Determinación del bien jurídico penalmente protegido

• Author: Albert Estrada i Cuadras
• Pages: 31-50

CAPÍTULO II

DETERMINACIÓN DEL BIEN JURÍDICO

PENALMENTE PROTEGIDO

La primera pregunta que debe plantearse antes de proceder a dotar de

contenido al concepto penal de secreto empresarial es si los tipos penales de

violación de secreto empresarial (arts. 278 a 280 CP) tienen por finalidad la

protección de algún bien jurídico-penal 1. Ello sin perjuicio de que, además,

persigan otras finalidades, como la preservación de la libertad general de

acción como fin garantístico 2.

No parece problemático responder afirmativamente a esa pregunta, in-

cluso desde una concepción personal del bien jurídico-penal, de la que aquí

se parte 3. Existen tanto intereses directos (individuales) como indirectos

(colectivos) del ciudadano en la prevención de las violaciones de secreto em-

presarial. Entre los directos cabe mencionar el interés patrimonial del ciuda-

dano en recuperar y explotar sus inversiones en investigación y desarrollo.

También su interés en disponer libremente sobre sus bienes patrimoniales,

entendiendo el secreto empresarial como bien inmaterial capaz de formar

parte del patrimonio de una persona.

Entre los intereses indirectos, puede aludirse al interés de todo ciuda-

dano en la maximización de la inversión en investigación y desarrollo, en la

medida en que ello aumenta —o al menos así se presume— el nivel de vida

de la sociedad 4. Asimismo, puede citarse el interés de todo ciudadano en

1 MIR PUIG, «Bien jurídico y bien jurídico-penal como límites del ius puniendi», Estudios pena-

les y criminológicos (14), 1989-1990, pp. 203 y ss.

2 SILVA SÁNCHEZ, Aproximación al Derecho penal contemporáneo, 2.ª ed., 2010, pp. 453-464,

pp. 620 y ss., 627; AMELUNG, «Contribución a la crítica del sistema jurídico-penal de orientación

político-criminal de Roxin», en SCHÜNEMANN/SILVA SÁNCHEZ (coords.), El sistema moderno del

Derecho penal: cuestiones fundamentales, 1991, pp. 96-99; FRISCH, Comportamiento típico e imputa-

ción de resultado (1988), 2004, pp. 86 y ss.

3 NK-HASSEMER/NEUMANN, 4.ª ed., 2013, Vor § 1, nms. 131 y ss.

4 Este ha sido considerado uno de los posibles fundamentos de la protección jurídico-privada

de las posiciones legítimas de dominio sobre el secreto empresarial: por todos, véanse BONE, «The

(still) shaky foundations of trade secret law», Texas Law Review (92), 2014, pp. 1803 y ss.; SUÑOL

LUCEA, El secreto empresarial, 2009, pp. 80 y ss.; LEMLEY, «The surprising views of treating trade

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que se realice el valor justicia, entendiendo que las conductas de violación

de secreto empresarial implican precisamente la realización de lo contrario,

ya sea por atentar contra la libertad de disposición sobre el patrimonio ju-

rídicamente reconocido, ya sea por atentar contra los principios integrantes

de la moral comercial, concretamente contra el principio del avance por el

propio esfuerzo 5.

Todos ellos son intereses fundamentales de la persona directa o indirec-

tamente reconocidos en la Constitución. Los intereses patrimoniales direc-

tos del individuo pueden considerarse directa o indirectamente reconocidos

en el derecho constitucional a la propiedad privada (art. 33 CE) 6 y/o en el

derecho a la libertad de empresa (art. 38 CE) 7. El interés de todo ciudadano

en la maximización de la calidad de vida de la sociedad —interés patrimo-

nial indirecto, al menos en parte— encuentra anclaje constitucional en la de-

nominada Constitución económica (arts. 39 y ss. CE), en la que el progreso

social y económico se fija como uno de los objetivos de los poderes públicos

(art. 40 CE). Por su parte, el valor justicia es establecido como uno de los

valores superiores del ordenamiento jurídico español en el artículo primero

de la Constitución.

Por lo que se refiere a la dimensión de realidad exigida a todo interés

candidato a la protección penal, el único que, a mi juicio, no satisface las

exigencias del concepto personal de bien jurídico-penal es el relativo a la

realización del valor justicia. Si el quebrantamiento del valor justicia se cir-

cunscribe a un plano meramente ideal, no es capaz de afectar a la libertad

del ciudadano. Esta se manifiesta a través de bienes o realidades materiales,

fácticas, y solo a través de ellas puede ser lesionada. En la medida en que el

recurso a la pena solo se considera justificado para proteger, directa o indi-

rectamente, la libertad de la persona, el mero quebrantamiento de valores

secrets as IP rights», Standford Law Review (61), 2008, pp. 319 y ss.; RISCH, «Why do we have trade

secrets?», Marquette Intellectual Property Law Review (11), 2007, pp. 15 y ss.

5 Este ha sido considerado uno de los posibles fundamentos de la protección jurídico-privada

de las posiciones legítimas de dominio sobre el secreto empresarial: por todos, véanse BONE, «The

(still) shaky foundations of trade secret law», Texas Law Review (92), 2014, pp. 1803 y ss.; SUÑOL

LUCEA, El secreto empresarial, 2009, pp. 80 y ss.; RISCH, «Why do we have trade secrets?», Marquet-

te Intellectual Property Law Review (11), 2007, pp. 15 y ss.

6 En este sentido véase, MüKoUWG/BRAMMSEN, 2.ª ed., 2014, § 17, nm. 6. Sobre el estado

de la cuestión en Alemania, véase OHLY/Sosnitza, UWG, 6.ª ed., 2014, § 17, nm. 8. Por otra parte,

adviértase que en los Estados Unidos existe un importante sector doctrinal y jurisprudencial que

fundamenta la protección jurídica del secreto empresarial en el Derecho de propiedad: MILGRIM/

BENSEN, Milgrim on Trade Secrets, 2010, § 2.01; Ruckelshaus vs. Monsanto Co., 467 U.S. 986 (U.S.

Supreme Court, 26 de junio de 1984). Sobre el estado de la cuestión, POOLEY et al., Trade Secrets,

2011, § 1.02, quien adopta una postura ecléctica que no desconoce el derecho de propiedad como

fundamento (§ 1.02[8](d)).

7 MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Delitos relativos al secreto de empresa, 2010, p. 23; MORÓN LERMA,

El Secreto de Empresa: Protección Penal y Retos que Plantea ante las Nuevas Tecnologías, 2002,

pp. 155 y ss.; CARRASCO ANDRINO, La protección penal del secreto de empresa, 1998, pp. 148 y s.