Voto Particular de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 26 de Junio de 2012. Caso Díaz Peña Vs. Venezuela. Serie C No. 244

PonenteVio Grossi
Fecha de Resolución26 de Junio de 2012
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
CasoDíaz Peña Vs. Venezuela
ActoExcepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas

VOTO INDIVIDUAL DISIDENTE DEL JUEZ EDUARDO VIO GROSSI,

CASO DÍAZ PEÑA VS. VENEZUELA

SENTENCIA DE 26 DE JUNIO DE 2012

(Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas)

Introducción.

Se emite el presente voto individual disidente con respecto de la Sentencia indicada en el título, en adelante e indistintamente la Sentencia, en atención a que el suscrito es del parecer que procedía acoger, respecto de todo el presente caso y no solo en forma parcial, como acontece en autos, la excepción preliminar interpuesta por la República Bolivariana de Venezuela, en adelante e indistintamente, el Estado, relativa al previo agotamiento de los recursos internos y ello en mérito de que, al no haberse oportunamente cumplido dicho requisito, procedía que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en adelante e indistintamente la Comisión, declarara inadmisible la petición que, dando origen al caso, le fue presentada y, consecuencialmente, se abstuviera de tramitarla y posteriormente presentarla ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante e indistintamente, la Corte, a la que, por su parte y por ende, no correspondía pronunciarse respecto del fondo del mismo. Y todo ello por las razones que se exponen seguidamente.

  1. - Resolución sobre la admisibilidad de la petición.

    Considerando lo contemplado en los artículos 44[1], 45.1 y 2[2], 46.1.a)[3] y 2[4], 47[5] y 48[6] de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en adelante e indistintamente la Convención, es de toda evidencia que la resolución de admisibilidad o inadmisibilidad que la Comisión debe dictar al amparo de lo dispuesto en ellas, lo debe ser con respecto a la específica “petición o comunicación presentada” de que se trate y que contenga la pertinente denuncia o queja en contra de un Estado parte de la Convención, por violación de la misma y no sobre otras y distintas solicitudes, presentaciones, documentos, gestiones o actuaciones efectuadas con posterioridad.

    Por lo mismo, es asimismo indudable que tal resolución debe, por una parte, referirse a los hechos a que la indicada petición se refiere y, por la otra, atenerse a sus propios términos y, especialmente, a lo que en ella se recaba o solicita.

    Las citadas normas convencionales, que son las que la Corte debe aplicar e interpretar[7], no dejan margen de duda alguna respecto de lo afirmado, ya que se refieren en forma clara, precisa, expresa, reiterada y únicamente a la “petición o comunicación presentada”. En tal sentido, ellas conllevan un mandato imperativo y, por lo tanto, no conceden mayor margen para una interpretación distinta a la expuesta y que se aleje de lo que los Estados Partes de la Convención efectivamente convinieron al respecto conforme manifestaron en ellas.

    Sin embargo, según consta en autos, en el presente caso no ha ocurrido así.

    Efectivamente, es un hecho de la causa que, según sus propios términos, la solicitud que ha dado origen al caso fue presentada el 12 de octubre de 2005 y conforme a sus propios términos, es un “Memorial y Queja contra el Estado de Venezuela por la violación de derechos humanos y al debido proceso de la víctima R.J.D.P., retenido ilegalmente … ”, por el que se solicita “por favor medidas a favor de la víctima, quien presenta problemas de salud que deben ser atendidos a la mayor brevedad, y (que) una vez decidido esto, pasar por favor a decidir el fondo de la petición”.

    En la nota adjunta a la petición, de la misma fecha, se reitera que se presenta “el siguiente Memorial y Queja contra el Estado Venezolano por violación a los derechos humanos y al debido proceso del ciudadano R.J.D.P.”, indicando a continuación los “derechos humanos violados” en el marco del proceso penal que en ese momento se le seguía al afectado, relativos, sucesivamente, a la “Situación carcelaria”, la “Detención ilegal”, la “Acusación en contra de R.D.P.”, las “Irregularidades del Proceso”, las “Violaciones al Debido Proceso” y al “Retardo Procesal”, todo ello acontecido antes de la presentación de la petición aludida.

    Cabe añadir que la mencionada solicitud solo fue adicionada o complementada, sin alterarla, por medio de notas de la peticionaria, de fechas 14 de junio, 10 y 18 de julio de 2006, en respuesta a un requerimiento de la Comisión, de fecha 21 de abril de 2006, con informaciones de gestiones o actuaciones judiciales y administrativas realizadas con posterioridad a la fecha de la petición y relativas al recurso de amparo interpuesto, al desarrollo del proceso penal y a las solicitudes pertinentes a las condiciones de detención.

    De lo reseñado, se evidencia, entonces, que el fondo de la petición era lo referente a lo que había acontecido y acontecía en el proceso penal y que, en cambio, las medidas cautelares solicitadas a la Comisión, que debían resolverse previamente, como efectivamente se decretaron[8], concernían a hechos que tenían lugar en el mismo, los cuales eran que el Sr. D.P. se encontraba, según la peticionaria, afectado por “problemas de salud”.

    Abona lo señalado por la propia Sentencia, en cuanto a que en la petición inicial, la peticionaria “asimismo, solicitó medidas cautelares a favor del señor D.P.”, las que “se mantuvieron mientras duró su reclusión”[9], es decir, que junto a lo requerido en lo que se podría catalogar de principal o de fondo, solicitó dichas medidas[10]. Igualmente, incrementa lo sostenido, las expresiones posteriores de la peticionaria en orden a que “al momento de la presentación de la petición ante la Comisión no existía sentencia condenatoria contra R.D.P. y que para esa época se trataba de tutelar los derechos a la presunción de inocencia, a no sufrir una privación ilegítima de libertad, a ser juzgado en libertad y al debido proceso, especialmente en el cumplimiento del plazo razonable, a cuyo respecto alegó que las violaciones ‘ya se habían consumado y se fueron sustanciando conforme se iban desarrollando los hechos en el proceso’”[11].

    Es decir, la petición decía relación básica y exclusivamente con lo que había ocurrido hasta ese entonces, 12 de octubre de 2005, en el proceso penal incoado en contra del Sr. D.P., estimado como una unidad o un todo indisoluble. Ello se manifiesta también en la circunstancia de que todas las peticiones realizadas en lo concerniente a la privación de libertad o prisión preventiva, se formularon ante el juez ante el cual se tramitaba el citado proceso o con relación a él[12].

    Incluso, la propia Sentencia reconoce que la petición se refería fundamentalmente al proceso penal en cuestión, al afirmar que, hasta el Informe de Admisibilidad de 20 de marzo de 2009 “… cabía considerar que se trataba de una denuncia de violaciones del debido proceso …”[13].

    Empero, la Comisión le atribuyó a la referida petición, otra lectura o alcance, distinguiendo en ella tres tipos de hechos. Unos, sobre la detención preventiva y la duración del proceso, otros atingentes a irregularidades en el proceso penal y los terceros, pertinentes a las condiciones de detención y a la falta de atención médica. A partir de allí, declaró inadmisible la petición en lo que se refiere al segundo grupo de hechos y admisible en lo que dice relación con el primero y el tercer grupo de hechos[14].

    Es la mencionada distinción, por lo tanto, lo que le permite a la Comisión proceder como lo hizo, vale decir, pronunciarse no sobre la admisibilidad de la petición tal cual fue planteada por la peticionaria y conforme a sus términos, sino según lo que aquella entendió de la misma y que le permitió, por tanto, declararla inadmisible en un aspecto y admisible en los otros dos, como si estos últimos no fuesen parte indivisible del primero.

    Por su parte, en la Sentencia, si bien se deja constancia que la Comisión “sometía a la Corte la totalidad de los hechos descritos en el informe de fondo No. 84/10”[15] y no obstante haber reconocido que, al menos hasta el Informe de Admisibilidad, se trataba de una denuncia relativa al proceso penal[16], se sigue la división realizada por aquella, como si ello fuese una cuestión fáctica del caso y no una opción metodológica, por ende, teórica y discutible. Al actuar así, la Sentencia no se pronuncia respecto a todos los hechos que le fueron sometidos sino exclusivamente sobre los pertinentes que le permitieron a la Comisión sustentar la admisibilidad parcial de la petición[17].

    En otros términos, obrando de esa manera, la Sentencia valida la contradicción en que había...

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