Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 25 de Noviembre de 2005. Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Serie C No. 137

Fecha de Resolución25 de Noviembre de 2005
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
CasoGarcía Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú
SolicitanteRepública Dominicana

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso García Asto y R.R.

vs. Perú

Sentencia de 25 de noviembre de 2005

En el caso G.A. y R.R.,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces*:

S.G.R., P.;

A.A.B., V.;

O.J., J.;

A.A.C.T., J.;

C.M.Q., J.;

M.E.V.R., J., y

J.S. de Noriega, J. ad hoc;

presentes, además,

P.S.A., S.; y

E.S.R., Secretaria Adjunta,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 29, 31, 55, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.

I

Introducción de la Causa

  1. El 22 de junio de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una demanda contra el Estado del Perú (en adelante “el Estado” o “el Perú”), la cual se originó en las denuncias No. 12.413 y 12.423, recibidas en la Secretaría de la Comisión el 9 y 12 de noviembre de 1998, en los casos de los señores W.G.A. y U.R.R., respectivamente. El 14 de agosto de 2003 la Comisión dispuso la acumulación de los casos para ser tramitados en el expediente No. 12.413.

  2. La Comisión presentó la demanda de conformidad con el artículo 61 de la Convención Americana, con el fin de que la Corte decidiera si el Estado era responsable por las violaciones a los derechos humanos supuestamente cometidas en perjuicio de los señores W.G.A. y U.R.R., consagrados en los artículos 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 (Derecho a la Libertad Personal); 8.1, 8.2, 8.2.f. y 8.5 (Garantías Judiciales) y 9 (Principio de Legalidad y Retroactividad) de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, presuntamente producidas “en el contexto de [los] proceso[s] penal[es] a[ los] que fueron sometidos y siguen siendo sometidos […] por la acusación de cometer el delito de terrorismo”. Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que declarara que el Estado había incumplido su obligación establecida en el artículo 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la Convención “por haber adoptado legislación en violación de la Convención Americana y por no haber adecuado integralmente dicha legislación de modo de hacer efectivos los derechos y libertades consagrados en la [misma,] en relación con el delito de terrorismo”.

  3. La Comisión señaló en su demanda que los señores W.G.A. y U.R.R. fueron detenidos en 1995 y 1991, respectivamente, por la Policía Nacional del Perú (en adelante “PNP” o “Policía Nacional”) sin orden judicial y sin encontrarse en una situación de flagrancia. Fueron incomunicados y su investigación, procesamiento y juzgamiento fue llevado a cabo por fiscales y jueces "sin rostro" conforme a las disposiciones del Decreto Ley N° 25475 de 5 de mayo de 1992, y con serias limitaciones e impedimentos para ejercer su derecho de defensa. La Comisión expresó que las presuntas víctimas, con el mérito de pruebas obtenidas ilegalmente y de pruebas ofrecidas por la defensa que no fueron decretadas y valoradas debidamente, fueron condenadas a penas privativas de libertad de veinte y veinticinco años, respectivamente, como presuntos “autores del delito de terrorismo”. El señor W.G.A. fue condenado por el delito de “terrorismo” tipificado en los artículos 4 y 5 del Decreto Ley N° 25475 mediante sentencia de 18 de abril de 1996, confirmada el 14 de julio de 1997. El señor U.R.R. fue condenado por el delito de “terrorismo” prescrito en los artículos 319 y 320 del Código Penal de 1991 mediante sentencia de 30 de septiembre de 1994, que fue confirmada el 24 de agosto de 1999.

  4. Asimismo, la Comisión se refirió a la sentencia emitida el 3 de enero de 2003 por el Tribunal Constitucional peruano, referente a la constitucionalidad e inconstitucionalidad de algunas de las normas de la legislación antiterrorista peruana. En razón de lo anterior, la Comisión señaló que el Estado emitió los Decretos Legislativos N° 921 a 927 de febrero de 2003, como consecuencia de los cuales las sentencias condenatorias, la acusación fiscal y algunos aspectos de los procesos de los señores W.G.A. y U.R.R. fueron anulados. Sin embargo, la Comisión consideró que algunas de las violaciones cometidas en el primer juicio subsistían en el nuevo proceso y añadió que si bien el Estado había modificado la legislación antiterrorista a partir del año 2003, en el presente caso dichas modificaciones “no ha[bían] reparado las violaciones sufridas por las [presuntas] víctimas sino que por el contrario, ha[bían] significado su subsistencia”. Además, la Comisión señaló en su demanda que los señores “W.G.A. y U.R.R. ha[bían] permanecido privados de su libertad desde que fueran detenidos hace ya casi 9 y 13 años[,] respectivamente”.

  5. Finalmente, la Comisión solicitó a la Corte que, de conformidad con el artículo 63.1 de la Convención, ordene al Estado que adopte una serie de medidas de reparación pecuniarias y no pecuniarias, así como el pago de las costas y gastos generados en la tramitación del caso en la jurisdicción interna y ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

    II

    Competencia

  6. La Corte es competente para conocer del presente caso, en los términos de los artículos 62 y 63.1 de la Convención Americana, ya que el Perú es Estado Parte de la Convención desde el 28 de julio de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981.

    III

    Procedimiento ante la Comisión

  7. El 9 de noviembre de 1998 la Comisión Interamericana recibió una petición presentada por la señora C.A.U., madre del señor W.G.A., en contra del Estado del Perú, la que fue complementada mediante comunicaciones de 24 de mayo de 1999, 8 de septiembre de 1999 y 29 de octubre de 1999. El 30 de abril de 2002 la Comisión, de conformidad con su Reglamento, inició la tramitación de la petición 482/1998 VL y solicitó al Estado la información pertinente.

  8. El 12 de noviembre de 1998 la Comisión Interamericana recibió una petición presentada por el señor P.R.R., hermano del señor U.R.R., en contra del Perú, la que fue complementada mediante comunicación de 18 de mayo de 2001. El 28 de agosto de 2002 la Comisión inició la tramitación de la petición 479/1998 VL y solicitó al Estado la información pertinente.

  9. El 4 de abril de 2002 la Comisión, a solicitud de la madre del señor W.G.A., la señora C.A.U., adoptó medias cautelares a favor de su hijo, solicitando al Estado que practicara un examen médico al señor G.A. y que, de resultar un pronóstico desfavorable, le proporcionara el tratamiento médico indicado.

  10. El 9 de enero de 2003 la Comisión dispuso la apertura del caso del señor W.G.A. con el número 12.413 y decidió diferir el tratamiento de admisibilidad hasta el debate y la decisión de fondo.

  11. El 8 de julio de 2003 la Comisión dispuso la apertura del caso del señor U.R.R. con el número 12.423 y decidió diferir el tratamiento de admisibilidad hasta el debate y la decisión de fondo.

  12. El 14 de agosto de 2003 la Comisión dispuso la acumulación de los casos de los señores W.G.A. y U.R.R., para proseguir con su tramitación en el expediente del caso No. 12.413.

  13. El 11 de marzo de 2004 la Comisión aprobó el informe de admisibilidad y fondo No. 27/04. En dicho informe, la Comisión concluyó que tenía “competencia para conocer de este caso y que la petición e[ra] admisible”. Asimismo, consideró que el Estado debía adoptar las siguientes recomendaciones:

  14. De acuerdo con las disposiciones de su derecho interno, adoptar todas las medidas necesarias para reparar de una manera integral las violaciones a los derechos humanos de W.G.A. y U.R.R. que se determinaron en el […] informe, en especial ofrecer un nuevo juzgamiento con la observancia plena al principio de legalidad que no puede estar representado en interpretaciones judiciales discrecionales y flexibles de la norma penal, al debido proceso y a un juicio justo.

  15. Adoptar las medidas necesarias para reformar el Decreto Ley 25475, de manera de hacerlo compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

  16. El 22 de marzo de 2004 la Comisión transmitió el informe de admisibilidad y fondo al Estado y le otorgó un plazo de dos meses para que informara sobre las medidas adoptadas para cumplir con las recomendaciones formuladas en el mismo. El Estado no remitió respuesta alguna.

  17. El 20 de junio de 2004, ante el incumplimiento por parte del Estado de las recomendaciones del informe aprobado de acuerdo con el artículo 50 de la Convención, la Comisión decidió someter el caso a la Corte.

    IV

    Procedimiento ante la Corte

  18. La Comisión presentó la demanda ante la Corte Interamericana el 22 de junio de 2004 (supra párr. 1), a la cual adjuntó prueba documental y ofreció prueba testimonial y pericial. La Comisión designó como delegados a los señores F.G., F.M. y S.C., y como asesores legales a los señores A.D., P.E.D., M.C. y L.C..

  19. El 5 de agosto de 2004, según lo dispuesto en el artículo 35.1.e del Reglamento, la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), previo examen preliminar de la demanda realizado por el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), la notificó, junto con sus anexos, a las representantes de las presuntas víctimas y sus familiares (en adelante “las representantes”) y les informó sobre el plazo para la presentación del escrito de solicitudes, argumentos y pruebas argumentos (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”).

  20. El 24 de agosto de 2004, la Secretaría, notificó la demanda, junto con sus anexos, al Estado y le informó sobre los plazos para contestarla y designar su representación en el proceso. El 23 de septiembre de 2004 el Estado designó al señor F.V.T. como agente en el presente caso.

  21. El 5 de octubre de 2004 la señora C.L.T. y la señora R.U., Directora Ejecutiva del Centro de Investigación y...

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