Derecho Judicial Internacional

Autor:José Carlos Fernández Rozas y M.a Victoria Cuartero Rubio
Páginas:695-738
RESUMEN

1. Competencia judicial internacional. 2. Reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales extranjeras

 
ÍNDICE
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    Esta crónica es continuación de la publicada en el número anterior de este volumen de la REDI, pp. 163-262. Colaboran en la presente: Rafael Arroyo Montero, Beatriz Campuzano Díaz, Albert Font i Segura, Miguel Gardeñes Santiago, Guillermo Palao Moreno, Patricia Orejudo Prieto de los Mozos, Ana Quiñones Escámez, Andrés Rodríguez Benot, Eloy Miguel Rodríguez Gayán, Elena Rodríguez Pineau, M.ª Ángeles Rodríguez Vázquez y José Manuel Velasco Retamosa, de las Universidades Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Castilla-La Mancha, Complutense, La Coruña, Oviedo, Pompeu Fabra, Sevilla y Valencia.

Autores: Beatriz Campuzano Díaz, Patricia Orejudo Prieto de los Mozos, Andrés Rodríguez Benot, Miguel Gardeñes Santiago.

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1. Competencia judicial internacional

1999-48-Pr

COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL.-Contrato de comisión para la compra de inmueble situado en España.-Demandado domiciliado en Alemania. Aplicación del Convenio de Bruselas de 1968.-Foro de consumidores.

Preceptos aplicados: artículos 533.1.o y 687 LEC, artículos 40 y 1.171 Cc y artículos 21.1 y 22.2 LOPJ.

Partiendo de la correcta alegación de la excepción con arreglo a lo establecido en los artículos 533.1. a y 687 LEC, no resultan de aplicación los artículos 21.1 y 22.2 LOPJ ya que, a falta de Tratado o Convenio internacional en los que España sea parte, no existe sumisión tácita a los Juzgados o Tribunales españoles (sin que pueda entenderse por esta última el hecho de proponer la excepción como toda contestación a la demanda) ni consta que el demandado tenga su domicilio en España, no sirviendo a tales efectos como tal el del inmue- Page 696 ble adquirido en nuestro país, por falta de los requisitos del artículo 40 Cc; por tanto, con arreglo al artículo 1.171 del referido Código, no constando el domicilio ni la residencia del demandado en España y ejercitándose una acción personal, la competencia viene determinada por el lugar de cumplimiento de la obligación que al no haberse expresado en el contrato ni haberse constituido aquélla en España debe entenderse que es el lugar del domicilio del deudor, que como se dijo, lo tiene en Alemania, resultando de ello la falta de competencia de los Tribunales españoles para el conocimiento del asunto.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 4.ª) de 18 de noviembre de 1998. Ponente: Excmo. Sr. D. J. L. Úbeda Mulero.

F.: RGD, 1999, n.o 654, p. 3227.

Nota (1): 1. Tal como señala el texto de la sentencia, en la demanda que originó el juicio de menor cuantía se reclamaba al demandado, domiciliado en Alemania, una determinada cantidad en concepto de comisión sobre el precio de adquisición de un inmueble mediante la intermediación de la mercantil actora, de nacionalidad norteamericana, concertado el porcentaje en contrato de inscripción de viaje para posible compraventa celebrado en Alemania.

La exposición de estos datos permite afirmar a continuación que sorprende que se haya acudido a la LOPJ para fundamentar la decisión, ya que entendemos que se daban las condiciones para aplicar el Convenio de Bruselas, que goza de preferencia en nuestro ordenamiento en virtud de lo dispuesto por la Constitución en su artículo 96 (sobre los criterios que delimitan el ámbito de este acuerdo vide A. L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González, Derecho internacional privado, vol. I, Granada, 1999, pp. 80 y ss.; nada se dice en la Sentencia sobre el momento en que se interpuso la demanda, pero cabe presumir que fue con posterioridad a la entrada en vigor del Convenio en nuestro país). Y aunque el error en que se incurre no es privativo de esta Sentencia (vide la Sentencia Aud. Prov. de Barcelona de 15 de febrero de 1994, REDI 1995-2-Pr, con Nota de R. Arenas García), hay que reconocer que resulta especialmente llamativo en este caso, al indicarse expresamente que a falta de Tratado o Convenio internacional no resulta aplicable el artículo 21.1. LOPJ.

  1. Partiendo de esta afirmación, el razonamiento que sigue a continuación toma lógicamente a la LOPJ como norma de referencia. Y así, se señala en primer término y citando el artículo 22.2. LOPJ, que no existe sumisión tácita a los Juzgados y Tribunales españoles, al no poder entenderse por esta última el hecho de proponer excepción de falta de jurisdicción del artículo 533.1. LEC como toda contestación a la demanda. En relación con esta consideración, aparte de que resulta curiosa la alusión que se hace al artículo 22.2. LOPJ (este precepto, en lo que a la sumisión tácita se refiere, se ha visto desplazado en gran medida por el artículo 18 del Convenio de Bruselas, vide J. C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, Curso de Derecho internacional privado, 3.a ed., Madrid, 1996, pp. 245-246; y A. L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González, op. cit., pp. 123-124), debemos destacar que se toma partido sobre una cuestión que ha venido planteando ciertos problemas interpretativos en la doctrina y jurisprudencia. Problemas que al menos hoy se encuentran prácticamente superados o en vías de superación.

    En concreto, y recogiendo las palabras de J. C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, al no haberse articulado en el ordenamiento español un sistema ad hoc que fije el cauce procedimental de una eventual impugnación a instancia de parte de la competencia judicial internacional, una jurisprudencia muy abundante ha admitido la vía de la excepción del artículo 533.1. LEC; pero este cauce ha sido objeto de fuertes críticas con el argumento de que su empleo, tanto en el juicio de mayor cuantía como en el de menor cuantía -que es el caso que nos ocupa-, implica la sumisión tácita del demandado (vide J. C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, op. cit., p. 277; y F. Esteban de la Rosa, «Nota a la Sentencia de la Aud. Prov. de Málaga de 2 de noviembre de 1993», REDI, 1995-32-Pr). Esta interpretación tiene su origen en una rigurosa interpretación analógica del artículo 58.2. LEC para determinar cuándo se entiende producida la sumisión tácita a nuestros órganos judiciales, que ha sido igualmentePage 697 bastante criticada y discutida por la doctrina (vide J. M. Santos Vijande, que se inclina sin embargo por impugnar la competencia mediante la declinatoria internacional, planteada como incidente en el juicio de menor cuantía, Declinatoria y declinatora internacional. Tratamiento procesal de la competencia internacional, Madrid, 1991, pp. 346 y ss.; y F. Esteban de la Rosa, «Alcance material del artículo 18 del Convenio de Bruselas, sobre los medios procesales de impugnación de la competencia judicial internacional», La Ley. Unión Europea, núm. 4198, 31 de diciembre de 1996, p. 2).

    En la actualidad, como decíamos, este problema ha perdido vigor debido a que se aplica el Convenio de Bruselas en la mayoría de supuestos en que puede operar la sumisión tácita a los órganos judiciales de nuestro país. Y es que, como ha puesto de relieve F. Esteban de la Rosa, aunque la normativa comunitaria no afecta a las modalidades procesales de impugnación de la competencia judicial internacional, impide considerar como sumisión tácita una actuación procesal que tenga tal finalidad («Nota ..., loc. cit. op. cit., pp. 361-362). Esto permite afirmar, en relación con el supuesto que analizamos, que acudiéndose equivocadamente al artículo 22.2. LOPJ, no se sigue al menos la tan criticada aplicación analógica del artículo 58.2. LEC, siendo la solución conforme en el fondo con el mencionado Convenio.

    Por otra parte, en la proyectada LEC se piensa regular el modo de impugnar la competencia judicial internacional, poniendo con ello fin, como señala su Preámbulo, a lagunas legales que afectaban a este sector, y que han sido el motivo de la discrepancia mencionada. Esta futura Ley establece en su artículo 39 que el demandado podrá denunciar la falta de competencia mediante declinatoria, y en los artículos 63 y ss. Determina el contenido de la declinatoria, el momento procesal en que se debe proponer su tramitación (aludimos al texto que ha sido aprobado por el Pleno del Congreso de Diputados el 23 de septiembre de 1999, que es el último documento que hemos podido consultar a la hora de escribir estas líneas, BOCG, Congreso de los Diputados, VI Legislatura, Serie A: 5 de octubre de 1999, núm. 147-15).

  2. Siguiendo el análisis de la Sentencia, hay que precisar que no habría sido necesario plantearse la posibilidad de sumisión táctica de existir otro foro en el que fundamentar la competencia de nuestros órganos judiciales (en el sistema autónomo, aunque pudiera parecer lo contrario por la redacción del artículo 22 LOPJ, los foros no se ordenan conforme a un criterio de jerarquía, J. C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, op. cit., pp. 263-264). Pero en este caso, prosigue el discurrir de la Sentencia rechazando acertadamente que el demandado está domiciliado en España por el simple hecho de haber adquirido un inmueble (hay que tener en cuenta que el concepto de domicilio, identificado en el artículo 40 Cc con la residencia habitual, se interpreta en la jurisprudencia como la presencia física en un lugar con la intención de permanecer, A. L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González, op. cit., p. 124); y concluye, de modo más criticable, acudiendo directamente al artículo 1.171 Cc para determinar que la obligación debía cumplirse fuera de España.

    Decimos que de modo más criticable porque es difícil comprender que se señale expresamente que no resulta aplicable el artículo 22.2 LOPJ, y se omita toda referencia al apdo. 3.a del citado artículo cuando se entra a considerar el lugar de cumplimiento de la obligación, usándose además un lenguaje que recuerda en parte al artículo 62.1. LEC previsto para la competencia territorial interna. A esto se añade que este foro se inspira en el principio de proximidad entre el objeto del proceso y el tribunal competente, lo cual, como ha...

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