Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de Noviembre de 2010. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Serie C No. 219

Fecha de Resolución:24 de Noviembre de 2010
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil
Acto:Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
Solicitante:CIDH

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO GOMES LUND Y OTROS (“GUERRILHA DO ARAGUAIA”) VS. BRASIL

SENTENCIA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2010

(Excepciones Preliminares, Fondo, R. y Costas)

En el caso G.L. y otros (“Guerrilha do Araguaia”),

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes Jueces:

D.G.-Sayán, P.;

L.A.F., V.;

M.E.V.R., J.;

M.M.M., J.;

R.A.B., J.;

A.P.P., J.;

E.V.G., J., y

R. de F.C., J. ad hoc;

presentes, además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 30, 38.6, 59 y 61 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”)[1], dicta la presente Sentencia.

ÍNDICE

Capítulo Párrafo

  1. INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA 1

  2. PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE 6

  3. EXCEPCIONES PRELIMINARES 10

    A. Falta de competencia temporal del Tribunal 12

    B. Falta de interés procesal 20

    C. Falta de agotamiento de los recursos internos 32

    D. R. de la cuarta instancia y falta de agotamiento

    respecto de la Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental 43

  4. COMPETENCIA 50

  5. PRUEBA 51

    A. P. documental, testimonial y pericial 52

    B. Admisión de la prueba documental 54

    C. Admisión de las declaraciones de las presuntas víctimas,

    de la prueba testimonial y pericial 67

  6. CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE LOS FAMILIARES

    INDICADOS COMO PRESUNTAS VÍCTIMAS 77

  7. DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA,

    A LA VIDA, A LA INTEGRIDAD Y A LA LIBERTAD PERSONALES 81

    A. Alegatos de las partes 82

    B. Hechos relacionados con las desapariciones forzadas 85

    C. La desaparición forzada como violación múltiple y

    continuada de derechos humanos y los deberes de respeto y garantía 101

    D. La desaparición forzada de los integrantes de la Guerrilha do Araguaia 112

  8. DERECHO A LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y A LA PROTECCIÓN JUDICIAL 126

    A. Alegatos de las partes 127

    B. Hechos relacionados con la Ley de Amnistía 134

    C. Obligación de investigar y, en su caso, sancionar

    graves violaciones de derechos humanos en el derecho internacional 137

    D. Incompatibilidad de las amnistías relativas a graves violaciones

    de derechos humanos con el derecho internacional 147

  9. DERECHO A LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE EXPRESIÓN, A LAS

    GARANTÍAS JUDICIALES Y A LA PROTECCION JUDICIAL 183

    A. Alegatos de las partes 184

    B. Hechos relativos al acceso a la información 187

    C. Derecho a la libertad de pensamiento y de expresión 196

    D. Acciones judiciales y acceso a la información 203

    E. Plazo de la Acción Ordinaria 219

    F. Marco normativo 226

  10. DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL 232

    A. Alegatos de las partes 232

    B. Consideraciones de la Corte 235

  11. REPARACIONES 245

    A. Parte Lesionada 251

    B. Obligaciones de investigar los hechos, juzgar y, en su caso,

    sancionar a los responsables y de determinar el paradero de las víctimas 253

    C. Otras medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición 264

    D. Indemnizaciones, costas y gastos 298

  12. PUNTOS RESOLUTIVOS 325

    VOTO JUEZ AD HOC

    I

    INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

    El 26 de marzo de 2009, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la Corte una demanda en contra de la República Federativa de Brasil (en adelante “el Estado”, “Brasil” o “la Unión”), la cual se originó en la petición presentada el 7 de agosto de 1995 por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Human Rights Watch/Americas en nombre de personas desaparecidas en el contexto de la Guerrilha do Araguaia (en adelante también “la Guerrilla”) y sus familiares[2]. El 6 de marzo de 2001 la Comisión emitió el Informe de Admisibilidad No. 33/01[3] y el 31 de octubre de 2008 aprobó el Informe de Fondo No. 91/08, en los términos del artículo 50 de la Convención, el cual contenía determinadas recomendaciones para el Estado[4]. Dicho informe fue notificado a Brasil el 21 de noviembre de 2008 y se le concedió un plazo de dos meses para comunicar las acciones emprendidas con el propósito de implementar las recomendaciones de la Comisión. Pese a las dos prórrogas concedidas al Estado, los plazos para presentar información sobre el cumplimiento de las recomendaciones transcurrieron sin que hubiese una “implementación satisfactoria de las [mismas]”. Ante ello, la Comisión decidió someter el caso a la jurisdicción de la Corte, considerando que representaba “una oportunidad importante para consolidar la jurisprudencia interamericana sobre las leyes de amnistía en relación con las desapariciones forzadas y la ejecución extrajudicial, y la resultante obligación de los Estados de hacer conocer la verdad a la sociedad e investigar, procesar y sancionar graves violaciones de derechos humanos”. Asimismo, la Comisión enfatizó el valor histórico del caso y la posibilidad del Tribunal de afirmar la incompatibilidad de la Ley de Amnistía y de las leyes sobre secreto de documentos con la Convención Americana. La Comisión designó como delegados a los señores F.G., Comisionado, y S.A.C., Secretario Ejecutivo, y como asesores legales a la señora E.A.-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, y a los abogados L.C.S. y M.L.G., especialistas de la Secretaría Ejecutiva.

    Según indicó la Comisión, la demanda se refiere a la alegada “responsabilidad [del Estado] en la detención arbitraria, tortura y desaparición forzada de 70 personas, entre miembros del Partido Comunista de Brasil […] y campesinos de la región, […] resultado de operaciones del Ejército brasileño emprendidas entre 1972 y 1975 con el objeto de erradicar a la Guerrilha do Araguaia, en el contexto de la dictadura militar de Brasil (1964–1985)”. Asimismo, la Comisión sometió el caso ante la Corte porque, “en virtud de la Ley No. 6.683/79 […], el Estado no llevó a cabo una investigación penal con el objeto de juzgar y sancionar a las personas responsables de la desaparición forzada de 70 víctimas y la ejecución extrajudicial de M.L.P. da Silva […]; porque los recursos judiciales de naturaleza civil con miras a obtener información sobre los hechos no han sido efectivos para garantizar a los familiares de los desaparecidos y de la persona ejecutada el acceso a información sobre la Guerrilha do Araguaia; porque las medidas legislativas y administrativas adoptadas por el Estado han restringido indebidamente el derecho de acceso a la información de los familiares; y porque la desaparición de las víctimas, la ejecución de M.L.P. daS., la impunidad de sus responsables y la falta de acceso a la justicia, a la verdad y a la información, han afectado negativamente la integridad personal de los familiares de los desaparecidos y de la persona ejecutada”. La Comisión solicitó al Tribunal que declare que el Estado es responsable por la violación de los derechos establecidos en los artículos 3 (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica), 4 (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 7 (derecho a la libertad personal), 8 (garantías judiciales), 13 (libertad de pensamiento y expresión) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en conexión con las obligaciones previstas en los artículos 1.1 (obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno) de la misma. Finalmente, solicitó a la Corte que ordene al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación.

    El 18 de julio de 2009 el Grupo Tortura Nunca Más de Río de Janeiro, la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos del Instituto de Estudios de la Violencia del Estado y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “los representantes”) presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “el escrito de solicitudes y argumentos”), en los términos del artículo 24 del Reglamento. En dicho escrito solicitaron al Tribunal que declare, “[e]n relación con la desaparición forzada de las [presuntas] víctimas […] y la total impunidad referente a los hechos”, la responsabilidad internacional del Estado brasileño por la violación de los artículos 3, 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención, todos en conexión con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, así como de los artículos 1, 2, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante también “Convención Interamericana contra la Tortura”); de los artículos 8 y 25, en conexión con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana y de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura por la falta de investigación y debida diligencia en los procedimientos en el ámbito interno; de los artículos 1.1, 2, 13, 8 y 25 de la Convención por las restricciones indebidas al derecho de acceso a la información; de los artículos 1.1, 8, 13 y 25 de la Convención por la violación del derecho a la verdad, y del artículo 5 de la Convención por la violación de la integridad personal de los familiares de las presuntas víctimas desaparecidas. En consecuencia, requirieron a la Corte que ordene diversas medidas de reparación. Los familiares de 48 presuntas víctimas, mediante poderes de representación otorgados en diversas fechas, designaron como sus representantes legales a las organizaciones ya mencionadas, las cuales son representadas, a su vez, por las señoras C.M.B.C., E.S. e S. y Victória Lavínia Grabois Olímpio (Grupo Tortura Nunca Más); C.A.S. de Almeida (Comisión de Familiares de...

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