Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 6 de Abril de 2006. Caso Baldeón García Vs. Perú. Serie C No. 147

Fecha de Resolución: 6 de Abril de 2006
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Baldeón García Vs. Perú
Acto:Fondo, Reparaciones y Costas
Solicitante:República Dominicana
 
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Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Baldeón García Vs. Perú

Sentencia de 6 de abril de 2006

(Fondo, R. y Costas)

En el caso B.G.,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:

S.G.R., P.;

A.A.B., V.;

O.J., J.;

A.A.C.T., J.;

C.M.Q., J.;

M.E.V.R., J.; y

D.G.-Sayán, J..

presentes, además,

P.S.A., S.,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 29, 31, 53.2, 55, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.

I

Introducción de la Causa

  1. El 11 de febrero de 2005, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una demanda contra el Estado del Perú (en adelante “el Estado” o “el Perú”), la cual se originó en la denuncia número 11.767, recibida en la Secretaría de la Comisión el 24 de mayo de 1997. En su demanda la Comisión solicitó que el Tribunal declare que el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal) y 7 (Derecho a la Libertad Personal) de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio del señor B.B.G.. A su vez, la Comisión solicitó que la Corte declare que el Estado es responsable por la violación de los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de los familiares de la presunta víctima, a saber, G.Y.R. de Baldeón (esposa) y C., Fidela, R., Segundina, Miguelita, P., V. y S., todos de apellido B.Y. (hijos).

  2. El señor B.B.G. era un campesino de 68 años que vivía junto a su familia como trabajador agrícola en el Departamento de Ayacucho en Perú. El 25 de septiembre de 1990, como parte de un operativo contrainsurgente llevado a cabo en dicho Departamento, efectivos militares llegaron a la comunidad campesina del señor B.G., en donde presuntamente procedieron a detener a tres personas, entre ellas el señor B.G.. La presunta víctima fue llevada a la Iglesia de Pacchahuallhua, en donde supuestamente fue sometida a maltratos físicos, siendo “amarrada con alambres y colgada boca abajo de la viga de la iglesia para luego ser azotada y sumergida en cilindros de agua”, y presuntamente falleció como consecuencia de estos tratos.

  3. La Comisión argumentó que estos hechos se llevaron a cabo dentro del contexto de “un patrón de violaciones de este tipo existentes para la época, en particular, en el departamento en que ocurrió la detención y posterior muerte de la [presunta] víctima”. La Comisión consideró que “el caso refleja los abusos cometidos por las fuerzas militares, durante el conflicto interno, en perjuicio de los campesinos de la serranía peruana, como ha sido resaltado por la Comisión desde comienzos de la década de los 90 y más recientemente por la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú”.

  4. Asimismo, la Comisión sometió a conocimiento de la Corte el supuesto perjuicio que ha ocasionado el Estado a los familiares de la presunta víctima por el alegado sufrimiento psíquico y moral causado por la presunta detención y posterior ejecución del señor B.G. y por la supuesta ausencia de una investigación completa, imparcial y efectiva sobre los hechos. En este sentido, la Comisión alegó que los procedimientos penales no fueron efectivos ni avanzaron de manera oportuna. Además, señaló que habían transcurrido catorce años desde la ocurrencia de los hechos y el caso penal aún estaba en la instancia investigativa, no se formularon cargos formales contra ninguna persona ni se había sancionado a nadie, y que el caso fue transferido desde un cuerpo fiscal a otro, lo cual presuntamente causó “rezagos innecesarios” y ha dificultado los procedimientos.

  5. Además, la Comisión solicitó al Tribunal que, de conformidad con el artículo 63.1 de la Convención, ordene al Estado que adopte determinadas medidas de reparación indicadas en la demanda. Por último, solicitó a la Corte que ordene al Estado el pago de las costas y gastos generados en la tramitación del caso en la jurisdicción interna y ante los órganos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

    II

    Competencia

  6. La Corte es competente para conocer del presente caso, en los términos de los artículos 62 y 63.1 de la Convención Americana, ya que el Perú es Estado Parte de la Convención desde el 28 de julio de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981.

    III

    Procedimiento ante la Comisión

  7. El 24 de mayo de 1997 los señores G.Y.R. de B. y C.B.Y. (en adelante “los peticionarios”) presentaron una petición ante la Comisión Interamericana por las presuntas detención ilegal y arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial de su familiar, el señor B.B.G., supuestamente realizada por efectivos del ejército peruano.

  8. El 3 de julio de 1997 la Comisión dispuso la apertura del caso del señor B.G. con el número 11.767.

  9. El 19 de octubre de 2004 la Comisión, de conformidad con el artículo 50 de la Convención, aprobó el informe de admisibilidad y fondo No. 77/04, en el que concluyó que el Estado era responsable por la violación de los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Derecho a las Garantías Judiciales) y 25 (Derecho a la Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1. (Obligación de Respetar los Derechos) del mismo instrumento. Asimismo, consideró que el Estado debía adoptar las siguientes recomendaciones:

  10. Realizar una investigación completa, imparcial, efectiva e inmediata, de los hechos con el objeto de establecer las circunstancias en que resultó muerto por ejecución extrajudicial el señor B.B.G., identificar a todas las personas que participaron en el mismo en los diferentes niveles de decisión y ejecución, adelantar el proceso penal y aplicar las debidas sanciones.

  11. Realizar una investigación completa, imparcial y efectiva de las personas que intervinieron en las fallidas investigaciones y procesos adelantados con ocasión de la ejecución de B.B.G., para determinar la responsabilidad por la falta de investigación que ha derivado en la impunidad de tal hecho.

  12. Reparar adecuadamente a la señora G.Y.R. y a los hijos de la víctima, respectivamente, incluyendo tanto el aspecto moral como el material, por las violaciones de sus derechos humanos.

  13. El 11 de noviembre de 2004 la Comisión transmitió el informe de admisibilidad y fondo al Estado y le otorgó un plazo de dos meses para que adoptara las recomendaciones formuladas en el mismo.

  14. En esa misma fecha la Comisión, de conformidad con el artículo 43.3 de su Reglamento, notificó a los peticionarios la adopción del informe y su tramitación al Estado y les solicitó su posición respecto del eventual sometimiento del caso a la Corte Interamericana.

  15. El 14 de diciembre de 2004 los peticionarios indicaron que el caso debía ser sometido al Tribunal.

  16. El 22 de diciembre de 2004 el Perú informó a la Comisión que “en cumplimiento parcial de las recomendaciones formuladas en el informe No. 77/04, la Fiscalía Superior de Ayacucho dispuso el 7 de diciembre de 2004 que el expediente de la investigación sobre la detención, tortura y muerte del señor B.B. fuese remitido a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, D.F., Ejecuciones Extrajudiciales, y Exhumación de Fosas Clandestinas con sede en Huamanga (en adelante “la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos”) y a la Comisión Distrital Descentralizada de Control Interno del Distrito Judicial de Ayacucho. En la misma comunicación, el Estado anunció que, con posterioridad al 10 de enero de 2005, remitiría un informe detallado sobre el avance de las investigaciones ante las dependencias antes referidas”.

  17. El 12 de enero de 2005 el Estado presentó a la Comisión información adicional, en la que manifestó que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos “ha[bía] practicado diversas diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos (recepción de manifestaciones de testigos presenciales, constatación del lugar de los hechos, exhumación del cadáver, etc.), las que hasta e[se] momento no ha[bían] producido resultado alguno”. Al respecto, la Comisión concluyó que no existía “cumplimiento de la recomendación [No. 1]” y que además el Estado “no aport[aba] información alguna sobre el cumplimiento del resto de las recomendaciones formuladas […] en su informe […]”.

  18. El 8 de febrero de 2005 la Comisión Interamericana decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte, ante la falta de “implementación satisfactoria” de las recomendaciones contenidas en el informe No. 77/04.

    IV

    Procedimiento ante la Corte

  19. El 11 de febrero de 2005 la Comisión Interamericana presentó la demanda ante la Corte (supra párr. 1), a la cual adjuntó prueba documental y ofreció prueba testimonial y pericial. La Comisión designó como delegados a los señores J.Z. y S.A.C. y como asesores legales a los señores J.P.A., P.D., A.D. y V.M..

  20. El 21 de marzo de 2005 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), previo examen preliminar de la demanda realizado por el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), la notificó junto con sus anexos al Estado y le informó sobre los plazos para contestarla y designar su representación en el proceso. En la misma fecha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.1 d) y e) del Reglamento, la Secretaría notificó la demanda a los denunciantes originales, señora G.Y.R. de B. y el señor C.B.Y. (supra...

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