El derecho de propiedad: un derecho difícil

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1. EL DERECHO DE PROPIEDAD:

UN DERECHO DIFÍCIL

Dotar de justiciabilidad, en el ámbito regional del Consejo de Europa, a

un derecho como el derecho a la propiedad privada no fue una tarea sencilla.

Primeramente había que consensuar su reconocimiento común por las Altas

Partes contratantes, así como su contenido y su alcance efectivo. No se trataba

simplemente de una mera proclamación declarativa, como la Carta de Derechos

Humanos de las Naciones Unidas, (en adelante CDHNU), sino de un instrumen-

to con carácter coactivo en caso de incumplimiento. Pero sobre este punto en

concreto volveremos más adelante, cuando nos ocupemos de los travaux prépara-

tories del artículo 1 del Protocolo Adicional.

Previamente nos centraremos en reflexionar acerca de la dificultad intrínse-

ca que encierra el propio derecho de propiedad en el entorno de los Estados de

nuestra influencia jurídico-cultural más cercana.

Como bien es sabido, la Declaración de los Derechos del Hombre y del

Ciudadano de 1789 ya reconocía en su artículo 17 la propiedad como derecho

inviolable y sagrado admitiéndose, sin embargo, que debía ceder ante el interés

público.

Y en transcurso de la historia la concepción liberal originaria del derecho fue

perdiendo peso a favor de un concepto jurídico más difuso y permeable a las cir-

cunstancias del momento histórico en concreto y sus necesidades.

Por ello, debemos entender al derecho de propiedad desde la dualidad,

como haz de facultades sobre los bienes y derechos y el interés público junto con

la función social que se establece como límite del ejercicio del mismo. Asimismo,

las garantías que en cada momento histórico y en cada espacio físico se fueron

delimitando, tales como la prohibición de la confiscación o la obligación de la

indemnización de las expropiaciones han tenido distinto alcance en el espacio

geográfico que entendemos por Europa. De ahí que sea perfectamente compren-

sible la dificultad para los ordenamientos internos a la hora de fijar el contenido

básico o esencial del derecho, y la todavía mayor de consensuarla en el plano

internacional.

A modo de ejemplo, la identificación del contenido esencial del derecho de

propiedad en nuestra Constitución ha originado serias dificultades, pese a la in-

fluencia ejercida por el CEDH y el Protocolo Adicional. En cualquier caso, ha

reconocido el Tribunal Constitucional, (en adelante el TC), que ese contenido

esencial del derecho a la propiedad no solamente está comprendido por la libre