La desaparición forzada de personas

• Author: Hernán Hormazábal Malarée
• Pages: 119-125

119

12

La desaparición forzada de personas

Hernán Hormazábal Malarée

I. INTRODUCCIÓN

La historia de las relaciones del individuo con el Estado nunca ha sido pacífi-

ca. El Estado democrático de derecho es el resultado de un proceso, de una larga

lucha por la conquista de mayores ámbitos de libertad, con avances y retrocesos,

logros y frustraciones que se desarrolla día a día. Por eso, cuando hablamos de

democracia no nos estamos refiriendo a un modelo acabado sino a un proceso

dinámico, a una meta que todavía está por conseguir. La contribución del dere-

cho en la construcción de la democracia no sólo ha sido importante sino tam-

bién necesaria. En el caso español, para que pudiera comenzar el proceso demo-

crático, después de una dictadura de 40 años, fue necesario que se promulgara

una Constitución, la española de 1978, que garantizara, además de los derechos

y libertades fundamentales de la persona, sus derechos políticos y socioeconómi-

cos. En esta dirección este texto jurídico en su Título Preliminar señala que cons-

tituyen valores superiores del ordenamiento jurídico español la libertad, la justi-

cia, la igualdad y el pluralismo jurídico para más adelante concretar dichos dere-

chos y establecer los mecanismos jurídicos necesarios para su defensa. Estos

derechos no están reconocidos en la Constitución como una meta a conseguir,

sino como mínimos exigibles para la construcción y el desarrollo de la democracia.

El art. 10.2 de la Constitución está íntimamente vinculado con lo expresado

anteriormente. En este precepto se señala textualmente que «las normas relativas a los

derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán

de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y

acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España».1 El texto

pone de manifiesto la importancia que tienen los DD HH y los acuerdos y tratados

internacionales sobre esta materia en el ordenamiento jurídico español. Esto quiere

decir, en otras palabras, que por encima de cualquier otro interés del Estado están las

personas. Así lo reconoce el artículo 10.1 de la Constitución cuando señala que «la

dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo

de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del

orden político y de la paz social». Por eso podemos afirmar, sin temor a equivocarnos,

que la lucha por los DD HH es también una lucha por los derechos y libertades de las

personas y, por tanto, también por la democracia.2

1. Véase en el capítulo «La vigencia de los Derechos Humanos en España» de esta misma obra, el

apartado dedicado a la incorporación de las normas internacionales en la legislación nacional.

2. Corcuera Cabezut, S. (2002), Derecho constitucional y derecho internacional de los DD HH,

Oxford University Press, México.

Derecho_Internacional.pmd 18/09/2009, 13:28119