Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 26 de Junio de 2012. Caso Díaz Peña Vs. Venezuela. Serie C No. 244

Fecha de Resolución:26 de Junio de 2012
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Díaz Peña Vs. Venezuela
Acto:Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO DÍAZ PEÑA VS. VENEZUELA

SENTENCIA DE 26 DE JUNIO DE 2012

(Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas)

En el caso D.P.,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes Jueces:

D.G.-Sayán, P.;

M.E.V.R., V.;

L.A.F., J.;

M.M.M., J.;

R.A.B., J.;

A.P.P., J., y

E.V.G., J.;

presentes, además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 31, 32, 65 y 67 del Reglamento de la Corte( (en adelante también “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia, que se estructura en el siguiente orden:

ÍNDICE

|Capítulo |Párrafos |

|I INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA |1-4 |

|II PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE |5-11 |

|III COMPETENCIA |12 |

|IV PRUEBA |13 |

| A) Prueba documental, testimonial y pericial |14-15 |

| B) Admisión de la prueba | |

| B.1) Admisión de la prueba documental |16-25 |

| B.2) Admisión de la declaración de la presunta víctima y de la prueba testimonial y pericial |26-33 |

|V LOS HECHOS DEL CASO | |

| A) Consideraciones preliminares |34-55 |

| B) Antecedentes |56-59 |

| C) Detención, privación judicial preventiva de la libertad y proceso penal |60-86 |

| D) Sentencia de condena y renuncia al recurso de apelación |87-89 |

| E) Medida alternativa de cumplimiento de pena de régimen abierto y posterior fuga |90 |

| F) Condiciones de detención y deterioro de la salud del señor D.P. |91-108 |

|VI EXCEPCIÓN PRELIMINAR DE FALTA DE AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS | |

| A) Argumentos de las partes y de la Comisión Interamericana |109-113 |

| B) Consideraciones de la Corte |114-127 |

|VII FONDO DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS |128 |

| A) Argumentos de la Comisión y de las partes |129-134 |

| B) Consideraciones de la Corte |135-141 |

|VIII REPARACIONES (Aplicación del artículo 63.1 de la Convención Americana) |142-146 |

| A) Parte lesionada |147-150 |

| B) Medidas de reparación integral: satisfacción y garantías de no repetición |151-152 |

| B.1) Satisfacción: publicación y difusión de la Sentencia |153 |

| B.2) Garantías de no repetición |154 |

| B.3) Otras medidas solicitadas |155-156 |

| C) Indemnizaciones compensatorias | |

| C.1) Daño material |157-161 |

| C.2) Daño inmaterial |162-167 |

| D) Costas y gastos |168-172 |

| E) Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados |173-178 |

|IX PUNTOS RESOLUTIVOS |179 |

I

INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

  1. El 12 de noviembre de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la jurisdicción de la Corte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, el caso 12.703 en contra de la República Bolivariana de Venezuela (en adelante también “el Estado”, “el Estado venezolano” o “Venezuela”).

  2. El procedimiento ante la Comisión se desarrolló en la siguiente forma:

    1. El 12 de octubre de 2005 la señora P.A., de la Organización Venezuela Awareness Foundation, presentó ante la Comisión Interamericana la petición inicial (No. 1133-05), en la cual, asimismo, solicitó medidas cautelares a favor del señor D.P., quien en ese momento se encontraba sometido a prisión preventiva en el Control de Aprehendidos de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención, ubicado en El Helicoide de la ciudad de Caracas, Venezuela[1].

    2. El 20 de marzo de 2009 la Comisión emitió el informe de admisibilidad No. 23/09 (en adelante “informe de admisibilidad”), en el cual declaró que la petición No. 1133-05 era admisible en relación con la presunta violación de los artículos 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento y que eran inadmisibles los reclamos sobre la presunta violación de los artículos 4, 11, 15 y 24 de la Convención Americana.

    3. El 13 de julio de 2010 la Comisión aprobó el informe de fondo No. 84/10 (en adelante “informe de fondo”), en los términos del artículo 50 de la Convención, en el cual concluyó que el Estado venezolano era responsable de las violaciones de los artículos 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento e hizo varias recomendaciones al Estado.

    4. El 12 de agosto de 2010 se notificó al Estado el referido informe y se le concedió un plazo de dos meses para que informara sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión. Ante la falta de presentación de información por parte del Estado, la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte. La Comisión designó como delegados al Comisionado P.S.P. y a su S.E.S.A.C., y como asesores legales a su Secretaria Ejecutiva Adjunta Elizabeth Abi-Mershed y a S.S.G., abogada de la Secretaría Ejecutiva.

  3. La Comisión sometió a la Corte Interamericana la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en su informe de fondo No. 84/10[2]. Los hechos presentados por la Comisión Interamericana se enmarcan en las protestas que se llevaron a cabo en Venezuela, particularmente en la Plaza Francia de Altamira de Caracas iniciadas en octubre de 2002 y que se extendieron durante parte del año 2003, y se relacionan con los hechos ocurridos el 25 de febrero de 2003 en que estallaron dos artefactos explosivos en el Consulado General de la República de Colombia y en la Oficina de Comercio Internacional del Reino de España, situados en Caracas, y específicamente con la detención del señor R.J.D.P. por su presunta responsabilidad en los mismos. Según se alega, su detención habría sido ilegal y arbitraria y habría estado sometido a un régimen de detención preventiva que habría sobrepasado los límites establecidos en la ley penal, invocando una presunción de peligro de fuga[3]. Durante el tiempo en que habría permanecido en detención preventiva en la sede de la entonces Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (en adelante “DISIP”)[4], la presunta víctima no habría contado con una revisión judicial efectiva de su situación. Asimismo, R.J.D.P. habría sido sometido a un proceso con una serie de irregularidades que, según se alega, tuvieron como consecuencia que el proceso penal durara aproximadamente cinco años y dos meses desde su detención hasta la condena proferida en su contra. Mientras...

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