Voto Particular de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 31 de Agosto de 2012. Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina. Serie C No. 246

Ponente:Macaulay
Fecha de Resolución:31 de Agosto de 2012
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Furlan y Familiares Vs. Argentina
Acto:Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
Solicitante:Argentina

VOTO CONCURRENTE DE LA JUEZA M.M.M. EN EL CASO FURLAN Y FAMILIARES VS. ARGENTINA

He votado por la adopción de esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Furlan y Familiares vs. Argentina. Sin embargo, quiero presentar en este voto concurrente mi opinión sobre la posibilidad de resolver parte del conflicto desde una perspectiva que contempla la justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales y culturales bajo el alcance del artículo 26 de la Convención Americana. Aunque estoy de acuerdo con la decisión de la Corte, deseo analizar el tema de la obligación de respetar y garantizar el derecho a la salud y a la seguridad social, con el fin de contribuir a las discusiones futuras que tendrá la Corte en relación con este tema.

El capítulo III de la Convención Americana se titula “Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. Este capítulo incluye el artículo 26 como su única cláusula, llamada “Desarrollo Progresivo”:

Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

La jurisprudencia de la Corte ha establecido criterios específicos que le permiten obtener un entendimiento del alcance de la referencia que hace el artículo 26 a las normas “contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires.” De hecho, en la opinión consultiva sobre el alcance de la Declaración Americana, la Corte indicó que los “los Estados Miembros han entendido que la Declaración” Americana de los Derechos y Deberes del Hombre “contiene y define aquellos derechos humanos esenciales a los que la Carta se refiere, de manera que no se puede interpretar y aplicar la Carta de la Organización en materia de derechos humanos, sin integrar las normas pertinentes de ella con las correspondientes disposiciones de la Declaración”[1]. En relación al presente caso la Declaración Americana contiene estándares sobre el derecho a la salud y el derecho a la seguridad social[2].

Adicionalmente, la Declaración Americana indica en el Artículo XI que toda persona tiene el derecho “a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad”. El Artículo 45 de la Carta de la OEA requiere que los Estados Miembros “dedi[quen] sus máximos esfuerzos [… para el] [d]esarrollo de una política eficiente de seguridad social”. Adicionalmente, el Artículo XVI de la Declaración Americana indica que “[t]oda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia”.

Por otra parte, la Corte ha mencionado las diferentes obligaciones que se derivan de estos derechos dentro del marco de la Convención Americana. La Corte ha...

To continue reading

Request your trial