Derecho a la Integridad Personal

AuthorCentro de Derechos Humanos
Pages8-9
II. DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL
8
Afectación que puede generar una querella por difamación
al derecho a la integridad personal y a la libertad de expresión
En el caso Uzcátegui y otros, la Corte IDH se pronuncia en cuanto a las consecuencias que se pueden generar en el goce
del derecho a la integridad personal y de la libertad de expresión mediante la presentación de una querella por difamación,
en particular una que provenga de alguien que ocupe un alto cargo en el Estado y que se dé en un contexto de violaciones
de derechos humanos. Para la Corte, la existencia de un proceso penal de esta naturaleza y en estas condiciones genera una:
“[…] situación de incertidumbre, inseguridad e intimidación por la existencia de un proceso penal en su
contra, en atención al alto cargo que ocupaba quien presentó la querella, señalado a su vez en dichas expresiones
como uno de los presuntos responsables de los hechos, en el referido contexto y ante los actos de amenaza,
hostigamiento y detenciones ilegales. Así, el proceso penal pudo haber generado un efecto intimidador o inhibidor
en el ejercicio de su libertad de expresión, contrario a la obligación estatal de garantizar el libre y pleno ejercicio de
este derecho en una sociedad democrática.” (Caso Uzcátegui y otros, párr. 189)1
Es interesante destacar que la Corte utiliza una presunción en este punto: atendida la situación existente en un lugar
y momento determinado –en este caso, las ejecuciones extrajudiciales en el estado de Falcon en la época en que ocurrieron
los hechos– se presume que la existencia de un proceso penal en contra de una persona puede producir una situación de
“incertidumbre, inseguridad e intimidación” Esta situación puede vulnerar la integridad sicologica de una persona y que
coartar la libertad de expresión, pues por el ejercicio de dicho derecho se inició el proceso penal señalado. A diferencia del caso
Kimel2 donde la Corte resalta como el proceso penal por difamación y el riesgo latente de posible pérdida de libertad constituían
una afectación grave al derecho a la libertad de expresión, en el caso Uzcateguí la Corte pondera como elemento adicional en
la vulneración del derecho el contexto de la situación de derechos humanos en el estado de Falcón.
En los casos Perozo y otros3 y Manuel Cepeda Vargas4, la Corte IDH estableció una obligación positiva para los Estados
cuando la libertad de expresión resulte ilegítimamente restringida por condiciones de facto que pongan en riesgo el derecho
a la integridad personal de quienes ejercen la libertad de expresión, y en el caso Uzcategui y otros, vuelve a repetirlas,
especialmente en un contexto de violaciones de derechos humanos:
“[…] El Estado debe abstenerse de actuar de manera tal que propicie, estimule, favorezca o profundice esa
vulnerabilidad y adoptar, cuando sea pertinente, medidas necesarias y razonables para prevenir violaciones o
proteger los derechos de quienes se encuentren en tal situación.” (Caso Uzcátegui y otros, párr. 190)
Deber de diligencia del Estado ante un grupo en situación de riesgo
En el caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku, la Corte IDH aborda la situación de riesgo en la que se encuentra el
Pueblo Sarayaku, a raíz de la existencia de explosivos sembrados en su territorio, especialmente en cuanto al derecho a la vida
y la integridad de los miembros de su comunidad. No obstante dichos explosivos fueron colocados en el territorio Sarayaku
por parte de un tercero (una empresa petrolera), es el Estado el que resulta responsable por no cumplir con su deber de
diligencia ante esta situación. Tal como fue señalado en el caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa5, la Corte comienza su
razonamiento señalando que el Estado no puede ser responsable de toda situación de riesgo al derecho a la vida, ya que “las
obligaciones positivas del Estado deben interpretarse de forma que no se imponga a las autoridades una carga imposible o
desproporcionada” (Caso Sarayaku, párr. 245), pero que existen ciertos supuestos bajo los cuales el Estado sí sería responsable:
[…] Para que surja esta obligación positiva, debe establecerse que al momento de los hechos las autoridades
sabían o debían saber de la existencia de una situación de riesgo real e inmediato para la vida de un individuo o
grupo de individuos determinados, y no tomaron las medidas necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones que
razonablemente podían esperarse para prevenir o evitar ese riesgo.” (Caso Sarayaku, párr. 245)
Para poder atribuir dichas obligaciones positivas al Estado, debe atenderse a las condiciones particulares de cada
caso y si en ellas existía la concreción de las obligaciones de garantía del Estado6. En este caso, la Corte IDH decretó el año
2005 medidas provisionales7, por tanto, se concluye que el Estado ya conocía la existencia de un riesgo claro, comprobado
y permanente para la vida del Pueblo Sarayaku. Sin embargo, el Estado no realizó actuación alguna en defensa del pueblo
indígena y no se opuso a la colocación de explosivos por parte de la empresa petrolera en el territorio del pueblo.
Más aún, y considerando que de las obligaciones generales establecidas en el artículo 1.1 y 2 de la Convención derivan
deberes especiales, determinables en función de las particularides necesidades de protección del sujeto de derecho, la Corte
estableció que:
“[…] en lo que respecta a pueblos indígenas, es indispensable que los Estados otorguen una protección efectiva
que tome en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, así como su situación
de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres.” (Caso Sarayaku, párr. 264).
1 Aquí, la Corte IDH cita al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Caso Otegi Mondragon Vs. España, No 2034/07, 15 de marzo de 2011, párr. 58. La Corte
Europea hace un llamado a las autoridades para que ejerzan una mayor auto–restricción en este ámbito: “[…] en cuanto a la sanción, si bien es totalmente legítimo
que las instituciones del Estado estén protegidas por las autoridades competentes en su calidad de garantes del orden público institucional, la posición dominante que
estas Instituciones ocupan, obliga a las autoridades a demostrar contención en el uso de la vía penal […]”.
2 Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 213, párr. 172.
3 Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 118.
4 Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 172.
5 Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 155. Ver también Caso González y otras (Campo
Algodonero) Vs. México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 280.
6 Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 123 y Caso Familia Barrios Vs. Venezuela. Sentencia de 24
de noviembre de 2011. Serie C No. 237, párr. 123.
7 Entre ellas, se requirió al Estado para que adoptara, sin dilación, las medidas que fueran necesarias para proteger la vida e integridad personal de los miembros del
pueblo indígena Kichwa de Sarayaku. Ver Asunto Pueblo Indígena Sarayaku. Medidas provisionales respecto de Ecuador, resolución de la Corte de 6 de julio de 2004.
III. DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL
9
Atención médica otorgada por un órgano o médico independiente
del centro penitenciario como salvaguardia ante una vulneración a la integridad personal
La Corte IDH ha construido una sólida jurisprudencia en materia de violaciones al derecho a la integridad personal de
personas privadas de libertad. En el caso Díaz Peña, la Corte comienza sentando los principios generales en esta materia.
En primer lugar, señala la obligación del Estado de garantizar los derechos de toda persona que se encuentre privada de
libertad, atendido que el Estado es el responsable de los establecimientos de detención8 
las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos, establecido en el artículo 1.1 de la Convención, ya que las
personas privadas de libertad son sujetos de derecho con particulares necesidades de protección9.
Entre los deberes que tiene el Estado para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad, cabe destacar la

requiera10. En este punto, la Corte menciona el Principio 24 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas
Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, que señala que se ofrecerá a toda persona detenida o presa un examen
    
        
gratuitos”11.
Siguiendo lo señalado por la Corte en los casos Retén de Catia12 y Vélez Loor13 y ante denuncias por posibles
vulneraciones a la intregridad personal, la Corte indica que:
La atención por parte de un médico que no tenga vínculos con las autoridades penitenciarias o de detención
es una importante salvaguardia en contra de la tortura y malos tratos, físicos o mentales , de las personas privadas
de libertad14”. ( Caso Díaz Peña, párr. 137)
         
autoridades penintenciarias tiene una correlación directa con la prevención de una vulneración al derecho a la integridad.
Violación del derecho a la integridad personal en relación
a la libertad de conciencia y religión y el derecho a la cultura
La imposibilidad de enterrar a quienes están desaparecidos ha sido reconocido por la Corte como una violación del
15.
En el caso Masacres de Río Negro, la Corte agrega un elemento adicional a la violación del derecho a la integridad
personal: no sólo se produce dicha violación por la imposibilidad de disponer los cadáveres desaparecidos de los familiares,

sagrados por los pueblos indígenas no pueden ser ocupados por ellos16. Por lo tanto, valoriza la libertad de conciencia y religión
y el derecho a la cultura (por ser la cultura un elemento esencial de la identidad indígena y de la identidad de toda comunidad
         
personal de las personas:
[…] Esta Corte ya ha señalado que la relación especial de los pueblos indígenas con sus territorios ancestrales
no estriba solamente en que constituyen su principal medio de subsistencia, sino un elemento integrante de su
cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su identidad o integridad cultural, el cual es un derecho fundamental y de
naturaleza colectiva de las comunidades indígenas […]” (Caso Masacres de Río Negro, párr. 160)
Medidas especiales de protección para menores privados de libertad
En boletines anteriores se ha tratado la excepcionalidad de la detención de niños y niñas17. Para analizar este mismo
tema, en el caso Uzcátegui, la Corte IDH toma como punto de partida el artículo 19 de la Convención, el que señala que todo
niño y niña tiene derecho a las medidas de protección que, por su condición de menor, deben ser ejecutadas por el Estado18.
En el caso Uzcátegui se detuvo a un menor edad, quien no fue separado de los detenidos mayores de edad y cuya detención
no fue comunicada a la autoridad competente (párr. 152), dos medidas especiales que son contempladas por una ley interna
de Venezuela y que están inspiradas por el principio de protección reforzada a los menores establecido en el artículo 19 de
la Convención. Aquí, la violación al derecho a la libertad personal se ve agravada por la falta de aplicación de las medidas de
protección para el menor detenido.
8 Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras. Sentencia de 27 de abril de 2012. Serie C No. 241, párr. 67; Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Sentencia de 11 de diciembre

9 Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, supra nota 6, párr. 111 y Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador. Sentencia de 19 de mayo de 2011. Serie C No. 226, párr. 42.
10 supra nota 8, párrs. 198 y 220; Caso “Instituto de
Reeducación del Menor” Vs. Paraguay. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 159.
11 Caso Díaz Peña. Sentencia de 26 de junio 2012. Serie C No. 244, párr. 137.
12 
13 supra nota 8, párr. 220
14 suprasupra nota 8, párr. 220.
15 Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Sentencia de 29 de abril de 2004. Serie C No. 105, párr. 87.a; Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala.
Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párrs. 226 y 292.
16 Caso Masacre de Río Negro Vs. Guatemala. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C No. 250, párr. 160.
17 Ver Boletín de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad de Chile Nº 3/2011,
p. 9 y Caso Familia Barrios Vs. Venezuela, supra nota 6, párr. 55.
18 El artículo 19 de la Convención Americana establece: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su
familia, de la sociedad y del Estado”.

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT