Reconocimiento de resoluciones eclesiásticas sobre nulidad matrimonial: novedades en el ámbito procesal

Autor:Mónica Guzmán Zapater
Cargo:Profesora Titular de Derecho Internacional Privado UNED
Páginas:225-242
RESUMEN

I. Introducción.-II. El orden público y la sentencia del tedh de 2001.-III. La ley de enjuiciamiento civil 1/2000.-IV. La incidencia del derecho comunitario sobre esta materia: 1. Ámbito material. 2. Concepto de resolución. 3. Alcance del reconocimiento. 4. Condiciones para el reconocimiento: A) Garantía de los derechos de la defensa [art.15 1 b)]. B) Garant&iacu... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
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I Introducción

Por razones históricas y como resto de un pasado Estado confesional, el régimen vigente en materia de reconocimiento de efectos civiles de resoluciones eclesiásticas sobre nulidad matrimonial, lo constituyen hasta el momento el artículo VI, 2, de los Acuerdos Jurídicos con la Santa Sede de 1979 1, desarrollado por el artículo 80 del C.c. Page 226 tras la reforma operada sobre el título IV del libro I por Ley 30/1981, de 7 de julio 2y en la disposición adicional 2.° (DA 2.°) de esa misma Ley. El primero, introdujo un régimen -particular- de exequátur por referencia explícita al artículo 954 LEC de 3 de febrero de 1881 3. La segunda hacía referencia al procedimiento 4. Los cambios hoy se sitúan en el ámbito procesal.

La nueva LEC 1/2000 5, en consonancia con cierta jurisprudencia constitucional cierra, en parte, una época marcada por las vacilaciones jurisprudenciales en todas las instancias y por un enconado debate doctrinal 6. Reforma en el sistema interno de reconocimiento de decisiones eclesiásticas, al que ahora se agrega como importante Page 227 novedad la posibilidad de que las decisiones civiles homologadoras de las resoluciones eclesiásticas sobre nulidad y procedimientos análogos, puedan tener eficacia civil fuera de España a partir de lo dispuesto en el Reglamento CE núm. 1347/2000, de 29 de mayo de 2000, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes 7, dotando a estas decisiones de una nueva proyección: el espacio judicial europeo. Por último, sobre el tema gravita la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de 20 de julio de 2001, en el asunto Pellegrini c. Italia 8, por la que se ha declarado contraria al artículo 6.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950, el exequátur dictado por los Tribunales italianos sobre una decisión eclesiástica sobre matrimonio rato y no consumado. El presente comentario tiene como finalidad señalar algunas de las disfunciones del sistema español de reconocimiento así como los cambios que aportan los instrumentos mencionados.

El juego conjunto de los ASS y los artículos 80 y DA 2.° C.c. -ahora parcialmente modificado por el artículo 778 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC)- arrojan un sistema de competencia compartida Iglesia-Estado. Una vez dictada la resolución eclesiástica sobre nulidad, los efectos civiles quedaban condicionados a que cualquiera de las partes presentara la solicitud de reconocimiento ante el Juzgado de 1.° instancia (J1.°I) del domicilio conyugal. No concurriendo oposición y si se declaraban ajustadas al Derecho del Estado, la nulidad del matrimonio obtenía la eficacia civil.

La falta o no oposición al reconocimiento ha sido la clave del régimen de reconocimiento de las decisiones eclesiásticas sobre nulidad y procedimientos análogos pues, conforme al artículo 80 Cc la demanda se promueve a solicitud de cualquiera de las partes. En consonancia con esto se permitía a la parte que no promueve la acción una vía última para impedir el reconocimiento: la concurrencia de oposición implicaba la denegación y el archivo de la causa sin más examen de fondo, quedando abierto el recurso al «procedimiento correspondiente» en tal caso (DA 2.°.3.°). Ello condujo a asignar a la oposición unos «efectos paralizantes» 9y ha permitido afianzar la caracterización de tal procedimiento como un acto de jurisdicción voluntaria, patente en los supuestos de no oposición en los que la atribución de eficacia Page 228 civil a la decisión eclesiástica revestía un carácter casi automático 10. Sólo en un segundo momento la jurisprudencia constitucional va a exigir una oposición razonada y fundada 11, entre otras razones porque no cabe ponderar la actividad judicial en esta sede a la luz del artículo 117.4 CE 12: el juez no puede actuar como un mero ejecutor ya que el artículo 117.3 CE 13le atribuye el ejercicio de la potestad jurisdiccional que aquí se proyecta esencialmente en la valoración de la oposición de una de las partes.

El requisito del «ajuste al derecho del Estado» ha suscitado un amplio debate teórico marcado por la referencia al artículo 954 LEC 1881 14que para unos indujo a pensar en un sistema de exequátur análogo al vigente para las decisiones extranjeras 15, frente a quienes han sostenido que nos hallamos ante un exequátur especial 16que, en relación con las causas de nulidad, requiere una identidad entre las causas canónicas y las causas civiles 17. La jurisprudencia refleja esta fractura 18si bien tendencialmente se detecta un esfuerzo que, sin llegar a un cambio del sistema, trasluce Page 229 una preocupación por establecer el anclaje entre las causas canónicas y derechos fundamentales y causas civiles, de otra 19.

II El orden público y la sentencia del tedh de 2001

La clave de control del sistema estriba en la concreción de la cláusula de orden público del artículo 954 LEC 1881 20. En su dimensión sustantiva el orden público gravita sobre las causas de nulidad. Ejemplo paradigmático serían las decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no consumado pues es obvio que la inconsumación no genera causa de nulidad civil 21. Sobre esto resulta unánime la doctrina en no otorgar eficacia civil a aquellas sentencias que contemplen impedimentos típicamente religiosos, que se debilita cuando se trata de impedimentos canónicos sin correlación con el orden civil 22.

Al respecto no se puede compartir el parecer expresado por la STS de 23 de noviembre de 1995 de cuyo tenor se desprende que «... la identidad de causas ha de ser rechazada pues, conforme a los Tratados vigentes con la Iglesia Católica, no cabe deducir que la Iglesia tenga que acomodar su normativa en la materia a la normativa civil...» 23. Al contrario, lo que se pretende es que se ajusten al derecho del Estado los supuestos de nulidad que aspiran a su eficacia civil 24. Pero, conforme al derecho en vigor, sólo cabe contrastar las causas de nulidad eclesiástica y en particular, la de matrimonio rato y no consumado con los derechos fundamentales 25, examen al que sería necesario proceder en cada caso. Veamos dónde se sitúan algunos aspectos más polémicos.

De antemano se detecta una cierta discriminación y, por tanto, una potencial vulneración del principio de igualdad formal (art. 14 CE) en tanto que el recurso a la jurisdicción eclesiástica en esta materia implica asignar a unos españoles un elenco más amplio Page 230 de motivos o causas de nulidad matrimonial 26. Máxime si convenimos que no existe un derecho fundamental al reconocimiento de estas decisiones derivado del contenido esencial del derecho a la libertad de conciencia (art. 2 b LO 7/1980, de 5 de julio, sobre Libertad Religiosa) 27. Privilegiar el reconocimiento de estas decisiones vulneraría también el principio de laicidad o neutralidad del Estado en materia religiosa (ex. art. 16 CE). Rozan también la zona de inconstitucionalidad el reconocimiento de aquellas decisiones en las que, fundada la nulidad vínculo sobre la «incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio» -con la oposición del interesado en el proceso principal- se declara incapaz a uno de los cónyuges para contraer un nuevo matrimonio si, como dispone el artículo 32.2 CE sólo por ley se regulará «las formas del matrimonio, la edad y la capacidad para contraerlo...» 28; constitucionalidad tanto más dudosa si se estima que la causa de incapacidad está subordinada a factores religiosos.

En la dimensión procesal singularidades de los procesos canónicos como la no citación o la falta de traslado de la demanda a la parte que no insta la acción (p. ej. en Canon 1505 & 2), la obligación de comparecer en el proceso principal por quien no acepta una jurisdicción confesional o la concurrencia de la institución del «defensor del vínculo» para ocupar la posición procesal de la parte que no comparece en el proceso principal por oponerse a la nulidad 29deben ser ponderadas por el J1.°I quien sí está vinculado por los artículos 24 y 16 de la CE. Es así como, recientemente, el TS en Sentencia de 27 de junio de 2002, ha matizado la obligación de comparecencia en estos procesos canónicos a la luz del artículo 16 de la CE, para concluir que «no se puede obligar a nadie a que se atenga a las consecuencias de una resolución canónica, cuando voluntariamente no quiere someterse al proceso canónico matrimonial, ya sea por sus convicciones o, incluso, por su interés». Y así ha considerado la incomparecencia en el proceso principal como rebeldía de la demandada, para impedir por este motivo, el reconocimiento de efectos civiles a la resolución eclesiástica.

De cara al futuro puede tener trascendencia la mencionada STEDH en el asunto Pellegrini al declarar contraria al artículo 6.2 del Convenio Europeo una decisión vaticana en la que se omitió dar traslado a la otra parte del contenido de la demanda así como del contenido de las declaraciones de los testigos -de conformidad con el ordenamiento canónico-. Se afirma que, dado que el Vaticano no ha ratificado este Convenio, es el reconocimiento de la decisión eclesiástica por los tribunales de un Page 231 Estado parte, no la decisión de nulidad en sí, lo que el TEDH estima contrario al Convenio 30. Y es que no deja de ser...

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