Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de Junio de 2015. Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Serie C No. 295

Fecha de Resolución:23 de Junio de 2015
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Espinoza Gonzáles Vs. Perú
Acto:Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
Solicitante:Perú

Corte Interamericana de Derechos Humanos

CASO ESPINOZA GONZÁLES VS. PERÚ

Sentencia de 23 DE junio DE 2015

(Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares,

Fondo, R. y Costas)

En el caso E.G. Vs. Perú,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes Jueces(:

H.A.S.P., P.;

R.F.C., V.;

M.E.V.R., J.;

A.P.P., J.;

E.V.G., J., y

E.F.M.-GregorP., J.;

presentes, además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta,

de conformidad con el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también “la Convención Americana” o “la Convención”) y el artículo 68 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), resuelve la solicitud de interpretación de la Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas emitida por este Tribunal el 20 de noviembre de 2014 en el presente caso (en adelante también “la Sentencia”), interpuesta el 18 de marzo de 2015 por el Estado del Perú (en adelante “el Estado peruano”, “el Estado” o “Perú”).

I

SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN

Y PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

El 20 de noviembre de 2014 la Corte emitió la Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas en el caso E.G.V.P., la cual fue notificada a las partes y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión” el 18 de diciembre del mismo año.

El 18 de marzo de 2015 el Estado sometió a la Corte una solicitud de interpretación, en relación con tres aspectos de la Sentencia, a saber: A) sobre si la Corte declaró una violación del derecho a la igualdad ante la ley; B) sobre la prohibición de emplear el principio de irretroactividad de la ley penal para excusarse de la obligación de investigar los hechos, y C) respecto a los motivos por los cuales se concluyó que el estereotipo identificado en el caso impactó directamente en la decisión de no investigar los hechos y sobre la educación y capacitación dirigida a los encargados de la persecución penal y su judicialización.

El 20 de marzo de 2015, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte, la Secretaría del Tribunal transmitió la referida comunicación a los representantes de las víctimas[1] y a la Comisión y les otorgó un plazo hasta el 20 de abril de 2015 para presentar los alegatos escritos que estimaran pertinentes.

El 16 de abril de 2015 la Comisión Interamericana presentó sus alegatos respecto de la solicitud de interpretación del Estado. En esa misma fecha, los representantes solicitaron una prórroga para remitir sus alegaciones. Mediante nota de la Secretaría de 17 de abril de 2015, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte, se concedió una prorroga a los representantes hasta el 4 de mayo de 2015, fecha en la cual remitieron sus alegatos escritos.

II

COMPETENCIA

El artículo 67 de la Convención establece que:

[e]l fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.

De conformidad con el artículo citado, la Corte es competente para interpretar sus fallos. Para realizar el examen de la solicitud de interpretación y resolver lo que a este respecto corresponda, el Tribunal debe tener, si es posible, la misma composición que tenía al dictar la Sentencia respectiva, de acuerdo con el artículo 68.3 del Reglamento. En esta ocasión, la Corte se integra con los jueces que dictaron la Sentencia cuya interpretación ha sido solicitada por el Estado.

III

ADMISIBILIDAD

Corresponde a la Corte verificar si la solicitud presentada por el Estado cumple con los requisitos establecidos en las normas aplicables a una solicitud de interpretación de Sentencia, a saber, el artículo 67 de la Convención, anteriormente citado, y el artículo 68 del Reglamento que dispone, en lo pertinente:

1. La solicitud de interpretación a que se refiere el artículo 67 de la Convención podrá promoverse en relación con las sentencias de excepciones preliminares, fondo o reparaciones y costas y se presentará en la Secretaría de la Corte indicándose en ella, con precisión, las cuestiones relativas al sentido o alcance de la sentencia cuya interpretación se pida.

[…]

4. La solicitud de interpretación no suspenderá la ejecución de la sentencia.

5. La Corte determinará el procedimiento que se seguirá y resolverá mediante una sentencia.

Asimismo, el artículo 31.3 del Reglamento establece que “[c]ontra las sentencias y resoluciones de la Corte no procede ningún medio de impugnación”.

La Corte observa que el Estado presentó su solicitud de interpretación de la Sentencia dentro del plazo de noventa días establecido en el artículo 67 de la Convención, ya que la misma fue notificada el 18 de diciembre de 2014. Por ende, la solicitud resulta admisible en lo que se refiere al plazo de su presentación.

IV

ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN

A continuación, la Corte analizará la solicitud del Estado para determinar si, de acuerdo a la normativa y a los estándares desarrollados en su jurisprudencia, procede aclarar el sentido o alcance de algún punto de la Sentencia.

Para analizar la procedencia de la solicitud del Estado, la Corte toma en consideración su jurisprudencia constante, claramente sustentada en el ordenamiento aplicable, en cuanto a que una solicitud de interpretación de sentencia no puede utilizarse como medio de impugnación de la decisión cuya interpretación se requiere. Dicha solicitud tiene como objeto, exclusivamente, determinar el sentido de un fallo cuando alguna de las partes sostiene que el texto de sus puntos resolutivos o de sus consideraciones carece de claridad o precisión, siempre y cuando esas consideraciones incidan en dicha parte resolutiva[2]. Por lo tanto, no se puede solicitar la modificación o anulación de la sentencia respectiva a través de una solicitud de interpretación[3].

Seguidamente, la Corte considerará cada una de las solicitudes de interpretación planteadas por el Estado, en el siguiente orden: A) sobre si la Corte declaró una violación del derecho a la igualdad ante la ley; B) sobre la prohibición de emplear el principio de irretroactividad de la ley penal para excusarse de la obligación de investigar los hechos, y C) respecto a los motivos por los cuales se concluyó que el estereotipo identificado en el caso impactó directamente en la decisión de no investigar los hechos y sobre la educación y capacitación dirigida a los encargados de la persecución penal y su judicialización.

Sobre si la Corte declaró una violación del derecho a la igualdad ante la ley

A.1. Argumentos de las partes y de la Comisión

El Estado señaló que, en el párrafo 215 de la Sentencia, se mencionó que los representantes invocaron la violación del derecho a la igualdad ante la ley reconocido en los artículos 24 y 1.1 de la Convención Americana debido a la violencia sexual a la que fue sometida la señora E.. Sin embargo, según el Estado, la Corte consideró en su Sentencia que “el haber sometido a la señora E. a dicha práctica generalizada constituye discriminación individualizada por su condición de mujer, en violación del artículo 1.1 de la Convención Americana en su perjuicio, en relación con los derechos a la integridad personal y a la honra y la dignidad establecidos en los artículos 5.1, 5.2 y 11 del mismo instrumento, y con las obligaciones establecidas en los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”. En esa línea, sostuvo que en el punto resolutivo 7 de la Sentencia la Corte indicó que el Perú “incumplió el deber de no discriminar, contenido en el artículo 1.1 de la Convención Americana, en relación con los derechos reconocidos en los artículos 5.1, 5.2 y 11 […]”.

Según el Estado, la Corte no señaló en sus conclusiones del capítulo VIII.3 ni en el punto resolutivo 7 de la Sentencia que se haya violado específicamente el artículo 24 de la Convención Americana, a pesar de haber sido invocado por los representantes y desarrollado por la Corte en su análisis del tema al que se refiere el citado capitulo VIII. 3 del Fallo. En consecuencia, el Estado solicitó a la Corte que aclare “sus consideraciones y conclusiones respecto a si los derechos vulnerados refleja el parecer de la Corte Interamericana, o si tal omisión respecto al artículo 24 de la Convención Americana se debió a un error material o de edición del documento por cuanto lo señalado en la [S]entencia no brinda claridad al respecto”. En atención a ello, el Estado consideró pertinente consultar si el punto resolutivo 7 de la Sentencia debe incluir también la violación del derecho reconocido en el artículo 24 de la Convención. Si no lo incluyera, el Estado solicitó precisar la razón por la cual no concluye su violación.

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