Ejecuciones Extrajudiciales en el Contexto de la Militarización de la Seguridad Pública

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Ejecuciones extrajudiciales en el

contexto de la militarización de la

seguridad pública

Informe presentado con motivo de la visita del

Relator Especial de las Naciones Unidas sobre

Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los

Derechos Humanos, A.C.

Abril, 2013

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Resumen ejecutivo

En el contexto de la llamada “guerra contra la delincuencia organizada”, México ha sufrido un

alarmante incremento en los índices de violencia e inseguridad durante los últimos años. La

estrategia de seguridad pública, basada en el uso de la fuerza y la militarización, ha tenido un

importante impacto en violaciones graves a los derechos humanos como tortura, desapariciones

forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

A la fecha, se estima que cerca de 96.000 elementos de las Fuerzas Armadas han sido desplegadas

para realizar labores de seguridad pública, entre ellas detenciones, patrullajes, inspecciones y

cateos, así como han sido nombrados encargados de las instancias civiles de seguridad pública en

distintas entidades estatales y municipales. Tras el cambio de poder en la Administración Pública

Federal, se ha hablado de cambios significativos en materia de seguridad pública, pero poco se ha

explicado sobre la incorporación de estándares de derechos humanos. Preocupa que la creación

de la Gendarmería Nacional pueda resultar en la institucionalización de una estrategia militarizada

de la seguridad pública.

En el marco de la estrategia de militarización, en 2011 dieron inicio los Operativos Conjuntos

impulsados por los mandatarios estatales en el marco de la CONAGO. Éste tipo de operativos

propone la coordinación de las 32 policías locales junto con la Policía Federal y el Ejército para la

realización de acciones de combate a la delincuencia organizada. Este tipo de operativos tuvo

como resultado una serie de violaciones a los derechos humanos, entre ellos ejecuciones

extrajudiciales, que han sido negados por las autoridades estatales y federales. Este es el caso del

Sr. Joaquín Figueroa, asesinado extrajudicialmente en el estado de Veracruz y que se mantiene en

la impunidad.

La m ilitarización de la seguridad pública ha tenido un impacto directo en la tasa de homicidios,

dejando un saldo de al menos 80.000 personas ejecutadas en hechos relacionados con el combate

a la delincuencia organizada. El aumento exponencial en la tasa nacional de homicidios rompe una

tendencia de casi veinte años en los que ese indicador había disminuido sistemáticamente.

Actualmente, el fenómeno se encuentra disperso a lo largo del territorio nacional co n una

magnitud superior a la registrada con anterioridad. A pesar del cambio de gobierno a nivel federal,

la tendencia no ha cambiado durante los primeros meses de la actual administración.

La participación de las Fuerzas Armadas en labores seguridad pública ha tenido un serio impacto

en la vigencia de los derechos humanos. Como parte de la estrategia, se ha hecho uso de la fuerza

letal de forma indiscriminada, privando de la vida a personas no armadas en acciones en contra de

la delincuencia organizada. Sin embargo, la prevalencia de la jurisdicción militar mantiene tales

abusos en la impunidad.

Las autoridades mexicanas han justificado el uso excesivo de la fuerza como necesario para

combatir el crimen organizado, provocando la muerte de miles de personas inocentes. Los abusos

por parte de las Fuerzas Armadas no cesarán hasta que no sea implementada una nueva estrategia

de seguridad pública con apego irrestricto a los derechos humanos a cargo de autoridades civiles.

En virtud de ello, presentamos al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones

Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias un análisis sobre los efectos que tal estrategia de seguridad

pública ha tenido en la vigencia y el respeto de los derechos humanos en México, en particular

sobre el aumento de las ejecuciones extrajudiciales y la impunidad que le rodea. Asimismo,

incluimos una serie de recomendaciones que esperamos sean tomadas en consideración para la

elaboración del Informe Final sobre su visita, así como durante las diversas reuniones que

sostendrá con autoridades de distintos niveles de gobierno.