Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 13 de Octubre de 2011. Caso Barbani Duarte y Otros Vs. Uruguay. Serie C No. 234

Fecha de Resolución13 de Octubre de 2011
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
CasoBarbani Duarte y Otros Vs. Uruguay
ActoFondo Reparaciones y costas
SolicitanteVenezuela

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Barbani Duarte y otros(

Vs. URUGUAY

Sentencia de 13 de octubre de 2011

(Fondo, R. y Costas)

En el caso B.D. y otros,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte”, o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces[1]:

D.G.-Sayán, P.;

M.E.V.R., J.;

M.M.M., J.;

R.A.B., J., y

E.V.G., J.;

presente[2] además,

P.S.A., S.,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 31, 32, 65 y 67 del Reglamento de la Corte[3] (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia que se estructura en el siguiente orden:

|Tabla de Contenido | |

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|Párrafos | |

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|Introducción de la Causa y OBJETO DE LA CONTROVERSIA | |

|1 | |

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|PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE | |

|7 | |

| | |

|COMPETENCIA | |

|15 | |

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|PRUEBA | |

|Prueba documental, testimonial y pericial | |

|Admisión de la prueba | |

|B.1 Admisión de la prueba documental | |

|B.2. Admisión de la prueba testimonial y pericial | |

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|16 | |

|17 | |

|19 | |

|21 | |

|27 | |

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|V. CONSIDERACIONES PREVIAS | |

|A. Respecto de los hechos del presente caso | |

|B. Sobre la determinación de las presuntas víctimas | |

|C. Sobre los alegatos de “Inexistencia del agotamiento de las vías internas” | |

| | |

|31 | |

|32 | |

|42 | |

|52 | |

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| | |

|VI. DERECHOS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES, LA PROTECCION JUDICIAL Y LA IGUALDAD ANTE LA LEY, EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES DE | |

|RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS | |

|Hechos probados en relación con las alegadas violaciones a las garantías del debido proceso y la protección judicial | |

|A.1. Contexto de la crisis bancaria ocurrida en el Uruguay | |

|A.2. Hechos relacionados con el Banco de Montevideo, el procedimiento bajo el artículo 31 de la Ley No. 17.613 y las presuntas | |

|víctimas del presente caso | |

|B. Derecho a ser oído y debidas garantías procesales | |

|B.1. Ámbito material del derecho a ser oído en el proceso ante el órgano administrativo (Banco Central) | |

|B.2. Debidas garantías procesales ante el Banco Central y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo | |

|B.2.

  1. Alegada “presunción del consentimiento” por aplicación de “criterios descalificantes” | |

    |B.2.b) Alegado nuevo criterio aplicado por la Comisión Asesora de forma arbitraria en beneficio de 22 casos | |

    |B.2.c) Garantía procesal de una debida motivación | |

    |B.2.d) Alegada falta de información en materia probatoria | |

    |C. Protección judicial | |

    |C.1. La acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo | |

    |C.2. Otros presuntos recursos judiciales disponibles | |

    |D. Conclusión de la Corte del Capítulo VI | |

    | | |

    |60 | |

    | | |

    | | |

    |61 | |

    | | |

    |62 | |

    |65 | |

    | | |

    | | |

    |115 | |

    |129 | |

    | | |

    |148 | |

    | | |

    |149 | |

    | | |

    |165 | |

    | | |

    | | |

    |173 | |

    |186 | |

    | | |

    |195 | |

    | | |

    |221 | |

    |232 | |

    | | |

    |VII. DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA, EN RELACIÓN CON LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR LOS DERECHOS | |

    |Alegatos de las partes | |

    |Consideraciones de la Corte | |

    | | |

    | | |

    | | |

    |233 | |

    |236 | |

    | | |

    | | |

    |VIII. REPARACIONES (APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 63.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA) | |

    |A. Parte Lesionada | |

    |B. Medidas de reparación | |

    |B.1. Medida de satisfacción y Garantía de no repetición | |

    |B.1.a) Garantizar un debido proceso y protección judicial en la determinación de los derechos de las víctimas | |

    |B.1.b) Publicación y difusión de la Sentencia | |

    |B.2. Indemnización Compensatoria por daño inmaterial | |

    |B.3. Otras pretensiones de reparación | |

    |B.4. Costas y gastos | |

    |C. Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados | |

    | | |

    |239 | |

    | | |

    |242 | |

    |243 | |

    | | |

    |244 | |

    | | |

    |252 | |

    |254 | |

    |261 | |

    |266 | |

    |273 | |

    | | |

    |IX. PUNTOS RESOLUTIVOS | |

    |280 | |

    | | |

    |Anexo sobre víctimas | |

    | | |

    | | |

    |V.D. delJ.E.V.G. y Votos Concurrentes de los Jueces D.G.-Sayán, M.M.M. y Radhys | |

    |A.B.. | |

    | | |

    | | |

    | | |

    I

    Introducción de la Causa y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

    El 16 de marzo de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana”) presentó, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención, una demanda contra la República Oriental del Uruguay (en adelante “el Estado” o “Uruguay”) en relación con el caso 12.587. La petición inicial fue presentada ante la Comisión Interamericana el 17 de octubre de 2003 por las señoras A.B.D. y M. delH.B.F., en su nombre y en representación de un grupo de clientes del Banco de Montevideo S.A. en el Uruguay (en adelante “Banco de Montevideo” o “BM”). El 27 de octubre de 2006 la Comisión Interamericana aprobó el Informe de Admisibilidad No. 123/06[4], y el 9 de noviembre de 2009 aprobó el Informe de Fondo No. 107/09, de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana[5]. Dicho informe fue transmitido al Estado el 16 de diciembre de 2009 y se fijó un plazo de dos meses para que éste informara acerca de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones allí formuladas. El 12 de marzo de 2010 la Comisión Interamericana consideró que el Estado no había dado cumplimiento a las recomendaciones del Informe de Fondo, por lo que decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana. La Comisión Interamericana designó como delegados a la C.M.S.G. y al Secretario Ejecutivo S.A.C., y como asesoras legales a las señoras E.A.-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, C.C. y L.C., abogadas de la Secretaría Ejecutiva.

    De acuerdo a la Comisión, el presente caso se relaciona con la alegada responsabilidad internacional del Estado por “la falta en proporcionar a un grupo de ahorristas del Banco de Montevideo una audiencia imparcial para sus reclamos ante la Comisión Asesora creada en virtud de la Ley 17.613 Ley de Reforma del Sistema Financiero o ante el Tribunal [de lo] Contencioso Administrativo en relación con la transferencia de sus fondos del Banco de Montevideo […] al Trade and Commerce Bank [en las Islas Caimán] sin consultarles, [así como] la falta en proporcionar a las [presuntas] víctimas un recurso sencillo y rápido para examinar todas las cuestiones de hecho y de derecho relacionadas con la disputa ante sí”.

    La Comisión solicitó a la Corte que declare la responsabilidad internacional del Estado del Uruguay por la violación de los artículos 8.1 (Garantías Judiciales) y 25.1 (Protección Judicial) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma. Asimismo, la Comisión solicitó al Tribunal que ordenara al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación, así como el pago de las costas y gastos.

    La demanda fue notificada al Estado y a las representantes el 8 de julio de 2010. En dicha oportunidad se informó a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 34.3 del Reglamento anterior de la Corte[6], aplicable a este caso según lo dispuesto en el artículo 79.2 del actual Reglamento, en el caso de las presuntas víctimas que no tuvieren representante legal debidamente acreditado, “la Comisión ser[á] la representante procesal de [esas] presuntas víctimas como garante del interés público bajo la Convención Americana, de modo a evitar la indefensión de las mismas”.

    El 2 de septiembre de 2010 las señoras A.B.D. y M. delH.B.F., presuntas víctimas y representantes de una parte de las presuntas víctimas en este caso (en adelante “las representantes”), presentaron ante la Corte su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”), conforme al artículo 40 del Reglamento de la Corte. Las representantes indicaron que coincidían “plenamente” con los hechos presentados en la demanda y solicitaron al Tribunal que declarara la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los artículos 8.1 (Garantías Judiciales), 25.1 (Protección Judicial), 21 (Derecho a la Propiedad Privada) y 24 (Igualdad ante la Ley) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado. En consecuencia, requirieron a la Corte que ordene diversas medidas de reparación.

    El 26 de noviembre de 2010 Uruguay presentó ante la Corte su escrito de contestación al escrito de demanda y de observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “escrito de contestación”). En dicho escrito, el Estado rechazó como parte del objeto del presente caso las presuntas violaciones a los artículos 21 (Derecho a la Propiedad Privada) y 24 (Igualdad ante la Ley) de la Convención, alegadas por las representantes en su escrito de solicitudes y argumentos, en virtud de que dichas supuestas violaciones no habían sido incluidas por la Comisión Interamericana en su demanda ni se consideraron configuradas por dicho órgano en su Informe de Fondo. Asimismo, controvirtió la totalidad de las pretensiones presentadas por la Comisión Interamericana y los hechos en que las mismas se fundan, así como los hechos alegados por las representantes de las presuntas víctimas; rechazó su responsabilidad internacional por las alegadas violaciones a los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las presuntas víctimas identificadas en el escrito de demanda, así como, subsidiariamente rechazó su responsabilidad internacional por las alegadas violaciones a los artículos 21 y 24 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las presuntas víctimas identificadas en el escrito de demanda. En relación con las reparaciones solicitadas por la Comisión y las representantes, el Estado solicitó a la Corte que las desestimara en todos sus términos. El 13 de agosto de 2010 el Estado designó a los señores C.M. como Agente titular y al señor D.A. y la señora V.P.B. como Agentes alternos.

    II

    PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

    1. Luego de la presentación de los escritos...

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