Opinión Consultiva de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de Noviembre de 2005. Caso Control de Legalidad en el Ejercicio de las Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 41 y 44 a 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Serie A No. 19

Fecha de Resolución28 de Noviembre de 2005
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
CasoControl de Legalidad en el Ejercicio de las Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 41 y 44 a 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Opinión Consultiva OC-19/05

de 28 de noviembre de 2005

Solicitada por la República Bolivariana de Venezuela

Control de legalidad en el ejercicio de las atribuciones

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

(arts. 41 y 44 a 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)

Estuvieron presentes:

S.G.R., P.;

A.A.B., V.;

O.J., J.;

A.A.C.T., J.;

C.M.Q., J.;

M.E.V.R., J., y

D.G., J.;

presentes, además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta.

La Corte,

integrada en la forma antes mencionada,

emite la siguiente Opinión Consultiva:

I

Presentación de la Consulta y Procedimiento ante la Corte

El 12 de noviembre de 2003 la República Bolivariana de Venezuela (en adelante “Venezuela” o “el Estado”), con fundamento en el artículo 64.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”), sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”) una solicitud de opinión consultiva (en adelante “la solicitud”, “la consulta” o “la opinión consultiva”) sobre “[...] si existe un órgano dentro [del sistema interamericano de protección de derechos humanos] que disponga de las competencias necesarias para ejercer el control de la legalidad de las actuaciones de la Comisión [...], ante el cual puedan recurrir los Estados partes de la Convención [...], en defensa de la legalidad. En caso de que existiere tal órgano, el [Estado] desearía conocer cuál es dicho órgano y cuáles [son] sus atribuciones [...]”.

  1. Venezuela expuso las consideraciones que originaron la consulta y señaló que ésta “radica en el estado de indefensión en que se encuentran actualmente los Estados partes [de] la [...] Convención, frente a cualquier decisión de [la] Comisión violatoria de su propio estatuto legal que pudiere lesionar los derechos de [los Estados] y poner en entredicho la recta aplicación de la propia Convención y de los demás instrumentos jurídicos internacionales aplicables.”

    El 3 de diciembre de 2003 el pleno de la Corte solicitó al Estado que subsanara la solicitud de consulta a la luz del artículo 60 del Reglamento de la Corte( (en adelante “el Reglamento”). Para ello, debería: “a) formular con precisión las preguntas específicas sobre las cuales se pretende obtener la opinión de la Corte; b) [indicar] las disposiciones cuya interpretación se pide; c) [informar] las consideraciones que originan la consulta[,y] d) [indicar] el nombre [y] la dirección del Agente o de los Delegados.”

    El 10 de diciembre de 2003 el Estado envió modificaciones a su solicitud e indicó las siguientes dos preguntas:

  2. ¿Existe o no, un órgano dentro del [s]istema [i]nteramericano de [d]erechos [h]umanos que disponga de las competencias necesarias para ejercer el control de la legalidad de las actuaciones de la Comisión [...], ante el cual puedan recurrir los Estados parte[s] de la Convención [...], en defensa de la legalidad?

  3. En caso de que existiere tal órgano, [Venezuela] desearía conocer ¿[c]uál es dicho órgano y cuales [son] sus atribuciones?

    En esa misma comunicación, el Estado pidió a la Corte que conteste las dos preguntas a la luz de “la Convención [...] y de los demás instrumentos [...] que forman parte del [s]istema [i]nteramericano de [d]erechos [h]umanos”. El Estado justificó la solicitud de la consulta en el aparente “estado de indefensión ante cualquier actuación de la Comisión [...], que no estuviere conforme al régimen jurídico internacional al cual ésta debe acatamiento”. Finalmente, el Estado informó a la Corte el nombre y dirección de su Agente.

    El 19 de diciembre de 2003 el P. de la Corte (en adelante “el P.”) dictó una Resolución mediante la cual resolvió someter al pleno del Tribunal la solicitud de opinión consultiva en la primera sesión ordinaria del año 2004, considerando que la Corte tendría una nueva composición a partir de ese momento.

    El 24 de mayo de 2004 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”) informó a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (en adelante “la OEA” o “la Organización”), al S. General y al P. del Consejo Permanente de la OEA, a la Comisión y a las personas, instituciones y organizaciones sobre la solicitud de consulta hecha por Venezuela y dio plazo hasta el 8 de noviembre de 2004 para recibir observaciones escritas u otros documentos acerca de la mencionada solicitud.

    El 5 de noviembre de 2004 y el 1 de marzo de 2005 la Secretaría, siguiendo instrucciones del P., informó a los Estados miembros, al S. General y al P. del Consejo Permanente de la OEA, así como a la Comisión y a las personas, instituciones u organizaciones interesadas en presentar observaciones escritas, que el P. había concedido prórrogas, hasta el 5 de marzo de 2005, primero, y hasta el 4 de abril de 2005, posteriormente, para la remisión de observaciones con respecto a la solicitud de opinión consultiva.

    El 4 y el 9 de mayo de 2005 la Secretaría transmitió las observaciones recibidas al Estado, a la Comisión y a las personas, instituciones u organizaciones que las habían remitido.

    Cabe señalar que, no obstante las prórrogas concedidas, ningún Estado presentó observaciones.

  4. Las siguientes organizaciones y personas presentaron escritos: directores y estudiantes de las Clínicas Jurídicas del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito; profesor L.P.P., de las Universidades Panamericana de México, La Sabana de Bogotá y Privada de San Pedro de Sula; profesores B.D. y A.L.E. de la Facultad de Ciencias Políticas y de Derecho de la Universidad de Quebec; Clínica Jurídica del Centro de Investigación y Docencia Económicas de la ciudad de México; Clínica de Derechos Humanos del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana de la ciudad de México; Red de Profesores de Derecho en Derechos Humanos y Programa de Derechos Humanos de esta misma Universidad; Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); señor A.J.R. de México; señor P.K. de Argentina; señor C.R.L.Q., consultor jurídico de Costa Rica, y señor M.E.G. de Argentina.

  5. El 13 y el 18 de julio de 2005 la Secretaría informó al Estado, a la Comisión y a las personas, instituciones u organizaciones que presentaron observaciones escritas que, después del análisis de los escritos presentados a la Corte en relación con la opinión consultiva, el P., en consulta con los jueces de la Corte y en aplicación del artículo 63.4 del Reglamento, había resuelto que no se realizaría audiencia pública, tomando en cuenta que ningún Estado presentó observaciones. Sin embargo, se les solicitó que, si lo estimaban pertinente, presentaran observaciones escritas o documentos adicionales a más tardar el 16 de agosto de 2005. Dos amici curiae, el profesor L.P.P., de las Universidades Panamericana de México, La Sabana Grande de Bogotá y Privada de San Pedro de Sula, y el señor P.K. de Argentina, remitieron observaciones adicionales.

  6. El 4 de abril de 2005 la Comisión Interamericana presentó un escrito de observaciones, el cual la Corte resume a continuación:

    La Comisión considera “que la pregunta formulada no es obscura, pero si la Corte decide absolverla requeriría de algunas precisiones”, por lo que opina que el Tribunal ejerciendo para ello sus facultades consultivas, precise la pregunta en los siguientes tres aspectos:

    1. Actuaciones de la Comisión a las que se refiere la consulta

      La Comisión ejerce funciones de tres categorías con el objetivo básico de promover la observancia y defensa de los derechos humanos: i) administrativas, ii) consultivas y promocionales, y iii) cuasi-jurisdiccionales, como establece la Convención en sus artículos 44 al 51.

      Para los fines de esta solicitud de opinión deben excluirse las funciones administrativas y consultivas, ya que éstas no involucran un derecho de defensa de los Estados, y que en el marco procesal interamericano tal derecho encuentra su expresión en la existencia de un procedimiento contradictorio. De lo anterior se desprende que la consulta alude a las actuaciones cuasi-jurisdiccionales de la Comisión.

    2. Universo normativo sujeto a interpretación

      El régimen de legalidad al que deben adherencia los órganos del sistema interamericano

      encuentra su base de partida en la proclamación de los derechos fundamentales de la persona humana en la Carta de la Organización y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre [(en adelante “Declaración Americana”)], formulada por los Estados americanos en la convicción de que ‘la organización jurídica es una condición necesaria para la seguridad y la paz, fundadas en el orden moral y justicia’”. A partir de esta proclamación, y como fruto de una labor progresiva durante el resto del siglo XX, se ha creado un régimen sui generis cuya dimensión sustantiva se completa con: Convención Americana; Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte; Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la M., y Convención Interamericana para la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra las personas con Discapacidad.

      Sin embargo, solamente la Carta y la Convención establecen el régimen de legalidad adjetiva para las actuaciones de los órganos del sistema. Los demás instrumentos se remiten a la Convención por lo que toca a los procedimientos. También los Estatutos y Reglamentos proveen el régimen de legalidad de aquéllos. La Comisión entiende que la interpretación de su Reglamento es una facultad exclusivamente suya.

    3. Régimen de legalidad en el que se inscribe la solicitud

      La Carta de la OEA establece la autoridad y competencia de la Comisión. Además...

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