Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 6 de Julio de 2009. Caso Escher y otros Vs. Brasil. Serie C No. 200

Fecha de Resolución: 6 de Julio de 2009
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Escher y otros Vs. Brasil
Acto:Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
Solicitante:CIDH

Corte Interamericana De Derechos Humanos

Caso Escher y Otros vs. Brasil

Sentencia de 6 de julio de 2009

(Excepciones Preliminares, Fondo, R. y Costas)

En el caso E. y otros,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:

C.M.Q., P.;

D.G.-Sayán, V.;

S.G.R., J.;

M.E.V.R., J.;

L.A.F., J.;

M.M.M., J.;

R.A.B., J., y

R. de F.C., J. ad hoc;

presentes, además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 29, 31, 37.6, 56 y 58 del Reglamento de la Corte[1] (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.

I

INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

El 20 de diciembre de 2007, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la Corte una demanda contra la República Federativa de Brasil (en adelante “el Estado” o “Brasil”), la cual se originó en la petición presentada el 26 de diciembre de 2000 por las organizaciones Rede Nacional de Advogados Populares y Justiça Global en nombre de los miembros de las organizaciones Cooperativa Agrícola de Conciliação Avante Ltda. (en adelante “COANA”) y Associação Comunitária de Trabalhadores Rurais (en adelante “ADECON"). El 2 de marzo de 2006 la Comisión declaró admisible el caso mediante el Informe No. 18/06 y el 8 de marzo de 2007 aprobó, en los términos del artículo 50 de la Convención, el Informe de Fondo No. 14/07, que contenía determinadas recomendaciones para el Estado. Ese informe fue notificado a Brasil el 10 de abril de 2007 y se le concedió un plazo de dos meses para comunicar las acciones emprendidas con el propósito de implementar las recomendaciones de la Comisión. Luego de tres prórrogas concedidas al Estado, “[t]ras considerar la información aportada por las partes en relación con la implementación de las recomendaciones contenidas en el informe de fondo, y […] la falta de avances sustantivos en el efectivo cumplimiento de las mismas”, la Comisión decidió someter el caso a la jurisdicción de la Corte. Consideró que el presente caso representa una oportunidad valiosa para el perfeccionamiento de la jurisprudencia interamericana sobre la tutela del derecho a la privacidad y al derecho a la libertad de asociación, así como los límites del ejercicio del poder público. La Comisión designó como delegados a los señores C.K.R., Comisionado, y S.A.C., Secretario Ejecutivo, y como asesores legales a la señora E.A.-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, y a los abogados J.P.A. y A.R..

Según indicó la Comisión, la demanda se refiere a “la [alegada] intercep[ta]ción y monitoreo ilegal de las líneas telefónicas de Arle[i] J.E., D.L. de V., D.J.B., P.A.C., C.A. y E.A., […] miembros de las organizaciones [ADECON] y [COANA], llevados a cabo entre abril y junio de 1999 por parte de la Policía Militar del [e]stado de Paraná; [la divulgación de las conversaciones telefónicas,] así como la denegación de justicia y reparación adecuada”.

En la demanda la Comisión solicitó a la Corte que declare que el Estado es responsable por la violación de los artículos 8.1 (Garantías Judiciales), 11 (Protección de la Honra y de la Dignidad), 16 (Libertad de Asociación) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con la obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, previstos, respectivamente, en los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado, en consideración también de las directivas emergentes de la cláusula federal contenida en el artículo 28 del mismo instrumento. La Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación.

El 7 de abril de 2008 las organizaciones Justiça Global, Rede Nacional de Advogados Populares, Terra de Direitos, C.P. da Terra (CPT) y Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) (en adelante “los representantes”) presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”), en los términos del artículo 23 del Reglamento. En dicho escrito solicitaron a la Corte que, con base en los hechos relatados por la Comisión en su demanda, declare la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la vida privada, a la libertad de asociación y a la protección judicial previstos en los artículos 8, 11, 16 y 25 de la Convención Americana, todos ellos en relación con los artículos 1.1, 2 y 28 de dicho tratado, en perjuicio de A.J.E. y D.L. de V., y de otros treinta y dos miembros de COANA y ADECON que no fueron señalados como presuntas víctimas en la demanda. En consecuencia, requirieron al Tribunal que ordene medidas de reparación. Finalmente, aquellas dos organizaciones, mediante poder de representación otorgado el 16 de abril de 2007 designaron como sus representantes legales a las abogadas de Justiça Global, señoras A.C., L.S.G., R.V.C. de L. y T.M..

El 7 de julio de 2008 el Estado presentó un escrito en el que interpuso tres excepciones preliminares, contestó la demanda y formuló observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “contestación de la demanda”). El Estado solicitó que la Corte considere fundadas las excepciones preliminares y, en consecuencia: i) no admita el escrito de solicitudes y argumentos y sus anexos; ii) excluya del análisis de fondo el supuesto incumplimiento del artículo 28 de la Convención, y iii) se declare incompetente en razón de la falta de agotamiento de los recursos internos. Asimismo, sostuvo que los tribunales internos examinaron las conductas de los policías militares que solicitaron la interceptación telefónica, de la jueza que la autorizó y del entonces Secretario de Seguridad Pública, quien habría divulgado partes de las grabaciones, concluyendo que no existieron conductas jurídicamente reprochables. Requirió que la Corte “reconozca que el Estado brasileño empleó todos los esfuerzos –administrativos y judiciales– que le fueron posibles, en la medida que fue instado a actuar, en el sentido de investigar los hechos denunciados, y que las supuestas víctimas tenían a su disposición recursos adecuados y efectivos para cuestionar los actos estatales”, y declare que no hubo violación de los artículos 1.1, 2, 8, 11, 16, 25 y 28 de la Convención Americana. El Estado designó al señor H.T.N.V. como agente y a las señoras M.M.A.C.R., C.S.G., B.M.R.N. y C.T.C., como agentes alternas.

De conformidad con el artículo 37.4 del Reglamento, el 24 y el 27 de agosto de 2008 la Comisión y los representantes, respectivamente, presentaron sus alegatos sobre las excepciones preliminares opuestas por el Estado.

II

PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

La demanda de la Comisión fue notificada al Estado y a los representantes el 6 de febrero de 2008[2]. Durante el proceso ante este Tribunal, además de la presentación de los escritos principales (supra párrs. 1, 4 y 5), entre otros remitidos por las partes, la Presidenta de la Corte (en adelante “la Presidenta”) ordenó mediante Resolución de 8 de octubre de 2008[3] recibir a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit), las deposiciones de ocho testigos propuestos por la Comisión, por los representantes y por el Estado, así como los informes de los dos peritos propuestos por los representantes, respecto de las cuales las partes tuvieron oportunidad de presentar observaciones. Asimismo, en consideración de las circunstancias particulares del caso y de la adecuada información a la Corte, la Presidenta convocó a la Comisión, a los representantes y al Estado a una audiencia pública para escuchar los testimonios de los señores C.A., A.A.A. y H.C.H., ofrecidos, respectivamente, por la Comisión, los representantes y el Estado; los dictámenes de los peritos L.F.G. y M.T.R. de A.M., el primero propuesto por la Comisión y la segunda por el Estado, y los alegatos finales orales de las partes sobre las excepciones preliminares y los eventuales fondo, reparaciones y costas[4].

La audiencia pública fue celebrada el 3 de diciembre de 2008 durante el XXXVII Período Extraordinario de Sesiones de la Corte, llevado a cabo en la ciudad de México, D.F.[5].

El 19 de enero de 2009 el Estado, la Comisión y los representantes remitieron sus alegatos finales escritos. En respuesta a una solicitud de la Presidenta, el Estado y los representantes enviaron junto con sus escritos, como prueba para mejor resolver, la legislación vigente en la época de los hechos, jurisprudencia relevante de los tribunales superiores y aclaraciones sobre los recursos denominados mandado de segurança, embargos de declaração y recurso ordinário constitucional[6].

El 15 de mayo de 2009 la Corte recibió un escrito en calidad de amicus curiae de la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Fundación Getulio Vargas de Río de Janeiro[7]. Dicho escrito presentó, inter alia, un análisis de los recursos internos utilizados por las presuntas víctimas y su conformidad con la jurisprudencia nacional e internacional.

III

EXCEPCIONES PRELIMINARES

En su escrito de contestación de la demanda el Estado interpuso tres excepciones preliminares, las que la Corte analizará en el orden en que fueron planteadas.

A) Incumplimiento de los representantes de los plazos previstos en el Reglamento para presentar el escrito de solicitudes y argumentos y sus anexos

El Estado alegó el incumplimiento por parte de los representantes de los plazos establecidos en los artículos 26.1 y 36 del Reglamento[8]. Según el Estado, los representantes “fueron notificados de la demanda el 30 de enero de 2008 y su escrito [de solicitudes y argumentos] fue recibido en la Secretaría de la Corte el 7 de abril [de 2008]”; es decir...

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