Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de Noviembre de 2005. Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Serie C No. 136

Fecha de Resolución:22 de Noviembre de 2005
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Gómez Palomino Vs. Perú
Acto:Fondo, Reparaciones y Costas
Solicitante:República Dominicana
 
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Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Gómez Palomino Vs. Perú

Sentencia de 22 de noviembre de 2005

(Fondo, R. y Costas)

En el caso G.P.,

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Corte", "la Corte Interamericana" o "el Tribunal"), integrada por los siguientes jueces:

S.G.R., P.;

A.A.B., V.;

O.J., J.;

A.A.C.T., J.;

C.M.Q., J.;

M.E.V.R., J., y

D.G.-Sayán, J.,

presentes, además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta;

de conformidad con los artículos 29, 31, 53, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante "el Reglamento"), y el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) dicta la siguiente Sentencia.

I

Introducción de la Causa

  1. El 13 de septiembre de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión" o "la Comisión Interamericana") sometió a la Corte una demanda contra el Estado del Perú (en adelante "el Estado" o “el Perú"), la cual se originó en la denuncia No. 11.062, recibida por la Secretaría de la Comisión el 8 de octubre de 1992, en razón de la alegada detención ilegal del señor S.G.P., efectuada el 9 de julio de 1992 en Lima, Perú, y su desaparición forzada con presunto resultado de muerte, supuestamente atribuible a agentes del Estado.

  2. La Comisión presentó la demanda a fin de que la Corte decidiera si el Estado incumplió sus obligaciones internacionales e incurrió en violación de los artículos 7 (Derecho a la Libertad Personal), 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, todos ellos en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio del señor S.G.P.. Asimismo, la Comisión alegó la violación del artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de la señora V.M.P.B., madre del señor S.G.P., y de quien fuera su conviviente, E.L.C.C.; la violación de los artículos 8 (Garantías Judiciales), 25 (Protección Judicial) y 7.6 (Derecho a la Libertad Personal) de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de la familia del señor S.G.P. y de la señora C.C., y el incumplimiento de las obligaciones impuestas por los artículos 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la Convención Americana, y I de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (en adelante “Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada”), al adoptar y no modificar el artículo 320 del Código Penal vigente en el Perú, que define el delito de desaparición forzada de personas.

  3. En la demanda indicada, la Comisión destacó que “la impunidad total en que se encuentra la desaparición forzada del señor S.G.P. ha contribuido a prolongar el sufrimiento causado a sus familiares por la violación de sus derechos fundamentales, [por lo que] es deber del Estado […] proporcionar una respuesta judicial adecuada en la que se establezca la identidad de los responsables de la desaparición forzada del señor G.P., se localicen sus restos mortales y se repare adecuadamente a sus familiares”. En este sentido, la Comisión solicitó a la Corte Interamericana que ordene al Estado la adopción de medidas de reparación pecuniarias y no pecuniarias.

    II

    Competencia de la Corte

  4. Perú ratificó la Convención Americana el 28 de julio de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981. Además, el Estado ratificó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada el 13 de febrero de 2002.

    III

    Procedimiento ante la Comisión

  5. El 8 de octubre de 1992 la señora V.M.P.B. presentó una denuncia por la desaparición de su hijo, S.G.P., ante la Comisión Interamericana. El 13 de octubre de 1992 la Comisión dio inicio a la tramitación del caso bajo el No. 11.062.

  6. El 11 de marzo de 2004, durante el 119º Período Ordinario de Sesiones, la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad y Fondo No. 26/04, en el cual formuló una serie de recomendaciones al Estado:

  7. Realizar una investigación completa, imparcial, efectiva e inmediata de los hechos con el objeto de establecer responsabilidades por la desaparición y el asesinato del señor S.F.G.P., a efectos de identificar a todas las personas que participaron en el mismo en los diferentes niveles de decisión y ejecución, se les adelante el proceso y se les aplique[n] las debidas sanciones.

  8. Realizar una investigación completa, imparcial y efectiva de las personas que intervinieron en las fallidas investigaciones y procesos adelantados con anterioridad por la desaparición de S.F.G.P., para determinar la responsabilidad por la falta de resultados y la impunidad de tal hecho.

  9. Reparar adecuadamente a la señora M.P., madre de la víctima, a su compañera E.L.C.o]nislla C. y a su hijo, incluyendo tanto el aspecto moral como el material, por las violaciones de sus derechos humanos.

  10. Adelantar las diligencias indispensables para la búsqueda, ubicación, identificación y entrega de los restos de la víctima a sus familiares.

  11. Adoptar las medidas necesarias para reformar el artículo 320 del Código Penal, de manera de hacerlo compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

  12. El 12 de septiembre de 2004 la Comisión Interamericana decidió someter el presente caso ante la Corte Interamericana. La Comisión no incluyó al hijo de la señora E.L.C.C. entre las presuntas víctimas del presente caso, quien fue considerado como tal en el Informe Admisibilidad y Fondo No. 26/04, puesto que la madre del niño presentó información a la Comisión, con posterioridad a la adopción del citado informe, en la que indicó que éste no es hijo biológico del señor S.G.P. ni tuvo con él relación filial alguna.

    IV

    Procedimiento ante la Corte

  13. El 13 de septiembre de 2004 la Comisión Interamericana presentó la demanda ante la Corte (supra párr. 1), a la cual adjuntó prueba documental y ofreció prueba testimonial y pericial. La Comisión designó como delegados a los señores F.G., F.M., E.F.A. y S.A.C. y como asesores legales a los señores A.D., V.H.M., P.E.D. y a la señora M.C..

  14. El 13 de octubre de 2004 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), previo examen preliminar de la demanda realizado por el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), la notificó junto con sus anexos al Estado y le informó sobre los plazos para contestarla y designar su representación en el proceso. En la misma fecha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.1 d) y e) del Reglamento, la Secretaría notificó la demanda a la denunciante original, señora V.M.P.B., y a los representantes de los familiares de la presunta víctima (en adelante “los representantes”), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), y les informó que contaban con un plazo de dos meses para presentar su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”).

  15. El 12 de noviembre de 2004 el Estado designó al señor M.Á.C. como Agente en el presente caso.

  16. El 14 de diciembre de 2004 los representantes presentaron su escrito de solicitudes y argumentos, al cual adjuntaron prueba documental y ofrecieron prueba pericial.

  17. El 11 de febrero de 2005 el Estado presentó su contestación de la demanda y sus observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “contestación de la demanda”). El 21 de febrero de 2005 la Secretaría recibió la prueba documental a la citada contestación de la demanda. En dicho escrito, el Estado reconoció parcialmente su responsabilidad internacional por los hechos del presente caso (infra párrs. 24 y 43).

  18. El 3 de marzo de 2005 la Secretaría, siguiendo instrucciones del pleno de la Corte Interamericana, solicitó al Estado que aclarara algunos puntos sobre el alcance del reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por éste (supra párr. 12).

  19. El 7 de abril de 2005 el Estado presentó su escrito aclaratorio del reconocimiento de responsabilidad efectuado en la contestación de la demanda, en respuesta a la consulta realizada por la Corte Interamericana.

  20. El 4 de mayo de 2005 los representantes presentaron sus observaciones al reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado en su contestación de la demanda (supra párr. 12) y en su correspondiente escrito aclaratorio (supra párr. 14). Por su parte, el 31 de mayo de 2005, luego de una prórroga concedida, la Comisión presentó las observaciones respectivas.

  21. El 21 de junio de 2005 la Secretaría informó a las partes que después del análisis de los escritos principales presentados por la Comisión Interamericana, los representantes y el Estado, el pleno de la Corte Interamericana consideró que en el presente caso no era necesario convocar a audiencia pública. A su vez, ese mismo día, la Secretaría, siguiendo instrucciones del P., solicitó a la Comisión Interamericana y a los representantes la remisión de las listas definitivas de testigos y peritos propuestos por cada uno de ellos.

  22. El 7 de julio de 2005 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, requirió al Estado, de conformidad con el artículo 45.2 del Reglamento, la presentación, como prueba para mejor resolver, de documentación relativa a las gestiones realizadas a nivel interno a propósito de la desaparición forzada del señor S.G.P.. Dicha solicitud fue reiterada al Estado mediante notas de Secretaría de 25 de agosto y 20 de septiembre de 2005. Asimismo, el 25 de agosto de 2005 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, solicitó a los representantes que prestaran su colaboración para que, en la medida de sus posibilidades, alleguen al Tribunal la documentación que ha sido solicitada al Perú, como prueba para mejor resolver...

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