Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 15 de Mayo de 2011. Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Serie C No. 224

Fecha de Resolución:15 de Mayo de 2011
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Fernández Ortega y otros Vs. México
Acto:Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
Solicitante:Nicaragua

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO FERNÁNDEZ ORTEGA Y OTROS VS. MÉXICO

SENTENCIA DE 15 DE MAYO DE 2011

(Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar,

Fondo, R. y Costas)

En el caso F.O. y otros,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes Jueces:

D.G.-Sayán, P.;

L.A.F., J.;

M.E.V.R., J.;

M.M.M., J.;

R.A.B., J.;

A.P.P., J.;

E.V.G., J., y

A.C.E., J. ad hoc;

presente, además,

P.S.A., Secretario[1],

de conformidad con el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también “la Convención Americana” o “la Convención”) y el artículo 68 del Reglamento de la Corte[2] (en adelante “el Reglamento”), resuelve la solicitud de interpretación de la Sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas emitida por el Tribunal el 30 de agosto de 2010 en el presente caso (en adelante también “la Sentencia” o “el Fallo”), interpuesta el 29 de diciembre de 2010 por los Estados Unidos Mexicanos (en adelante también “el Estado” o “México”).

I

INTRODUCCIÓN DE LA SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN

Y PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

El 30 de agosto de 2010 la Corte emitió la Sentencia, la cual fue notificada a las partes el 1 de octubre del mismo año.

El 29 de diciembre de 2010 el Estado presentó una solicitud de interpretación de conformidad con los artículos 67 de la Convención y 68 del Reglamento. México solicitó a la Corte que precise el sentido y el alcance de:

  1. el “párrafo 103 [de la Sentencia], en relación directa con los párrafos 115, 116 y 117 de la misma, a fin de esclarecer si el señalamiento consistente en la determinación de la participación de personal militar en los actos cometidos en perjuicio de la señora F.O. [constituye] un prejuzgamiento sobre los presuntos responsables, en cuanto a su número y calidad específica de militares”[3], y

  2. el “párrafo 177 del Fallo y, en su caso, que aclare si su interpretación sobre la intervención que tuvo la jurisdicción militar en la investigación de los hechos constituye o no un prejuzgamiento con respecto a los probables responsables de las violaciones señaladas en ese párrafo”[4].

    El 12 de enero de 2011, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.2 del Reglamento y siguiendo instrucciones del Presidente del Tribunal, la Secretaría del Tribunal (en adelante también “la Secretaría”) transmitió una copia de la solicitud de interpretación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”), y a la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco/Me´phaa (OPIM), al Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) (todos ellos en adelante “los representantes”) y les otorgó un plazo hasta el 11 de febrero de 2011 para presentar los alegatos escritos que consideraran pertinentes.

    El 11 de febrero de 2011 la Comisión Interamericana presentó sus alegatos escritos a la solicitud de interpretación y consideró “inadmisibles e improcedentes las conclusiones y manifestaciones del Estado”, pues el mismo no pretende que la Corte interprete el sentido o alcance del Fallo, sino que busca una revisión y reconsideración de la Sentencia definitiva e inapelable, por estar en desacuerdo con las decisiones en ella contenidas. Señaló además que el Estado tuvo la oportunidad de litigar los temas objeto de interpretación en el momento procesal oportuno y que no existe fundamento para reabrir su discusión.

    El 11 de febrero de 2011 los representantes remitieron sus alegatos escritos y solicitaron a la Corte que declare inadmisible la solicitud de interpretación. Afirmaron que: a) el Estado pretende modificar la Sentencia de la Corte tratando que se aborden cuestiones de hecho y de derecho que fueron planteadas durante el análisis de fondo del caso y resueltas específicamente en el Fallo, y b) no existe una duda razonable sobre el sentido y alcance de los aspectos sobre los que solicitó la interpretación. Asimismo, consideraron que el Estado banaliza los hechos probados y, consecuentemente, debilita los puntos resolutivos de la Sentencia, generando que éstos no se cumplan de manera efectiva.

    II

    COMPETENCIA Y COMPOSICIÓN DE LA CORTE

    El artículo 67 de la Convención establece que:

    [e]l fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.

    De conformidad con el artículo citado, la Corte es competente para interpretar sus fallos. Para realizar el examen de la solicitud de interpretación y resolver lo que a este respecto corresponda, el Tribunal debe tener, si es posible, la misma composición que tenía al dictar la sentencia respectiva, de acuerdo con el artículo 68.3 del Reglamento. En esta ocasión, la Corte se integra con los mismos Jueces que dictaron la Sentencia cuya interpretación ha sido solicitada por el Estado.

    III

    ADMISIBILIDAD

    Corresponde a la Corte verificar si la solicitud de interpretación cumple con los requisitos establecidos en las normas aplicables, a saber, el artículo 67 de la Convención, anteriormente citado, y el artículo 68 del Reglamento que dispone, en lo pertinente, que:

    1. La solicitud de interpretación a que se refiere el artículo 67 de la Convención podrá promoverse en relación con las sentencias de excepciones preliminares, fondo o reparaciones y costas y se presentará en la Secretaría de la Corte indicándose en ella, con precisión, las cuestiones relativas al sentido o alcance de la sentencia cuya interpretación se pida.

    […]

    4. La solicitud de interpretación no suspenderá la ejecución de la sentencia.

    5. La Corte determinará el procedimiento que se seguirá y resolverá mediante una sentencia.

    Asimismo, el artículo 31.3 del Reglamento establece que “[c]ontra las sentencias y resoluciones de la Corte no procede ningún medio de impugnación”.

    La Corte observa que el Estado presentó su solicitud de interpretación de la Sentencia dentro del plazo de 90 días establecido en el artículo 67 de la Convención, ya que la misma fue presentada el día 29 de diciembre de 2010 y la Sentencia fue notificada a las partes el 1 de octubre de 2010.

    Tal como lo ha dispuesto anteriormente este Tribunal en su jurisprudencia constante, claramente sustentada en el ordenamiento aplicable, una solicitud de interpretación de sentencia no debe utilizarse como medio de impugnación de la decisión cuya interpretación se requiere. Dicha solicitud tiene como objeto, exclusivamente, determinar el sentido de un fallo cuando alguna de las partes sostiene que el texto de sus puntos resolutivos o de sus consideraciones carece de claridad o precisión, siempre y cuando esas consideraciones incidan en dicha parte resolutiva[5]. Por lo tanto, no se puede pedir la modificación o anulación de la sentencia respectiva a través de una solicitud de interpretación[6].

    Asimismo, la Corte ha establecido que la solicitud de interpretación de sentencia no puede abordar cuestiones de hecho y de derecho que ya fueron planteadas en su oportunidad procesal y sobre las cuales el Tribunal adoptó una decisión[7].

    La Corte procederá a analizar la solicitud de interpretación presentada por el Estado y, en su caso, realizar las aclaraciones que estime pertinentes. Para ello, examinará las cuestiones planteadas por México, así como los alegatos de la Comisión Interamericana y de los representantes.

    1. Alegatos de las partes

    El Estado mexicano manifestó su voluntad de cumplir con la Sentencia en todos sus términos, en estricto acatamiento a sus compromisos internacionales. Afirmó que el cumplimiento del fallo “constituye un aspecto de orden público que las autoridades mexicanas se encuentran obligadas a observar, derivado de los compromisos adoptados […] ante el sistema interamericano de derechos humanos” y reiteró “que continuará con el impulso de todas aquellas acciones necesarias para acatar sus obligaciones internacionales surgidas a la luz de la [S]entencia”. México sustentó su solicitud de interpretación en base a seis argumentos que se sintetizan a continuación.

    En primer lugar, manifestó que el párrafo 103 de la Sentencia señala que la Corte no es competente para determinar responsabilidades individuales, pese a lo cual el párrafo 177, en relación con los párrafos 115 y 116, hace referencia a personal castrense como participante en la comisión de los delitos denunciados por la señora F.O.. Al respecto, el Estado señaló que esto “debe ser aclarado, ya que se individualiza el número de personas que intervinieron y se indica de manera específica que tienen la calidad de militares”. La Corte “identifi[có] como responsables [de la violación sexual de la señora F.O.] a tres personas integrantes de una institución [militar]”, determinación que a criterio del Estado “es contraria al ámbito competencial de[l] Tribunal [ya] que no le corresponde determinar responsabilidades penales individuales o en lo particular”. Asimismo, indicó que es indispensable considerar que “en el ámbito interno […] el caso aún se encuentra en la etapa de averiguación previa, por lo que [de] las investigaciones sobre los probables delitos cometidos en agravio de [la señora] F.O. […] se derivará la determinación de responsabilidades del orden penal, incluso sobre si hubo o no implicación de agentes del Estado en los hechos”. Concluyó, por tanto, que “al estar en curso la investigación […] no puede imputarse responsabilidad penal directa a tres agentes del Estado, ni mucho menos individualizar o especificar su carácter de militares u otras particularidades, tales como la institución a la que pertenecen”.

    Como segundo argumento el Estado afirmó que la Sentencia “no guarda compatibilidad con los criterios [del Tribunal] consistentes en no fincar...

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