Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de Noviembre de 2007. Caso García Prieto y otros Vs. El Salvador. Serie C No. 168

Fecha de Resolución20 de Noviembre de 2007
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
CasoGarcía Prieto y otros Vs. El Salvador
ActoExcepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
SolicitanteGuatemala

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso García Prieto y Otro

vs. El Salvador

Sentencia de 20 de noviembre de 2007

(Excepciones Preliminares, Fondo, R. y Costas)

En el caso G.P. y otro,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces(:

S.G.R., P.;

C.M.Q., V.;

M.E.V.R., J.;

L.A.F., J.;

M.M.M., J.; y

R.A.B., J.;

presentes, además,

P.S.A., S.; y

E.S.R., Secretaria Adjunta;

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 29, 31, 37.6, 54, 55, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.

I

Introducción de la Causa y Objeto de la Controversia

  1. El 9 de febrero de 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte en los términos de los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, una demanda contra el Estado de El Salvador (en adelante “El Salvador” o “el Estado”), la cual se originó en la denuncia No. 11.697, presentada en la Secretaría de la Comisión el 22 de octubre de 1996 por J.M.G.P.H. y G.G. de G.P., padres de R.M.G.P.G. (en adelante “R.M.G.P.” o “señor G.P.”), y por C.A.E. (en adelante “Carmen Alicia Estrada” o “la señora Estrada”), viuda del señor G.P., así como por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (en adelante “IDHUCA”) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “CEJIL”). El 9 de marzo de 1999 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 27/99 y el 24 de octubre de 2005 aprobó el Informe de Fondo No. 94/05, en los términos del artículo 50 de la Convención[1], el que contiene determinadas recomendaciones, las cuales la Comisión consideró que no fueron adoptadas de manera satisfactoria por parte del Estado, razón por la cual ésta decidió someter el caso a la jurisdicción de la Corte[2].

  2. La Comisión indicó como hechos del presente caso en su demanda, que el 10 de junio de 1994 el señor R.M.G.P. estaba frente de la casa de unos familiares cuando fue interceptado por dos sujetos que lo amenazaron de muerte con armas de fuego. Posteriormente, fue asesinado, hecho que la Comisión resaltó que estaba fuera de la competencia de la Corte. Agregó, la Comisión que con posterioridad a la muerte del señor G.P. las autoridades estatales realizaron investigaciones penales con el fin de identificar, juzgar y eventualmente sancionar a los responsables. A tal efecto, se desarrolló el proceso penal (No. 262/94) ante el Juzgado Décimo Quinto de Paz de San Salvador (infra nota 38), el cual finalizó el 7 de octubre de 1996 con la condena de R.A.R. a veintiséis años de prisión por el delito de asesinato en perjuicio del señor G.P.. El 28 de agosto de 1997 se abrió un nuevo proceso penal (No.110/98) ante el Juzgado Décimo Tercero de Paz (infra nota 42), para continuar con las investigaciones con el fin de esclarecer el asesinato del señor G.P., proceso que concluyó el 7 de junio de 2001 con la condena de J.I.O.D. a treinta años de prisión. Por último, los padres del señor G.P. interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República de El Salvador el 6 de junio de 2003, en la cual solicitaron que se continuara investigando el homicidio de su hijo, investigación que aún no ha concluido.

  3. De otra parte, la Comisión indicó, entre otros, que el señor J.M.G.P.H. y las señoras G.G. de G.P. y C.A.E. habían sido objeto de actos de amenazas y hostigamientos respecto a los cuales las autoridades de El Salvador realizaron diligencias de investigación en el proceso penal No. 110/98. Sin embargo, mediante auto del Juzgado de Instrucción de 15 de agosto de 2000 se resolvió no continuar con la investigación referida. Con posterioridad, el 15 de noviembre de 2001 se dio apertura a la investigación fiscal No. 4799-UDV-2001, la cual aún no ha concluido.

  4. La Comisión alegó en la demanda la supuesta responsabilidad del Estado por “las acciones y omisiones en la investigación del asesinato R.M. [GarcíaP.] […] ocurrido el 10 de junio de 1994, en San Salvador, por las [presuntas] amenazas de que fueron víctima[s] sus familiares con posterioridad y en conexión con su rol en la investigación, así como por la falta de una reparación adecuada a [su] favor […]”. La Comisión señaló que las violaciones sobre las cuales solicita un pronunciamiento de la Corte “ocurrieron con posterioridad al 6 de junio de 1995, fecha en que El Salvador [reconoció la] competencia contenciosa” de la Corte.

  5. La Comisión solicitó a la Corte que concluya y declare que el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de ese tratado, en perjuicio de J.M.G.P.H., G.G. de G.P. y C.A.E.. Como consecuencia de lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado determinadas medidas de reparación.

  6. En el presente caso, al momento de la presentación del escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”) de las presuntas víctimas no habían designado un interviniente común. Debido a ello fueron presentados dos escritos de solicitudes y argumentos independientes, uno por C.A.E., en su nombre propio y en representación de su hijo R.M.G.P.E., y otro por J.M.G.P.H., G.G. de G.P., padres de R.M.G.P.; I.M. delC.G.P.T., L.G.P. de Patuzzo y G.M. de los Ángeles García Prieto de Charur (en adelante “M. de los Ángeles García Prieto de Charur”), todas ellas hermanas del señor G.P..

  7. El señor L.M.P.B., representante de C.A.E. y de R.M.G.P.E., presentó el 19 de mayo de 2006 su escrito de solicitudes y argumentos en el cual, al igual que la Comisión, solicitó a la Corte que concluya y declare que el Estado ha violado los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de la señora C.A.E., su hijo menor R.M.G.P.E. y “demás familiares de R.M.G.P. […]”, sin indicar el nombre de los referidos familiares. Solicitó a la Corte que ordene al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación.

  8. Asimismo, los señores J.M.G.P.H., G.G. de G.P., I.M. delC.G.P.T., L.G.P. de Patuzzo y M. de los Ángeles García Prieto de Charur, representados por CEJIL e IDHUCA[3], presentaron el 26 de mayo de 2006 su escrito de solicitudes y argumentos, mediante el cual solicitaron a la Corte que declare que el Estado ha violado los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de R.M.G.P., así como que se declare la violación del artículo 4 (Derecho a la Vida), en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de ese tratado, en perjuicio de dicho señor por no investigar de manera adecuada y efectiva su muerte. Además, solicitaron al Tribunal que declare que el Estado ha violado los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 11.2 (Protección de la Honra y Dignidad), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial), en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio de J.M.G.P.H., G.G. de G.P., M. de los Ángeles G.P. de Charur, I.M. delC.G.P.T. y L.G.P. de Patuzzo, así como de la señora C.A.E. y R.M.G.P.E.. También solicitaron a la Corte que ordene al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación.

  9. El 12 de julio de 2006 el Tribunal resolvió, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.2 del Reglamento, designar como interviniente común a CEJIL e IDHUCA debido a la ausencia de un acuerdo entre las presuntas víctimas para designarlo[4].

  10. El 24 de julio de 2006 el Estado[5] presentó su escrito de excepciones preliminares, observaciones a los escritos de solicitudes y argumentos, y contestación de la demanda (en adelante “contestación de la demanda”), en el cual solicitó a la Corte que declare que no ha violado los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de los familiares de R.M.G.P., como fue alegado por la Comisión. Asimismo, en dicho escrito el Estado interpuso tres excepciones preliminares, a saber: incompetencia de la jurisdicción ratione temporis, falta de agotamiento de los recursos internos e informalidad de la demanda (infra párrs. 30 a 59).

  11. El 8 de septiembre de 2006 la Comisión y CEJIL e IDHUCA presentaron, respectivamente, sus alegatos escritos a las excepciones preliminares, en los cuales solicitaron que dichas excepciones se desestimen y que se proceda con el trámite sobre el fondo del caso. El 11 de septiembre de 2006 CEJIL e IDHUCA, como interviniente común, presentaron el escrito de alegatos escritos a las excepciones preliminares remitidas por el representante de la señora Estrada y su hijo.

    II

    Procedimiento ante la Corte

  12. La demanda de la Comisión fue notificada al Estado[6] y a los representantes el 24 de marzo de 2006. Durante el proceso ante este Tribunal, además de la presentación de los escritos principales remitidos por las partes (supra párrs. 1, 6, 7, 8, 10 y 11), el Presidente de la Corte[7] (en adelante “el Presidente”) ordenó recibir, a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit), testimonios y peritajes ofrecidos por la Comisión, el interviniente común y el Estado, respecto de quienes las partes tuvieron oportunidad de...

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