Derecho a las Garantías Judiciales y Protección Judicial
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Organización del Ministerio Público y la Presunción de Inocencia
En el Caso Tristán se abrió una discusión sobre ciertos criterios mínimos que deben regular la organización
de los órganos de persecución penal:
“Los Estados partes pueden organizar su sistema procesal penal, así como la función, estructura o
ubicación institucional del Ministerio Público a cargo de la persecución penal, considerando sus necesidades
y condiciones particulares, siempre que cumplan con los propósitos y obligaciones determinadas en la
Convención Americana. En los casos que la legislación de un determinado Estado establezca que los
integrantes del Ministerio Público desempeñan su labor con dependencia orgánica, ello no implica, en sí
mismo, una violación a la Convención” Caso Tristán,
“Por su parte, la Corte destaca que el principio de legalidad de la función pública, que gobierna
la actuación de los funcionarios del Ministerio Público, obliga a que su labor en el ejercicio de sus cargos
deben velar por la correcta aplicación del derecho y la búsqueda de la verdad de los hechos sucedidos,
actuando con profesionalismo, buena fe, lealtad procesal, considerando tanto elementos que permitan
acreditar el delito y la participación del imputado en dicho acto, como también los que puedan excluir
o atenuar la responsabilidad penal del imputado” Caso Tristán,
En el Sistema Universal, el Comité de Derechos Humanos, en su Observación General Nº 32 (2007)
Caso Tristán
“[…] La presunción de inocencia, que es fundamental para la
protección de los derechos humanos, […] Todas las autoridades públicas tienen el deber de abstenerse de prejuzgar los
resultados de un juicio, por ejemplo, absteniéndose de hacer comentarios públicos en que se declare la culpabilidad
del acusa” OG Nº 32
“El derecho de toda persona acusada de un delito a ser informada sin demora, en un idioma
que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de los cargos formulados contra ella, […] Esta garantía
se aplica a todos los casos de acusación de carácter penal, incluidos los de personas no detenidas, mas no a las
investigaciones penales que preceden a la formulación de los cargos.” (OG Nº 32, párr. 31). 3
La Obligación de Investigar como una concreción de Obligación de Garantía
En el Caso Ríos y en el Caso Perozo
sentencia Velásquez Rodríguez Vs. Honduras
Caso Velásquez
Rodríguez
DERECHO A LAS GARANTIAS JUDICIALES Y PROTECCION JUDICIAL
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“La regla del previo agotamiento de los recursos internos en la esfera del derecho internacional
de los derechos humanos, tiene ciertas implicaciones que están presentes en la Convención. En efecto,
según ella, los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de
violación de los derechos humanos (art. 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las
reglas del debido proceso legal (art. 8.1), todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos
Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda
persona que se encuentre bajo su jurisdicción (art. 1)” Caso Godínez Cruz Vs. Honduras.
Godínez Cruz
Kawas,
Ríos y Perozo
“Este deber de ‘garantizar’ los derechos implica la obligación positiva de adopción, por parte del
de muerte violenta como el presente, el Tribunal ha considerado que la realización de una investigación
protección de los derechos afectados por este tipo de situaciones” Caso Kawas
sentido, Caso Ríos y Caso Perozo
El Comité de Derechos HumanosCaso Arhuacos c. Colombia. Comunicación
Nº612/1995, párr. 8.8
“[…] el Estado parte tiene el deber de investigar a fondo las presuntas violaciones de derechos
humanos, en particular las desapariciones forzadas de personas y las violaciones del derecho a la vida, y de
encausar penalmente, juzgar y castigar a quienes sean considerados responsables de esas violaciones”.
Características de la labor investigativa del Estado
La Corte ha dicho en el Caso Tristán en el Caso Kawas
“El deber de investigar es una obligación de medios y no de resultado. Como ha sido señalado por
la Corte de manera reiterada, este deber ha de ser asumido por el Estado como un deber jurídico propio
y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de
intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la
aportación privada de elementos probatorios” Caso Tristán
En el Caso Blake Vs. Guatemala , relacionando la
Nicholas Blake el derecho a que su desaparición y muerte sean efectivamente investigadas por las
autoridades de Guatemala; a que se siga un proceso contra los responsables de estos ilícitos; a que en
su caso se les impongan las sanciones pertinentes, y a que se indemnicen los daños y perjuicios que han
sufrido dichos familiares”Caso Blake
Caso Ríos
Caso Perozo
“La obligación de investigar ‘no sólo se desprende de las normas convencionales de Derecho
Internacional imperativas para los Estados Parte, sino que además se der iva de la legislación interna
Estados Parte disponer, de acuerdo con los procedimientos y a través de los órganos establecidos en
la acción penal en el procedimiento interno, así como las normas que permitan que los ofendidos o
perjudicados denuncien o ejerzan la acción penal y, en su caso, participen en la investigación y en el
proceso” Caso Ríos y Caso Perozo
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casos Kawas Ríos y Perozo
por tanto el Estado no goza de libertad plena en este sentido.
En cuanto a la actividad investigadora del Estado, en el Caso Kawas
el Caso Juan Humberto Sánchez
cuando se está frente a una muerte violenta. Conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana,
las autoridades estatales que conducen una investigación de este tipo deben intentar como mínimo,
posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga; d) determinar
la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así com o cualquier patrón o práctica que pueda haber
causado la muerte, y e) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además,
es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen, se deben realizar autopsias y análisis de
restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más
apropiados” Caso Humberto Sanchez,
Derecho de los familiares de la víctima a las garantías judiciales y protección judicial
En el Caso Kawas
“el cumplimiento de la obligación de emprender una investigación seria, completa y efectiva de lo
ocurrido, en el marco de las garantías del debido proceso, ha involucrado también un examen del plazo
de dicha investigación y de ‘los medios legales disponibles’ a los familiares de la víctima fallecida, para
garantizar que sean escuchados durante el proceso de i nvestigación y el trámite judicial, así como que
puedan participar ampliamente de los mismos”Caso Kawas
De esta forma, la Corte reconoce la investigación y el castigo de graves violaciones de los derechos humanos
Caso Kawas, la Corte
“no corresponde declarar a la señora Blanca Jeannette Kawas como víctima de la violación de los
artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, como ha sido solicitado por los representantes, toda
vez que en un caso de muerte violenta el ejercicio de estos derechos corresponde a los familiares de la
víctima fallecida, quienes son la parte interesada en la búsqueda de justicia y a quienes el Estado debe
proveer recursos efectivos para garantizarles el acceso a la justicia, la investigación y eventual sanción,
en su caso, de los responsables y la reparación integral de las consecuencias de las violaciones” Caso
Kawas
sistema universal
Pacto Internacional de Derechos Civ iles y Políticos
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El derecho subjetivo a conocer los hechos constitutivos de una violación de derechos humanos y la determinación
de sus responsables, que la Corte reconoce a las víctimas y a sus familiares en caso de violaciones graves a los derechos
humanos, en virtud de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, ha sido muchas veces denominado como “derecho a la
verdad”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano que acuñó este concepto, ha buscado instaurarlo
como un derecho autónomo.
La idea de “derecho a la verdad” está, de cierta forma, presente en el razonamiento de la Corte en el Caso
Kawas (párrs. 112 y 117) al señalar que:
“el derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en un tiempo razonable, el derecho de las
presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido
y se sancione a los responsables” (Caso Kawas, párr. 112) y que “en casos como el presente, con arreglo
en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, los familiares de la víctima fallecida tienen el
derecho de conocer la verdad de lo ocurrido; derecho que exige la determinación procesal de la más
completa verdad histórica posible” (Caso Kawas, párr. 117).
Como señala O’Donnell5 “El concepto de un derecho a la verdad ha sido impulsado principalmente por la CIDH.
La jurisprudencia de este organismo sobre el tema descansa, en parte, en dos instrumentos elaborados en el seno
de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que son el Conjunto de Principios para la protección y
promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, y los Principios y Directrices Básicos sobre
el derecho de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a imponer recursos y obtener reparaciones”.
La Corte Interamericana se ha referido a los argumentos de la Comisión, descartando el derecho a la verdad
como un derecho autónomo, y subsumiéndolo dentro de la obligación de investigar y bajo los derechos a las garantías
judiciales y a la protección judicial. Así, en el Caso Castillo Páez vs. Perú (Sentencia de 3 de Noviembre de 2007,
Fondo, Serie C N° 34) señaló que:
Americana aunque pueda corresponder a un concepto todavía en desarrollo doctrinal y jurisprudencial,
lo cual en este caso se encuentra ya resuelto por la decisión de la Corte al establecer el deber que
tiene el Perú de investigar los hechos que produjeron las violaciones a la Convención Americana” (Caso
Castillo Páez, párr. 86),
y en el caso “Bámaca Velásquez” estableció:
“De todos modos, en las circunstancias del presente caso, el derecho a la verdad se encuentra
subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado
el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la
investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención” (Caso Bámaca
Velásquez, párr. 201).
5 Ibídem, p. 499.
Derecho a la verdad
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Motivación de las sentencias como garantía judicial implícita en el artículo 8.1 de la Convención
En el Caso Tristán Caso Apitz Barbera y otros
(“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela
en cuanto a la motivación de las sentencias como
de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que
protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga
credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática” Caso Tristán,
“El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos, que puedan afectar
derechos humanos, deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones
arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente
tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo,
la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones
son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la
cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las “debidas
garantías” incluidas en el artículo 8.1 de la Convención para salvaguardar el derecho a un debido proceso”
Caso Tristán
La jurisprudencia Europea
Caso Higgins and others v. France, , . 42). La cantidad de detalles
Caso Suominen v.
Finland, N° 37801/97, 1 de Julio de 2003, 37 y 38).
Caso Yiarenios v. Grace,
N° 64413/01, 10 2002, . 21 - 23)
