Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de Agosto de 1998. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Serie C No. 39

Fecha de Resolución27 de Agosto de 1998
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
CasoGarrido y Baigorria Vs. Argentina
ActoReparaciones y Costas
SolicitanteArgentina

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina

Sentencia de 27 de agosto de 1998

(Reparaciones Y Costas)

En el caso G. y B.,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, integrada por los jueces siguientes:

H.S.P., Presidente

Antônio A. Cançado Trindade, Vicepresidente

Máximo Pacheco Gómez, Juez

Oliver Jackman, Juez

Alirio Abreu Burelli, Juez

Sergio García Ramírez, Juez

Carlos Vicente de R.R., Juez

Julio A. Barberis, J. ad hoc;

presentes además:

M.E.V.R., Secretario

Víctor Ml. R.R., S. adjunto a.i.

de acuerdo con el artículo 56, inciso 1, de su Reglamento (en adelante “el Reglamento”), en relación con el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”), dicta la sentencia siguiente en la acción iniciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “ la Comisión Interamericana”) contra la República Argentina (en adelante “el Estado” o “la Argentina”) en cumplimiento de la decisión de 2 de febrero de 1996 y de la resolución de 31 de enero de 1997.

I

ANTECEDENTES DE LA CAUSA

  1. El presente caso fue sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte” o “la Corte Interamericana”) por la Comisión mediante la demanda fechada el 29 de mayo de 1995, a la que acompańó el Informe No. 26/94 de 20 de septiembre de 1994. A su vez, el caso se inició por la denuncia (No. 11.009) contra la Argentina, recibida en la Comisión el 29 de abril de 1992.

  2. La Comisión efectuó en la sección II de su demanda una exposición de los hechos que constituyen el origen de esta causa y que la Corte resume en este capítulo.

  3. Según el relato de testigos presenciales, el 28 de abril de 1990, a las 16:00 horas aproximadamente, fueron detenidos por personal uniformado de la Policía de Mendoza los seńores A.A. Garrido C. y R.B.B. cuando circulaban en un vehículo. Este hecho se produjo en el Parque General San Martín, de la ciudad de Mendoza. Según los testigos, estas personas fueron interrogadas o detenidas por al menos cuatro agentes policiales con el uniforme correspondiente a la Dirección motorizada de la Policía de Mendoza, que se desplazaban en dos automóviles de esa fuerza de seguridad.

  4. Este episodio fue comunicado aproximadamente una hora después de ocurrido a los familiares del seńor Garrido por la seńora R.F., quien conoció del hecho por el relato de un testigo presencial.

  5. Los familiares del seńor G. iniciaron de inmediato su búsqueda y se preocuparon pues existía contra él una orden judicial de detención. La familia solicitó a la abogada M.O. que averiguara dónde se encontraba aquél. El resultado de la averiguación fue que el seńor A.G. no se hallaba detenido en ninguna dependencia policial. Sin embargo, los familiares encontraron en la Comisaría Quinta de Mendoza el vehículo en el que los seńores Garrido y B. viajaban en el momento de su detención. La policía les informó que dicho vehículo había sido hallado en el Parque General San Martín con motivo de un llamado anónimo denunciando que se trataba de un auto abandonado.

  6. El 30 de abril de 1990 la abogada O. interpuso una acción de hábeas corpus respecto del seńor Garrido y el 3 de mayo hizo lo mismo el abogado O.A.M. respecto del seńor B.. Ambas acciones se tramitaron ante el Cuarto Juzgado de Instrucción de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Mendoza y fueron rechazadas por no haberse probado la privación de libertad.

  7. El 2 de mayo de 1990 la familia del seńor G. efectuó ante la Fiscalía de turno una denuncia formal por la desaparición forzada de ambas personas. La tramitación de esta causa tuvo lugar en el Cuarto Juzgado de Instrucción de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Mendoza y llevó el Nş 60.099.

  8. En la oportunidad en que el seńor E.G., hermano de una de las víctimas, fue citado a declarar al Juzgado, se encontró allí al oficial de policía Geminiani, quien reconoció que la foto del seńor A.G. fue exhibida por un agente policial a los dueńos de un negocio que había sido asaltado y que los policías “lo andaban buscando”. De estas manifestaciones quedó constancia en el expediente judicial.

  9. La demanda indica los nombres de testigos presenciales que vieron que los seńores Garrido y B. fueron detenidos por personal policial.

  10. Los familiares de los desaparecidos denunciaron los hechos ante la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados y ante la de Senadores de la Legislatura mendocina los días 2 y 11 de mayo de 1990 respectivamente, sin obtener ninguna respuesta.

  11. El 19 de septiembre de 1991 el seńor E.G. presentó un nuevo hábeas corpus a favor de ambos desaparecidos ante el Primer Juzgado de Instrucción de Mendoza, que fue rechazado. Esta resolución fue apelada ante la Tercera Cámara del Crimen de Mendoza. Sin embargo, el 25 de noviembre de 1991 dicho recurso fue denegado.

  12. El 20 de noviembre de 1991 el seńor E.G. se constituyó como actor civil en la causa Nş 60.099 que se tramitaba ante el Cuarto Juzgado de Instrucción de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza.

  13. Durante los cinco ańos transcurridos desde la desaparición de los seńores G. y B., sus familiares denunciaron los hechos tanto a nivel local, como nacional e internacional, efectuaron múltiples reclamos ante las autoridades gubernamentales y realizaron una intensa búsqueda en dependencias judiciales, policiales y sanitarias, todo ello sin éxito alguno. El expediente judicial sobre esta causa estaba aún en la etapa inicial del proceso.

  14. La demanda sostiene que los hechos en ella expuestos configuran la desaparición forzada de los seńores R.B. y A. Garrido el 28 de abril de 1990 y la consiguiente denegación de justicia, que violan numerosos artículos de la Convención Americana. En este sentido, la Comisión invocó los artículos 1.1 (obligación de respetar los derechos), 4 (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 7 (derecho a la libertad personal), 7.5, 7.6, 8 y 9 (derecho a un juicio justo), 8.1 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención.

  15. La Comisión solicitó en su demanda lo siguiente:

  16. De conformidad con los razonamientos expuestos en la presente demanda, la Comisión solicita a la Honorable Corte que, teniendo por presentado este escrito en diez ejemplares con sus respectivos anexos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 de la Convención y 26 y 28 del Reglamento de la Corte admita la presente demanda, dé traslado de la misma al Ilustrado Gobierno de Argentina y oportunamente dicte sentencia declarando:

    i. Que el Estado argentino es responsable de las desapariciones de R.B. y A.G. y que, como consecuencia, le son imputables violaciones a los artículos 4 (derecho a la vida); 5 (derecho a que se respete la integridad física, psíquica y moral); y 7 (derecho a la libertad personal), todos ellos en relación al artículo 1.1 de la Convención.

    ii. Que el Estado argentino ha violado el derecho de las víctimas y de sus familiares a un juicio justo, en particular, ha infligido el derecho a una resolución judicial dentro de un plazo razonable consagrado en el artículo 8.1 de la Convención, así como el artículo 25 de la misma que prevé el derecho a un recurso judicial sencillo y rápido que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, ambos en relación con el artículo 1.1 de la Convención.

    iii. Que el Estado argentino como consecuencia de la violación de los derechos consagrados en los artículos 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención, ha violado asimismo el artículo 1.1 de la Convención, en relación al deber de respetar los derechos y libertades consagrados en la misma, así como el deber de asegurar y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a la jurisdicción del Estado argentino.

  17. Que de acuerdo con lo expresado en el punto 1 de este P., ordene al Estado argentino que repare plenamente a los familiares de las víctimas por el grave dańo material y moral causado y, en consecuencia, disponga que el Estado argentino:

    i. Realice una investigación exhaustiva, rápida e imparcial sobre los hechos denunciados a fin de conocer el paradero de los seńores B. y Garrido y de establecer la responsabilidad de las personas que estén directa o indirectamente involucradas, para que reciban las sanciones legales correspondientes.

    ii. Informe sobre las circunstancias de la detención de los seńores B. y Garrido, la suerte corrida por las víctimas, y localice y entregue sus restos a los familiares.

    iii. Otorgue una indemnización a fin de compensar el dańo material y moral sufrido por los familiares de las víctimas.

    iv. Ordene asimismo cualquiera otra medida que considere pertinente a fin de reparar el dańo causado debido a la desaparición de los seńores B. y Garrido.

  18. Ordene al Estado argentino el pago de las costas de este proceso, incluyendo los honorarios de los profesionales que han actuado como representantes de las víctimas tanto en su desempeńo ante la Comisión como en la tramitación ante la Corte.

    II

    RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD POR LA ARGENTINA

  19. El 11 de septiembre de 1995 la Argentina reconoció los hechos expuestos por la Comisión en la sección II de su demanda y que se encuentran resumidos en los párrafos 2 al 13 de la presente sentencia. Aceptó también las consecuencias jurídicas que derivan de los hechos mencionados. Asimismo, en la audiencia celebrada el 1 de febrero de 1996, el Estado reconoció plenamente su responsabilidad internacional en el presente caso.

  20. Dado el reconocimiento realizado por la Argentina y las manifestaciones efectuadas por las partes en la citada audiencia de 1 de febrero de 1996, la Corte dictó al día siguiente una sentencia cuya parte dispositiva seńala:

  21. Toma nota del reconocimiento efectuado por la Argentina acerca de los hechos articulados en la demanda.

  22. Toma nota igualmente de su reconocimiento de responsabilidad internacional por dichos hechos.

  23. Concede a...

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