El estatuto jurídico de la IATA en España. sí, ¿por qué no? pero así, no

• Author: Xavier Pons Rafols
• Position: Universitat de Barcelona
• Pages: 283-291

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 283

REDI, vol. LXII (2010), 1

tancia comercial, económica y también política del área. A la luz de las disposiciones

sustantivas y procesales previstas en su articulado puede af‌irmarse que el acuerdo

concluido con Libia reúne las propiedades características de la segunda generación

de APPRI españoles. Más en particular, por lo que se ref‌iere a las cuestiones medioam-

bientales, este acuerdo reconoce por primera vez en la política convencional española

un expediente que forma parte de la práctica arbitral en el marco del CIADI. El APPRI

con Libia, en otro plano, evidencia la necesidad de def‌inir el alcance de esta compe-

tencia en el marco del Tratado de Lisboa con el objeto de evitar tanto las aproximacio-

nes particularistas como las soluciones convencionales asimétricas alcanzadas hasta

ahora por los Estados miembros de la Unión Europea con terceros sujetos.

Francisco José Pa s c u a l Vi V e s

Universidad de Alicante

2. EL ESTATUTO JURÍDICO DE LA IATA EN ESPAÑA. SÍ, ¿POR QUÉ NO?

PERO ASÍ, NO

1. En el Boletín Of‌icial del Estado del 3 de julio de 2009 se publicó el Acuerdo

entre el Reino de España y la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA)

relativo al estatuto de la IATA en España, hecho en Madrid el 5 de mayo de 2009. Este

Acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en su art. 12.1, se aplicó provisionalmente

desde la fecha de su f‌irma. Posteriormente, se publicó también la comunicación re-

lativa a la entrada en vigor de dicho Acuerdo, que tuvo lugar el 27 de noviembre de

2009, fecha en la que se verif‌icó el intercambio de los instrumentos acreditativos del

cumplimiento de los trámites, según se establece en su art. 12.2 (BOE de 7 de enero

de 2010). Se trata, aparentemente, de uno más de los clásicos acuerdos de sede que

España celebra con organizaciones internacionales que tienen una sede —ya sea la

principal o la de un órgano subsidiario— en nuestro país o, de manera más regular,

de los acuerdos con organizaciones internacionales en relación con la celebración en

nuestro país de reuniones internacionales auspiciadas por ellas. Entiendo, sin embar-

go, que más allá del contenido concreto del Acuerdo —sobre el que volveré—, la natu-

raleza jurídica de una de las partes contratantes —la IATA— suscita suf‌iciente interés

como para que dicho Acuerdo merezca un análisis más profundo y quepa plantear

fundadas dudas jurídicas sobre la conveniencia de utilizar un instrumento de Dere-

cho internacional —como es un tratado internacional— para especif‌icar y regular el

estatuto jurídico de la IATA en España.

2. Al respecto, cabe señalar inicialmente que la IATA, como bien reconoce en

su preceptivo dictamen el Consejo de Estado (véase el texto del Dictamen emiti-

do por la Comisión Permanente del Consejo, Dictamen número 388/2009, de 7 de

mayo de 2009, disponible en http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos_ce/doc.

php?coleccion=ce&id=2009-388), «no es una organización intergubernamental sino

una asociación de Derecho privado», creada en La Habana en abril de 1945 (con

algunos precedentes asociativos de la época de entreguerras, véase leg r e z , F., «Les

conditions générales de transport de l’IATA», Recueil des Cours, 1972.I, vol. 135, en

especial pp. 445 y ss.), con sede en Montreal, y que tiene reconocido el estatuto de

cooperativa con arreglo al Derecho canadiense (mediante la correspondiente Act of

Incorporation de 18 de diciembre de 1945, disponible en http://www.iata.org/about/

Documents/Chapter%201%20English%20AoI.pdf). En este sentido, conviene subrayar

claramente que los miembros de la IATA no son Estados ni instituciones gubernamen-

tales sino empresas privadas, concretamente compañías de transporte aéreo (desde

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