Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 31 de Agosto de 2012. Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina. Serie C No. 246

Fecha de Resolución:31 de Agosto de 2012
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Furlan y Familiares Vs. Argentina
Acto:Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
Solicitante:Argentina
 
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CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Caso FURLAN Y FAMILIARES Vs. ARGENTINA

SENTENCIA DE 31 DE AGOSTO DE 2012

(Excepciones Preliminares, Fondo, R. y Costas)

En el caso F. y familiares,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces[1]:

D.G.-Sayán, P.;

M.E.V.R., V.;

M.M.M., J.;

R.A.B., J.;

A.P.P., J., y

E.V.G., J.;

presentes además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 31, 32, 42, 65 y 67 del Reglamento de la Corte[2] (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia que se estructura en el siguiente orden:

Tabla de Contenido

I Introducción de la Causa y OBJETO DE LA CONTROVERSIA 4

II PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE 4

III excepciones preliminares 7

A) “Excepción preliminar de falta de agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna” 8

  1. Incompetencia ratione materiae de la Corte Interamericana para considerar los argumentos relativos a las consecuencias de la aplicación de la ley 23.982 de régimen de consolidación de deudas 11

  2. “Excepción preliminar relativa a la violación del derecho de defensa del Estado argentino durante la sustanciación del caso ante la [Comisión Interamericana]” 15

    IV COMPETENCIA 20

    V PRUEBA 20

    A) Prueba documental, testimonial y pericial 20

    B) Admisión de la prueba 21

    B.1) Admisión de la prueba documental 21

    B.2) Admisión de las declaraciones de presuntas víctimas, y de la prueba testimonial y pericial 21

    VI hechos 22

    A) El accidente de Sebastián Furlan 22

    B) Proceso civil por daños y perjuicios y el cobro de la indemnización 25

    B.1) La integración de la demanda 26

    B.2) La determinación de la parte demandada 26

    B.3) El proceso a partir de la notificación de la demanda al Estado Mayor General del Ejército 28

    B.4) Los peritajes médicos oficiales sobre S.F. 32

    B.5) Sentencias de primera y segunda instancia 34

    B.6) El cobro de la indemnización 35

  3. Proceso penal llevado a cabo en contra de Sebastián Furlan 36

    D) Asistencia médica, psicológica y psiquiátrica a S.F. y su familia 38

    E) Pensión otorgada a Sebastián Furlan 39

    F) Estado actual de S.F. 41

    VII INTEGRIDAD PERSONAL, GARANTÍAS JUDICIALES, PROTECCIÓN JUDICIAL, DERECHO A LA PROPIEDAD Y ACCESO A LA JUSTICIA EN RELACION CON LOS DERECHOS DEL NIÑO, LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EL DERECHO A LA IGUALDAD 42

    A) Consideración previa sobre mayoría de edad de Sebastián Furlan 42

    B) Consideraciones previas sobre los derechos de los niños y las niñas, y las personas con discapacidad 43

    B.1) Derechos de las niñas y los niños 43

    B.2) Niñas y niños, y personas con discapacidad 44

    C) Plazo razonable 49

    C.1) Marco temporal del proceso 49

    C.2) Complejidad del asunto 51

    C.3) Actividad procesal del interesado 53

    C.4) Conducta de las autoridades 57

    C.5) Afectación jurídica de la parte interesada e impactos en la integridad personal 62

    C.6) Conclusión sobre plazo razonable 66

    D) Protección judicial y derecho a la propiedad 66

    E) Otras garantías judiciales 72

    E.1) Derecho a ser oído 72

    E.2) Falta de participación del asesor de menores 75

    F) Derecho a la integridad personal y acceso a la justicia de los familiares de Sebastián Furlan 78

  4. Conclusión general sobre el acceso a la justicia, el principio de no discriminación y el derecho a la integridad personal de Sebastián Furlan 85

    VIII REPARACIONES 86

    A) Parte lesionada 87

    B) Medidas de reparación integral: rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición 88

    B.1) Medidas de rehabilitación 89

    B.2) Medidas de satisfacción 93

    B.3) Garantías de no repetición 93

  5. Indemnizaciones compensatorias 99

    C.1) Daño material 99

    C.2) Daño inmaterial 101

  6. Costas y gastos 102

  7. Reintegro de los gastos al fondo de asistencia legal de víctimas 103

  8. Modalidades de cumplimiento de los pagos ordenados 104

    XI PUNTOS RESOLUTIVOS 104

    I

    Introducción de la Causa y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

    El 15 de marzo de 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o la “Comisión”), de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención, sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana el caso S.F. y familia contra la República Argentina (en adelante “el Estado” o “Argentina”). La petición inicial fue presentada ante la Comisión Interamericana el 18 de julio de 2001 por el señor D.F. en representación de su hijo S.C.F. (en adelante “Sebastián Furlan” o la “presunta víctima”).

    El 2 de marzo de 2006 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 17/06 y el 21 de octubre de 2010 emitió el Informe de Fondo No. 111/10, de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana[3]. Posteriormente, la Comisión Interamericana consideró que el Estado no había dado cumplimiento a las recomendaciones del Informe de Fondo, por lo que decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana. La Comisión Interamericana designó como delegados a L.P.M., C., y a su Secretario Ejecutivo, S.A.C., y como asesoras legales a las señoras E.A.-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, K.I.Q.O., F.G.L. y M.C.P., abogadas de la Secretaría Ejecutiva.

    De acuerdo a la Comisión, el presente caso se relaciona con la alegada responsabilidad internacional del Estado por la “falta de respuesta oportuna por parte de las autoridades judiciales argentinas, quienes [habrían] incurr[ido] en una demora excesiva en la resolución de una acción civil contra el Estado, de cuya respuesta dependía el tratamiento médico de la [presunta] víctima, en su condición de niño con discapacidad”. La Comisión solicitó a la Corte que declare la violación de los artículos 8.1 (Garantías Judiciales) y 25.1 (Protección Judicial), en relación con el artículo 1.1 (Obligación de respetar los derechos) de la Convención Americana en perjuicio de S.F. y D.F.. Asimismo, requirió que se declare la vulneración del artículo 25.2.c (Protección Judicial) en relación con el artículo 1.1 (Obligación de respetar los derechos) de la Convención, en perjuicio de S.F.. Además, alegó la vulneración de los artículos 5.1 (Derecho a la Integridad Personal) y 19 (Derechos del Niño) en relación con el artículo 1.1 (Obligación de respetar los derechos) de la Convención Americana en perjuicio de S.F.. Igualmente, solicitó que se declare la violación del artículo 5.1 (Derecho a la Integridad Personal), en relación con el artículo 1.1 (Obligación de respetar los derechos) de la Convención en perjuicio de D.F., S.F., C.E.F. y S.E.F.. Por último, de acuerdo con el artículo 35.1.g del Reglamento, en su escrito de sometimiento la Comisión requirió al Tribunal que ordenara al Estado la adopción de medidas de reparación.

    II

    PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

    El 5 de abril de 2011, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”) informó al señor D.F., quien actuaba en representación de S.F. y sus familiares, que el artículo 37 del Reglamento del Tribunal consagra la figura del Defensor Interamericano, según la cual, “[e]n casos de presuntas víctimas sin representación legal debidamente acreditada, el Tribunal podrá designar un Defensor Interamericano de oficio que las represente durante la tramitación de caso”[4].

    El 15 de abril de 2011 el señor D.F. manifestó su “necesidad de ser representado” ante el Tribunal “por el Defensor Interamericano que se [le] designe”[5]. En consecuencia, en esa misma fecha se trasladó esta solicitud de asistencia legal a la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (en adelante “AIDEF”), teniendo en cuenta lo dispuesto en el Acuerdo de Entendimiento entre la Corte Interamericana y dicha Asociación[6]. El 25 de abril de 2011 la AIDEF informó que los defensores interamericanos M.F.L.P. (Argentina) y A.M. (Uruguay) fueron designados como representantes de las presuntas víctimas (en adelante “los representantes”) para ejercer su representación legal en el presente caso.

    El sometimiento del caso fue notificado al Estado y a los representantes el 23 de mayo de 2011. El 26 de julio de 2011 los representantes presentaron ante la Corte su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”), conforme al artículo 40 del Reglamento del Tribunal. Los representantes coincidieron, en general, con las violaciones alegadas por la Comisión Interamericana y añadieron la presunta violación de los siguientes artículos de la Convención Americana: 8.2.e (Garantías Judiciales), 21 (Derecho a la Propiedad Privada), y 26 (Desarrollo Progresivo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales), en relación con los artículos 1.1 y 2 (Obligación de Respetar los Derechos y Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) en perjuicio de S.F. y su familia[7]. Asimismo, los representantes solicitaron acogerse al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana (en adelante “el Fondo de Asistencia Legal” o “el Fondo”) “tanto para el abordaje específico de [la] defensa en el proceso internacional, como para los gastos que demand[ara] la intervención de los Defensores Interamericanos”.

    El 28 de octubre de 2011 Argentina presentó ante la Corte su escrito de contestación al escrito de sometimiento y de observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “escrito de contestación” o “contestación”). En dicho escrito, el Estado interpuso tres excepciones preliminares, a saber: i) “[f]alta de agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna”; ii) “[i]ncompetencia ratione materiae [del Tribunal] para considerar los argumentos relativos a las consecuencias de la aplicación de la Ley 23.982 de régimen de consolidación de deudas”, y iii) “[v]iolación del derecho de defensa del Estado argentino durante la sustanciación del caso ante la Comisión Interamericana”...

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