costas, y además fijó plazo hasta el 16 de junio de 2011 para que las partes presentaran sus alegatos finales escritos.

    9. El 5 de mayo de 2011 el representante remitió el peritaje de la señora N.S.. En esa misma fecha, mediante comunicación de la Secretaría, se concedió al Estado plazo hasta el 15 de mayo de 2011 para que presentara las observaciones que estimara pertinentes. El 12 de mayo de 2011 el Estado presentó algunas consideraciones sobre el referido peritaje.

    10. La audiencia pública fue celebrada el 16 de mayo de 2011 durante el 43° Período Extraordinario de Sesiones de la Corte, llevado a cabo en la Ciudad de Panamá[3].

    11. El 15 de junio de 2011 los representantes remitieron sus alegatos finales, junto con varios anexos, y el 16 de junio de 2011 el Estado y la Comisión presentaron sus alegatos finales escritos. El 21 de junio de 2011 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, concedió un plazo adicional al Estado para que presentara la información solicitada por la Corte durante la audiencia pública, la cual fue remitida el 7 de julio de 2011. Además, en dicha comunicación se concedió a las partes un plazo hasta el 15 de julio de 2011 para que presentaran las observaciones que estimaran pertinentes, según sea el caso, a los anexos remitidos por los representantes y por el Estado junto su comunicación de 7 de julio de 2011.

    12. Los días 14 y 15 de julio de 2011 el Estado y los representantes presentaron, respectivamente, las observaciones solicitadas, y la Comisión Interamericana las presentó el 19 de julio de 2011. El 21 de julio de 2011 una vez revisadas las observaciones de las partes, la Secretaría constató que el Estado incluyó en su escrito algunos alegatos y anexos que no habían sido requeridos, así como que el representante y la...

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