Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de Agosto de 2010. Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México. Serie C No. 215

Fecha de Resolución30 de Agosto de 2010
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
CasoFernández Ortega y otros. Vs. México
ActoExcepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
SolicitanteNicaragua

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO FERNÁNDEZ ORTEGA Y OTROS VS. MÉXICO

SENTENCIA DE 30 DE AGOSTO DE 2010

(Excepción Preliminar, Fondo, R. y Costas)En el caso F.O. y otros,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:

D.G.-Sayán, P.;

L.A.F., V.;

M.E.V.R., J.;

M.M.M., J.;

R.A.B., J.;

A.P.P., J.;

E.V.G., J., y

A.C.E., J. ad hoc;

presentes, además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 30, 38.6, 56.2, 58, 59 y 61 del Reglamento de la Corte[1] (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.

I

INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

El 7 de mayo de 2009, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la Corte una demanda en contra de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante “el Estado” o “México”), originada en la petición presentada el 14 de junio de 2004 por I.F.O. (en adelante “la señora F.O.” o “la presunta víctima”), la Organización Indígena de Pueblos Tlapanecos A.C. y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C. (en adelante también “Tlachinollan”). El 21 de octubre de 2006 la Comisión Interamericana emitió el Informe de Admisibilidad No. 94/06[2] y el 30 de octubre de 2008 aprobó el Informe de Fondo No. 89/08, en los términos del artículo 50 de la Convención, en el cual realizó una serie de recomendaciones para el Estado[3]. Este último Informe fue notificado a México el 7 de noviembre de 2008 y se le concedió un plazo de dos meses para comunicar las acciones emprendidas para implementar las recomendaciones. El 12 de diciembre de 2008 el Estado presentó un informe preliminar y solicitó una prórroga para cumplir con las recomendaciones señaladas. El 5 de febrero de 2009 la Comisión informó al Estado que concedió la prórroga solicitada por el plazo de tres meses. El 20 de abril de 2009 México presentó un informe final sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones. La Comisión Interamericana sometió el caso al Tribunal, “[t]ras considerar la información aportada por las partes en relación con la implementación de las recomendaciones contenidas en el [I]nforme de [F]ondo, y tomando en consideración la falta de avances sustantivos en el efectivo cumplimiento de las mismas”. La Comisión designó como delegados al entonces Comisionado F.M. y a su Secretario Ejecutivo, S.A.C., y como asesores legales a la Secretaria Ejecutiva Adjunta, E.A.-Mershed, y a los abogados I.M., J.P.A.A., R.C. y F.M., especialistas de la Secretaría.

Según indicó la Comisión Interamericana, la demanda se refiere a la supuesta responsabilidad internacional del Estado por la “violación [sexual] y tortura” en perjuicio de la señora F.O. ocurrida el 22 de marzo de 2002, por la “falta de debida diligencia en la investigación y sanción de los responsables” de esos hechos, por “la falta de reparación adecuada a favor de la [presunta] víctima y sus familiares; […] la utilización del fuero militar para la investigación y juzgamiento de violaciones a los derechos humanos; y […] las dificultades que enfrentan las personas indígenas, en particular las mujeres, para acceder a la justicia”.

Por lo anterior, la Comisión Interamericana solicitó al Tribunal que declare que el Estado es responsable por la violación de los artículos 5 (Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con la obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de la señora F.O. y de los siguientes familiares: F.P.S. (esposo), N., A.L., Colosio, N. y N.P.F. (hijos), M.L.O. (madre), L. y O.F.O. (hermanos). Adicionalmente, señaló que México es responsable por la violación del artículo 11 (Protección de la Honra y de la Dignidad) de la Convención Americana, en relación con la obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento, y del artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante también “la Convención de Belém do Pará”), en perjuicio de la señora F.O.. Finalmente, consideró que el Estado incumplió las obligaciones emanadas de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante también “la Convención contra la Tortura”). Con base en lo anterior, la Comisión Interamericana solicitó al Tribunal que ordene al Estado determinadas medidas de reparación.

4. El 18 de agosto de 2009 la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco/Me’phaa[4], el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C. y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante también “CEJIL”, todos ellos en adelante “los representantes”) remitieron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”), en los términos del artículo 24 del Reglamento. Los representantes coincidieron, sustancialmente, con las violaciones alegadas por la Comisión Interamericana y añadieron el supuesto incumplimiento de la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno (artículo 2 de la Convención), así como las supuestas violaciones a la libertad de asociación y a la igualdad ante la ley (artículos 16 y 24 de la Convención, respectivamente). Finalmente, solicitaron al Tribunal que ordenara al Estado la adopción de diversas medidas de reparación, así como el pago de determinadas costas y gastos.

5. El 13 de diciembre de 2009 el Estado presentó un escrito en el cual interpuso una excepción preliminar, contestó la demanda y formuló observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “contestación de la demanda”). México requirió a la Corte que considere fundada la excepción preliminar y declare la “incompetencia ratione materiae” para determinar violaciones a la Convención de Belém do Pará. Asimismo, solicitó al Tribunal que declare la inexistencia de violaciones a los derechos reconocidos en la Convención Americana u otro instrumento interamericano alegados por la Comisión y los representantes y, en consecuencia, se rechacen sus pretensiones sobre reparaciones. El Estado designó como Agente a la señora Z.G. y R..

6. El 3 de marzo de 2010 la Comisión y los representantes presentaron sus alegatos a la excepción preliminar interpuesta por el Estado, de conformidad con el artículo 38.4 del Reglamento.

II

PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

7. La demanda de la Comisión fue notificada a los representantes y al Estado el 18 y 19 de junio de 2009, respectivamente[5]. Durante el proceso ante este Tribunal, además de la presentación de los escritos principales (supra párrs. 1, 4 y 5), entre otros remitidos por las partes, mediante resolución de 12 de marzo de 2010 el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”) ordenó recibir, a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (en adelante también affidávit), las declaraciones de tres presuntas víctimas y cuatro testigos, propuestos por la Comisión y por los representantes, así como los dictámenes de cinco peritos, propuestos por la Comisión y por los representantes, respecto de los cuales las partes tuvieron oportunidad de presentar observaciones. Asimismo, el P. convocó a la Comisión, a los representantes y al Estado a una audiencia pública para escuchar los dictámenes de tres peritas propuestas por la Comisión y los representantes, así como los alegatos finales orales de las partes sobre la excepción preliminar y el fondo, las reparaciones y las costas[6].

8. La audiencia pública fue celebrada el 15 de abril de 2010 durante el XLI Período Extraordinario de Sesiones de la Corte, llevado a cabo en la ciudad de Lima, Perú[7].

9. Por otra parte, el Tribunal recibió ocho escritos en calidad de amicus curiae de las siguientes personas e instituciones: i) tres alumnos de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en relación con el derecho de acceso a la justicia por parte de la población indígena en el estado de Guerrero y la jurisdicción penal militar[8]; ii) la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económicas y la organización Women’s Link Worldwide, referido a los estándares internacionales sobre la violencia sexual como forma de tortura y a la reparación integral del daño a las víctimas de violencia sexual[9]; iii) el Equipo Argentino de Antropología Forense, respecto a la actuación pericial y a la atención a las mujeres víctimas de violencia sexual por parte de los órganos del Estado, con referencia al presente caso[10]; iv) el Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, respecto de la obligación estatal de adoptar medidas especiales a favor de personas en situación de vulnerabilidad, la violación sexual como tortura y el derecho de acceso a la justicia de la presunta víctima[11]; v) Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., organización que presentó dos escritos, uno respecto de los derechos indígenas reconocidos por el Estado y el otro sobre la alegada inexistencia de recursos en contra de la declinación de competencia de la justicia ordinaria a favor del fuero militar[12]; vi) el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. sobre, inter alia, la relevancia del alegado contexto de graves violaciones a los derechos humanos en el cual ocurrieron los hechos del caso para su análisis jurídico y para la formulación de las reparaciones[13], y vii) un profesor y alumnos de derecho en la...

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