Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de Noviembre de 2011. Caso Familia Barrios Vs. Venezuela. Serie C No. 237

Fecha de Resolución:24 de Noviembre de 2011
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Familia Barrios Vs. Venezuela
Acto:Fondo, Reparaciones y Costas

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO FAMILIA BARRIOS VS. VENEZUELA

SENTENCIA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2011

(Fondo, R. y Costas)

En el caso F.B.,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes Jueces:

D.G., P.; L.A.F., V.; M.E.V.R., J.; M.M.M., J.; R.A.B., J.; A.P.P., J., y E.V.G., J.;

presentes, además,

P.S.A., S., y E.S.R., Secretaria Adjunta,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 31, 32, 65 y 67 del Reglamento de la Corte1 (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.

I - INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

  1. El 26 de julio de 2010, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana y 35 del Reglamento de la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la jurisdicción de la Corte el caso “Familia Barrios” en contra de la República Bolivariana de Venezuela (en adelante “el Estado” o “Venezuela”), originado en dos peticiones presentadas el 16 de marzo de 2004 y el 30 de diciembre de 2005 por la señora E.B., el señor L.A., en calidad de director de la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del estado Aragua y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “Comisión de Justicia y Paz” o “Comisión de Aragua”, y “CEJIL”, respectivamente). La Comisión Interamericana adoptó el 25 de febrero de 2005 el Informe de Admisibilidad No. 23/05 respecto de la petición de 16 de marzo de 20042 y, el 17 de enero de 2009, el Informe de Admisibilidad No. 01/09 respecto de la petición de 30 de diciembre de 20053. Posteriormente, el 7 de enero de 2010, la Comisión acumuló la tramitación de ambos casos y el 16 de marzo de 2010 aprobó el Informe de Fondo No. 11/10 (en adelante “Informe de Fondo”), en los términos del artículo 50 de la Convención, en el cual realizó una serie de recomendaciones al Estado4. Este último informe fue notificado a Venezuela el 26 de abril de 2010 y se le concedió un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Ante la falta de presentación de información por parte del Estado, la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte. La Comisión designó como delegados al Comisionado P.S.P. y a su Secretario Ejecutivo, S.A.C., y como asesores legales a su Secretaria Ejecutiva Adjunta, E.A. y a S.S.G., abogada de la Secretaría Ejecutiva.

  2. Según indicó la Comisión Interamericana, el presente caso se refiere a la alegada responsabilidad internacional del Estado por la “necesidad de obtención de justicia de la familia B. que […] ha sido [presuntamente] sometida a una grave persecución por parte de la Policía del [e]stado Aragua. Como parte [de ella], cinco miembros de la familia B. ha[brían] perdido la vida, varias personas ha[brían] sido detenidas y sometidas a allanamientos ilegales y arbitrarios, ha[brían] sufrido amenazas contra su vida e integridad personal y se ha[brían] visto obligadas a desplazarse de su lugar de residencia”. Asimismo, indicó que las supuestas violaciones a los derechos humanos habrían afectado también a niños y niñas y que permanecerían en la impunidad. La Comisión añadió que los hechos del presente caso “se enmarcan en un contexto más general de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela”. Además, resaltó que “la mayoría de los hechos violatorios a la vida e integridad personal de las [presuntas] víctimas ocurrieron cuando los órganos del [S]istema [I]nteramericano ya habían solicitado la protección de la familia B. a través de mecanismos de medidas cautelares o de medidas provisionales”. No obstante, indicó que el Estado no ha dispuesto medidas de protección efectivas, por lo cual “la familia B. continúa sometida a la situación de riesgo y desprotección que favoreció […] las [presuntas] violaciones de derechos humanos en su perjuicio”.

  3. Con base en lo anterior, la Comisión Interamericana solicitó al Tribunal que declare que el Estado es responsable por la violación de los derechos reconocidos en los siguientes artículos de la Convención Americana: 4 (derecho a la vida), 5 (integridad personal), 7 (libertad personal), 8 (garantías judiciales), 11 (protección a la vida privada y familiar), 19 (derechos del niño), 21 (derecho a la propiedad privada), 22 (derecho de circulación y de residencia) y 25 (protección judicial), en relación con la obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los miembros de la familia B. indicados en el anexo al Informe de Fondo5. Adicionalmente, la Comisión Interamericana solicitó al Tribunal que ordene al Estado determinadas medidas de reparación.

  4. El sometimiento del caso por parte de la Comisión fue notificado a los representantes y al Estado el 21 de octubre de 2010. El 25 de diciembre de 2010 la Comisión de Justicia y Paz, CEJIL y el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (en adelante “COFAVIC”), organizaciones representantes de las presuntas víctimas (en adelante “los representantes”), remitieron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”), en los términos de los artículos 25 y 40 del Reglamento. Los representantes coincidieron, en general, con las violaciones alegadas por la Comisión Interamericana y añadieron la supuesta violación de los siguientes artículos de la Convención Americana: a) 17 (derecho a la familia), en perjuicio de todos los miembros de la familia B.; b) 8, 13 y 25 (en su alegada dimensión de derecho a la verdad), en perjuicio de todos los miembros de la familia B. y de la sociedad venezolana; c) 63.2 en relación con el incumplimiento de las medidas de protección en situaciones de extrema gravedad y urgencia, y d) 44 debido a la supuesta vulneración al derecho de petición en perjuicio de las cuatro presuntas víctimas ejecutadas que eran beneficiarias de medidas de protección al momento de su muerte; todos en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento. Asimismo, alegaron la presunta violación de los artículos 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante también “la Convención contra la Tortura”), en perjuicio de dos integrantes de la familia B.. Finalmente, solicitaron al Tribunal que ordene al Estado la adopción de diversas medidas de reparación y el pago de costas y gastos procesales, y manifestaron que las presuntas víctimas deseaban acogerse al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Fondo de Asistencia Legal”).

  5. El 24 de marzo de 2011 el Estado presentó su escrito de contestación a los escritos de sometimiento del caso y de solicitudes y argumentos (en adelante “escrito de contestación”)6. En dicho escrito Venezuela rechazó su responsabilidad internacional por la violación de los derechos alegados por la Comisión y por los representantes y requirió a la Corte que: a) “declare sin lugar el Informe [de Fondo] No. 11/10”, así como las solicitudes de reparaciones y costas en él contenidas; b) desestime las solicitudes, argumentos y pruebas hechas valer ante el Tribunal por E.B. y sus familiares y, en consecuencia, no se condene al Estado a las reparaciones y costas solicitadas por los representantes, y c) inste a la Comisión a “dejar sin efecto los planteamientos, conclusiones y recomendaciones contenidas en el Informe [de Fondo] No. 11/10”. Finalmente, el Estado designó como agente al señor G.S.N..

  6. Con posterioridad a la presentación del Informe de Fondo, la Comisión Interamericana comunicó al Tribunal los siguientes supuestos hechos supervinientes relacionados con tres de las presuntas víctimas en el presente caso quienes, a su vez, eran beneficiarias de medidas provisionales: a) el 18 de octubre de 2010 informó sobre el presunto asesinato de W.J.F.B., ocurrido el 1 de septiembre de 2010; b) el 13 de enero de 2011 informó sobre el supuesto atentado sufrido por N.C.B. el 2 de enero de 2011, y c) el 30 de mayo de 2011 informó sobre el alegado asesinato de J.J.B., ocurrido el 28 de mayo de 2011. Estos hechos fueron puestos en conocimiento de los representantes y del Estado mediante comunicaciones de 1 de noviembre de 2010, y de 24 de enero y 2 de junio de 2011, respectivamente, en las cuales siguiendo instrucciones del Presidente del Tribunal (en adelante también “el Presidente”), se indicó a las partes que podrían remitir las observaciones que estimaran pertinentes.

    II PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

  7. Luego de la presentación de los escritos principales (supra párrs. 1, 4 y 5), entre otros remitidos por las partes, el Presidente ordenó, mediante Resolución de 1 de junio de 2011, recibir las declaraciones rendidas ante fedatario público (en adelante “affidávit”) de 17 presuntas víctimas propuestas por los representantes y los dictámenes de cuatro peritos, dos de ellos propuestos por los representantes, uno propuesto por el Estado y otro convocado de oficio por el Presidente, respecto de los cuales las partes tuvieron la oportunidad de formular observaciones. Asimismo, el P. convocó a las partes a una audiencia pública para recibir las declaraciones de una presunta víctima propuesta por los representantes, de un testigo propuesto por el Estado, los dictámenes de dos peritos propuestos por los representantes y por la Comisión, así como los alegatos finales orales de los representantes y del Estado y las observaciones finales orales de la Comisión sobre el fondo, las reparaciones y las costas. Finalmente, en su Resolución el P. determinó el destino del apoyo económico brindado mediante el Fondo de Asistencia Legal y ordenó que se abriera un expediente de gastos para...

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