Estatuto internacional del Estado.

Autor:Javier A. González Vega
Páginas:353-371

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2001-11

ESTATUTO INTERNACIONAL DEL ESTADO.-Inmunidad de jurisdicción y ejecución del Estado y de sus órganos.-Inmunidad de jurisdicción del Estado: alcance restringido de la inmunidad.-Condición del cónsul honorario como órgano del Estado: Reclamación laboral contra la RF de Alemania.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-El artículo 191 c) de la Ley de Procedimiento Laboral recoge, como motivo para la interposición del recurso de suplicación, el examen de las normas sustantivas o de la Jurisprudencia, debiendo entenderse el término norma en sentido amplio, esto es, como toda norma jurídica general que traiga su origen de autoridad legítima dentro del Estado (incluyendo la costumbre acreditada, las normas convencionales y los Tratados Internacionales ratificados y publicados en el «Boletín Oficial del Estado»).

(...)

Segundo.-Con amparo en el precitado artículo 191 c) de la Ley de Procedimiento Laboral, impugna el recurrente la Sentencia de instancia, alegando la infracción de lo dispuesto en los artículos 16 y siguientes de la Convención Europea sobre Inmunidad de los Estados, alegando que esta representación ya hizo advertencia, como cuestión previa a la iniciación del procedimiento e igualmente dentro del acto de la vista, que la Embajada de la República Federal de Alemania no podía ser demandada por falta de personalidad jurídica propia, así como que debió haberse formulado demanda, en su caso, contra la República Federal, lo que debió hacerse a través de los cauces previstos en las normas cuya infracción ha denunciado.

Con base en todo ello, el recurrente solicita la declaración de nulidad del procedimiento.

Debemos recordar en este momento que la República Federal de Alemania ya compareció en el procedimiento, concretamente al acto del juicio oral, por más que en el Acta del mismo se haga constar la comparecencia de su Embajada. Nótese que en la primera página de dicha Acta (folio 30 de los autos) se reseña la comparecencia de la Embajada de la República Federal de Alemania, actuando en su nombre el letrado Jorge

  1. M., quien exhibe poder, resultando que, posteriormente, tanto en el escrito de 24 de abril de 1999 (folio 298 de las actuaciones), como en el escrito de recurso de suplicación, ambos presentados por el citado letrado señor A., en nombre y representación de la República Federal de Alemania, según tiene acreditado en los autos por despido núm. 14/1999 del Juzgado de lo Social núm. 2 de Gipuzkoa. Es decir, que el poder exhibido en el acto del juicio oral es el que ahora se reseña como poder para actuar en representación de la República (no hay ningún otro poder reseñado en los autos), lo que supone que el letrado señor A. actuó en representación del Estado en cuestión y no de la Embajada en concreto. Ello alcanza relieve en este momento si tenemos en cuenta, por tanto, que, comparecida realmente la República Federal de Alemania al acto del juicio Page 354 oral, la misma hizo ciertamente manifestación sobre la falta de personalidad jurídica de la Embajada, y la incorrección de la citación sin que ello suponga una excepción (folio 32 vuelto de los autos), lo que supone que no se hizo valer formalmente como excepción procesal tal alegación.

Así, comparecida la ahora recurrente, y no habiendo opuesto formal excepción en el acto del juicio oral sobre tales extremos, no cabe que ahora, en fase de recurso de suplicación se pretenda la adopción de una medida tan traumática como la nulidad de lo actuado, por lo que este motivo del recurso ha de ser desestimado.

A mayor abundamiento, hemos de señalar que la citada Convención Europea sobre Inmunidad de los Estados, adoptada en Basilea el 16 de mayo de 1972, lo fue sin la participación del Estado español, sin que conste su posterior ratificación, según lo pone de relieve la Sentencia del Tribunal Constitucional 107/1992, de 1 de julio), y sin que conste que, a partir de dicha fecha, se hubiese incorporado a nuestro derecho interno, en la forma prevenida en el artículo 96 de la Constitución, lo que impide su aplicación al supuesto que nos ocupa.

(...)

Quinto.-Con amparo en el artículo 191 c) LPL se denuncia por la recurrente Repú-blica Federal de Alemania la infracción de la Jurisprudencia que configura la responsabilidad solidaria por el llamado grupo de empresas, señalando los elementos que el Tribunal Supremo viene exigiendo para constatar su existencia, y manifestando que el codemandado señor S. no forma parte de la representación diplomática del Estado alemán en España, sino que tiene el status de Cónsul Honorario, contrayendo las obligaciones en su propio nombre y no como una extensión de la República Federal de Alemania. A ello añade que dicho cargo le habilita, a diferencia del de un embajador, únicamente para mediar en la colaboración entre los Estados alemán y español, y promover relaciones comerciales y culturales entre ambos, así como auxiliar a los nacionales del Estado alemán. Señala también que si el Cónsul demandado se identificara como parte del Estado alemán, debiera aplicársele el artículo 43 del Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares, de 24-4-1963 (BOE de 8-3-1970), con lo que gozaría de inmunidad de jurisdicción, y no estaría sujeto a los Tribunales españoles.

Analizaremos en primer lugar la cuestión referida a la pretendida inmunidad del Cónsul demandado, y, a continuación la referida al grupo de empresas.

A) El artículo 43 del Convenio de Viena precitado establece, en efecto, la inmunidad de jurisdicción para los funcionarios consulares y los empleados consulares, al señalar que éstos no estarán sometidos a la jurisdicción de las autoridades judiciales y administrativas del Estado receptor por los actos ejecutados en el ejercicio de las funciones consulares, precepto que es de aplicación al demandado, pese a su condición de Cónsul Honorario, pese a hallarse dentro del Capítulo II del Convenio, referido a los funcionarios consulares de carrera, toda vez que el artículo 58.2 lo extiende también a los de carácter honorario.

Las funciones consulares, por otra parte, vienen listadas en el artículo 5 del Convenio, siendo comunes a los cónsules de carrera y a los honorarios, toda vez que se halla situado en el capítulo I de la norma, referido a las relaciones consulares en general, apreciándose que se trata de funciones de protección del Estado que representa y de sus nacionales; de fomento del desarrollo de las relaciones entre los dos Estados, de información; de expedición de pasaportes y otros documentos a los nacionales del Estado Page 355 que envía; de prestación de ayuda y asistencia a esos mismos nacionales, de actuación como notario y funcionario de Registro Civil; de velar por los intereses de los nacionales del Estado que envía, siempre dentro de las leyes del Estado receptor; de representación de los nacionales de su Estado; de comunicación de decisiones judiciales y extrajudiciales y comisiones rogatorias; ejercicio de los derechos de control o inspección de buques y aeronaves y prestación de ayuda a los mismos; y el desempeño de otras funciones confiadas por el Estado que envía a la oficina consular.

Es claro, como antes se dijo, que el artículo 43 del Convenio sólo atribuye la inmunidad pretendida a los actos realizados en el ejercicio de las citadas funciones consulares, pero no a otras, y también resulta claro, en opinión de esta Sala, que de ningún modo constituye función consular inmune a la actuación de los Tribunales españoles la contratación laboral de personal al servicio del consulado ni las vicisitudes por las que tal contratación pudiera atravesar, por lo que esta alegación debe ser desestimada, al no concurrir la denunciada infracción.

B) La jurisprudencia del Tribunal Supremo, continuadora de la doctrina sentada en su Sentencia de 30 de junio de 1993, determina los elementos configuradores de la existencia de un grupo de empresas, elementos que, básicamente, son los siguientes: dirección unitaria; confusión patrimonial, incluida la de elementos o medios de producción; prestación de trabajo de manera indiferenciada a las empresas del grupo de manera simultánea o sucesiva; apariencia externa, aunque sea mínima, de unidad; y utilización abusiva de la forma jurídica, en perjuicio de los trabajadores, mediante la separación formal de responsabilidades.

En el presente caso, resulta evidente la inexistencia de un grupo empresarial, dado que no existen dos empresas diferenciadas vinculadas por ninguno de los nexos antedichos, sino que el Consulado, en realidad, forma parte del Estado que envía, en este caso, del alemán. De ahí los privilegios e inmunidades recogidos en la norma anteriormente comentada.

Ello viene reforzado, además, por el relato de hechos probados, en cuanto a la financiación del Consulado, toda vez que sus ingresos proceden, de un lado, de la aplicación de las tarifas consulares a los servicios prestados, de lo que semestralmente daba cuenta a la Embajada alemana (hecho probado tercero), y, de otro, de la aportación que la propia Embajada hacía a los costes de mantenimiento del Consulado.

Es por ello que, procediendo todos los ingresos del Consulado, bien del Estado alemán directamente, bien de la realización de funciones consulares en nombre de tal Estado, se debe concluir que la actora trabajaba para el Estado alemán, bien que en el Consulado demandado, por lo que, sin necesidad de acudir a la doctrina del grupo de empresas, por inexistencia de éste, resulta procedente la condena de la República Federal de Alemania por tener la condición de empleadora de la actora.

De ahí que, bien que por razonamientos distintos a los expuestos en la Sentencia recurrida, el fallo resulte ajustado a derecho, lo que motiva la desestimación de este último motivo del recurso y la confirmación de la Sentencia de instancia.

(...)

[Sentencia del TSJ (Sala de lo Social) del País Vasco de 30 de noviembre de 1999.

Ponente: Ilma. Sra. D.a Garbiñe Biurrun Mancisidor.]

F...

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