La protección efectiva de los derechos consulares en el plano judicial: a propósito de la sentencia avena...

Autor:Millán Requena Casanova
Cargo:Profesor Asociado de Derecho Internacional Público - Universidad de Alicante
Páginas:777-792

La proteccin efectiva de los derechos consulares en el plano judicial: a propsito de la sentencia avena (Mxico c. Estados unidos de Amrica)

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I Introducción

La sentencia pronunciada por la Corte Internacional de Justicia el 31 de marzo de 2004 en el asunto Avena y Otros Nacionales Mejicanos representa la culminación del camino iniciado en los asuntos Breard y LaGrand sometidos a su competencia en un período relativamente breve de tiempo alegando la comisión por parte de los Estados Unidos de América de omisiones que supondrían la violación del Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 1, concretamente sobre la base de su artículo 36.1.b) 2. En la parte operativa de su decisión la Corte declaró, por catorce votosPage 778 contra uno, que Estados Unidos había violado el artículo 36.1.b) por no facilitar información consular a 51 nacionales mejicanos que habían sido condenados y sentenciados a muerte en distintos Estados de la Unión, y por no notificar en 49 casos a las autoridades consulares mejicanas la detención de sus nacionales. Por idéntica mayoría la Corte declaró que en 34 casos Estados Unidos había violado los acápites a) y c) del mismo artículo por no permitir a las autoridades consulares tener acceso a los detenidos y ofrecerles una representación legal adecuada. En tres casos donde todos los procedimientos internos habían sido agotados, la Corte señaló que Estados Unidos había violado, asimismo, el párrafo 2 del artículo 36 del Convenio de 1963 pues la doctrina interna de la preclusión procesal impedía a los demandantes hacer efectiva en fase de apelación la notificación consular. Pero sin duda lo que reviste mayor interés de la sentencia Avena ha sido la aplicación casi inmediata del fallo por la Corte de Apelación del Estado de Oklahoma a uno de los tres casos referidos por Méjico 3 sin que en esta ocasión la peculiar organización territorial de Estados Unidos haya sido obstáculo para hacer efectiva la responsabilidad internacional del Estado federal, circunstancia que ha permitido salvar la vida a un ciudadano mejicano cuya ejecución era inminente.

Resumiendo la exposición de los hechos ofrecida en la sentencia 4, todo comenzó el 9 de enero de 2003, fecha en la que Méjico presentó demanda ante la Corte en la que solicitaba, al mismo tiempo, la urgente adopción de medidas provisionales alegando violaciones sistemáticas del derecho a la notificación consular reconocido en el artículo 36.1.b) del Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares 5 por parte dePage 779 Estados Unidos en la persona de 54 nacionales mejicanos 6, los cuales esperaban en el corredor de la muerte la inminente ejecución de sus penas, tras haber sido detenidos, juzgados y condenados por las autoridades norteamericanas, todo ello sin comunicárseles que les asistían derechos relacionados con la protección consular. El 5 de febrero de 2003 la Corte ordenó la adopción de medidas provisionales al estimar que poseía jurisdicción prima facie en las que se indicaba a Estados Unidos que debía adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que tres nacionales mejicanos no fueran ejecutados hasta que se resolviese definitivamente el asunto, además de informar a la Corte de todas las medidas adoptadas en aplicación de tal decisión 7.

Tras sucesivas reformulaciones a lo largo de las distintas fases del procedimiento, en la formulación definitiva de sus conclusiones en la fase oral Méjico pretendía que la Corte declarase:

1. That the United States of America, in arresting, detaininig, trying, convicting, and sentencing the 52 Mexican nationals on death row described in Mexico´s Memorial, violated its international legal obligations to Mexico, in its own right and in the exercise of its right to diplomatic protection of its nationals, by failing to inform, without delay, the 52 Mexican nationals after their arrest of their right to consular notification and access under article 36.1.b) of the Vienna Convention on Consular Relations, and by depriving Mexico of its right to provide consular protection and the 52 national's right to receive such protection as Mexico would provide under article 36.1.a) and c) of the Convention,

2. That the obligation in Article 36.1 of the Vienna Convention requires notification of consular rights and reasonable opportunity for consular access before the competent authorities of the receiving State take any action potentially detrimental to the foreign national's rights;

3. That the United States of America violated its obligations under article 36.2 of the Vienna Convention by failing to provide meaningful and effective review and reconsideration of convictions and sentences impaired by a violation of article 36.1; by substituting for such review and reconsideration clemency proceedings; and by applying the "procedural default" doctrine and other municipal law doctrines that fail to attach legal significance to an article 36.1 violation on its own terms;

4. That pursuant to the injuries suffered by Mexico in its own right and in the exercise of dipomatic protection of its nationals, Mexico is entitled to full reparation for those injuries in the form of restitutio in integrum;

5. That this restitution consists of the obligation to restore the status quo ante by annuling or otherwise depriving of full force or effect the convictions and sentences of all 52 mexican nationals;Page 780

6. That this restitution also includes the obligation to take all mesures necessary to ensure that prior violation of article 36 shall not affect the subsequent proceedings.

7. That to the extent that any of the 52 convictions or sentences are not annuled, the United States shall provide, by means of its own choosing, meaningful and effective review and reconsideration of the convictions and sentences of the 52 nationals, and that this obligation cannot be satisfed by means of clemency proceedings or any municipal law rule or doctrine inconsistent with paragraph 3 above is applied; and

8. That the United States of America shall cease its violations of article 36 of the Vienna Convention with regard to Mexico and its 52 nationals and shall provide appropriate guarantees and assurances that it shall take measures sufficient to achive increased compliance with article 36.1 and to ensure compliance with article 36.2.

Por su parte, Estados Unidos contestaba:

On the basis of the facts and arguments made by the United States in its Counter-Memorial and in these proceedings, the Government of the United States of America requests that the Court, taking into account that the United States has conformed its conduct to this Court's Judgement in the LaGrand Case (Germany v. United States of America), not only with respect to German nationals but, consistent with the Declaration of the President of the Court in that case, to all detained foreign nationals, adjudge and declare that the claims of the United Mexicans States are dismissed

8.

Como cuestión preliminar, la Corte tuvo que responder a las objeciones planteadas por Estados Unidos respecto a su jurisdicción y a la admisibilidad de la demanda mexicana (párs. 26 a 35 de la sentencia), si bien Méjico se apresuró en considerarlas inadmisibles ya que en atención al artículo 79.1 del Reglamento de la Corte había expirado el plazo habilitado para hacerlo 9. Sin embargo, para la Corte el examen de tales objeciones no debía realizarse in limine pues no habían sido planteadas por Estados Unidos como «excepciones preliminares» y, por tanto, el plazo del artículo 79.1 de su Reglamento no sería aplicable al caso.

II Competencia de la Corte

En lo relativo a la jurisdicción de la Corte, el asunto Avena de nuevo ha puesto de relieve los problemas interpretativos y de calificación que plantea el reconocimiento competencial de la Corte cuando el título de atribución se funda en una cláusula judicial contenida en un tratado multilateral ante hoc. Como sucediera en Breard yPage 781 LaGrand, Méjico pretendía fundar la competencia de la Corte en el artículo I del Protocolo Facultativo sobre arreglo obligatorio de controversias adjunto al Convenio de Viena, en conexión con el artículo 36.1 de su Estatuto, el cual reza así

Las controversias originadas por la interpretación o aplicación de la Convención se someterán obligatoriamente a la Corte Internacional de Justicia, que a este título podrá entender en ellas a instancia de cualquiera de las partes en la controversia que sea Parte en el presente Protocolo.

De acuerdo con ello, Méjico debía fundar una conexión razonable entre sus alegaciones -la violación por Estados Unidos de las obligaciones derivadas del art. 36.1 del Convenio de Viena de 1963 y las consecuencias jurídicas aparejadas a la misma-, y el tratado en cuestión. En primer lugar, a la fecha de presentación de la demanda ambos litigantes eran partes en el Convenio de 1963 y en su Protocolo Facultativo sin que ninguno de ellos hubiera formulado reservas 10. En segundo lugar, en esa misma fecha existía entre ambos litigantes puntos de vista irreconciliables sobre el alcance del Convenio de 1963, incluyendo divergencias fundamentales sobre la reparación a la que tiene derecho tanto el Estado de envío como sus nacionales en el caso de violaciones sistemáticas de los derechos que protege la Convención en procedimientos que conducen a la imposición de la pena de muerte.

Como era de esperar, Estados Unidos contestó su jurisdicción alegando que las cuestiones relativas al trato que dispensa el sistema penal estadounidense a los nacionales mejicanos queda al margen...

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