Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de Noviembre de 2008. Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Serie C No. 191

Fecha de Resolución:27 de Noviembre de 2008
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia
Acto:Fondo, Reparaciones y Costas
Solicitante:Brasil

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia

Sentencia de 27 de noviembre de 2008

(Fondo, R. y Costas)

En el caso T.E. y otros,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:

C.M.Q., P.;

D.G.-Sayán, V.;

S.G.R., J.;

M.E.V.R., J.;

L.A.F., J.;

M.M.M., J.; y

R.A.B., J.;

presente, además,

P.S.A., Secretario(;

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 29, 31, 53.2, 55, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.

I

Introducción de la Causa y Objeto de la Controversia

  1. El 8 de agosto de 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) presentó ante la Corte, de conformidad con los artículos 50 y 61 de la Convención Americana, una demanda en contra de la República de Bolivia (en adelante “el Estado” o “Bolivia”), la cual se originó en la denuncia No. 12.527 remitida a la Secretaría de la Comisión el 9 de agosto de 2004 por el Defensor del Pueblo de Bolivia (en adelante el “representante” o “el Defensor del Pueblo”). El 12 de octubre de 2005 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 45/05[1] y el 26 de octubre de 2006 aprobó el Informe de Fondo No. 112/06[2], en los términos del artículo 50 de la Convención, el cual contiene determinadas recomendaciones, que en concepto de la Comisión no fueron adoptadas de manera satisfactoria por parte del Estado, razón por la cual el 27 de julio de 2007 decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte. La Comisión designó como D. a los señores F.M., Comisionado, y a S.A.C., Secretario Ejecutivo, y como asesores legales a los abogados, E.A.-Mershed, Secretaría Ejecutiva Adjunta y a D.B., M.C.R. y S.S., especialistas de la Secretaría Ejecutiva.

  2. La demanda se refiere a la alegada desaparición forzada de R.T. Estrada (en adelante “R.T.”, “señor T.E.” o “la víctima”) a partir del 22 de julio de 1980, fecha en que fue detenido por una patrulla del ejército cuando se encontraba en compañía de su hermano H.T.E. (en adelante “H.T.” o “H.”) en cercanías al puesto de control de Cala-Cala en Oruro, Bolivia; a la alegada impunidad en que se encuentran tales hechos a más de 27 de años de ocurridos los mismos, así como a la prolongada denegación de justicia que han vivido los familiares de R.T.; y a la alegada falta de reparación a dichos familiares por los daños producidos como consecuencia de la pérdida de un ser querido. Por otro lado, la Comisión manifestó que dado que la Corte no tiene competencia temporal para conocer de la detención ilegal y arbitraria y de las torturas sufridas por H.T. en el año 1980, no incluyó en el objeto de la demanda la alegación de estas violaciones. Sin embargo, sí incluyó la alegada denegación de justicia de la que fue supuestamente víctima H.T. a partir de la fecha en que el Estado reconoció la competencia de la Corte, por las alegadas violaciones.

  3. En su demanda la Comisión solicitó que este Tribunal concluya y declare que el Estado violó los derechos de R.T. consagrados en los artículos 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica), 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, así como los artículos I, III y XI de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (en adelante “CIDFP”). De igual forma, la Comisión solicitó que se declare que Bolivia ha vulnerado los derechos consagrados en los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en perjuicio de los familiares de R.T., específicamente de sus padres, M.H.E.F. de Ticona (en adelante “Honoria Estrada de Ticona”) y C.T.O., así como sus hermanos, H.T., B.T. Estrada (en adelante “B.T.”) y R.T. Estrada (en adelante “Rodo Ticona”). Todo lo anterior, en relación con las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos contenidas en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos). Asimismo, la Comisión consideró que el Estado incumplió con el deber de adoptar las normas internas conforme al contenido del artículo 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la Convención Americana, en relación con los artículos I y III de la CIDFP. Finalmente, solicitó que se ordenaran determinadas medidas de reparación.

  4. El 31 de octubre 2007 el señor W.A.S., Defensor del Pueblo de Bolivia, en su condición de representante de los familiares de las presuntas víctimas (en adelante “el representante”)[3] presentó su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”), en los términos del artículo 23 del Reglamento. Respecto a los fundamentos de hecho se adscribió a los expresados por la Comisión en la demanda, aunque enfatizó y complementó algunos de los puntos contenidos en ella. Igualmente, se adscribió a los fundamentos de derecho expresados en la demanda y las consecuentes violaciones señaladas en ésta. Además, concluyó que el Estado no ha realizado esfuerzos para localizar los restos de R.T. y que no ha conducido una investigación seria y efectiva en relación con el proceso penal dirigido al esclarecimiento de la desaparición forzada de R.T.. En virtud de ello, solicitó a la Corte que ordene al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación.

  5. El 29 de enero de 2008 el Estado presentó su escrito de contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “contestación de la demanda”), en el cual indicó que se adscribía plenamente a los fundamentos de hecho expresados por la Comisión y por el representante. Sin embargo, agregó que “desea[ba] enfatizar algunos aspectos y realizar complementaciones sobre algunos hechos expuestos por la Comisión” y por el representante. En cuanto a los fundamentos de derecho, el Estado reconoció su responsabilidad internacional sobre los derechos contemplados en los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos), 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica), 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, y los artículos I, III y XI de la CIDFP, en perjuicio de R.T., y los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) del mismo tratado, en perjuicio de Honoria Estrada de Ticona, C.T.O., H., B. y Rodo, de apellidos T.E., todos expresados por la Comisión Interamericana, a los cuales se adscribió el Defensor del Pueblo. Sin embargo, el Estado dejó constancia que no se allanaba a “las reparaciones solicitadas por los patrocinantes de la familia” y comunicó a la Corte que era de su interés entrar en un proceso de solución amistosa con las presuntas víctimas a efecto de resolver el presente caso. El 7 de noviembre de 2007 el Estado designó como Agente al Embajador de Bolivia en Costa Rica señor M.C.C. y al Primer Secretario señor V.Á.M.W. como Agente Alterno.

  6. Los días 25 y 26 de marzo de 2008, respectivamente, el representante y la Comisión presentaron sus observaciones al reconocimiento de responsabilidad internacional realizado por el Estado.

    II

    Procedimiento ante la Corte

  7. La demanda de la Comisión fue notificada al Estado[4] y al representante el 28 de septiembre de 2007. Durante el proceso ante este Tribunal, la Presidenta de la Corte (en adelante “la Presidenta”) ordenó recibir, a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit)[5] cuatro declaraciones testimoniales y tres dictámenes periciales[6] propuestos por la Comisión Interamericana y el representante, así como un dictamen pericial propuesto únicamente por el representante, respecto de los cuales las partes tuvieron oportunidad de presentar observaciones. Además, considerando las circunstancias particulares del caso, la Presidenta convocó a la Comisión Interamericana, al representante y al Estado a una audiencia pública para escuchar la declaración de una presunta víctima. El 17 de julio de 2008 el Estado presentó sus observaciones a las declaraciones presentadas por la Comisión y el representante y, entre otros, objetó algunos puntos contenidos en éstas y solicitó a la Corte que se ampliaran los referidos testimonios, para lo cual remitió un cuestionario con diez preguntas. El 18 de julio de 2008 esta Secretaría, siguiendo instrucciones de la Presidenta, solicitó a la Comisión y al representante observaciones al respecto, las cuales fueron recibidas los días 25 y 29 de julio de 2008, respectivamente. El 1 de agosto de 2008 mediante comunicación de la Secretaría, siguiendo instrucciones de la Presidenta, se indicó a las partes que “una vez que las declaraciones y dictámenes rendidos ante fedatario público (affidávit) son recibidos, estos son transmitidos a las partes a fin de que éstas presenten las observaciones que estimen pertinentes, preservando así el derecho de defensa. Dichas declaraciones tienen valor de prueba documental. En el presente caso, el Estado ejerció dicho derecho a través de las observaciones presentadas el 17 de julio de 2008”. Además, en dicha comunicación se señaló que “[a]l haberse emitido ya las declaraciones, las cuales fueron recibidas en la Secretaría […], la Presidencia estim[ó] extemporánea la solicitud realizada por el […] Estado”.

  8. La referida audiencia pública fue celebrada el 13 de agosto de 2008, durante el XXXV Período Extraordinario de Sesiones de la Corte, en la Ciudad de...

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