Opinión Consultiva de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1 de Octubre de 1999. Caso El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Serie A No. 16

Fecha de Resolución 1 de Octubre de 1999
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
CasoEl Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal
SolicitanteNicaragua

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

OPINIÓN CONSULTIVA OC-16/99

DE 1 DE OCTUBRE DE 1999,

SOLICITADA POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

EL DERECHO A LA INFORMACIÓN SOBRE LA ASISTENCIA CONSULAR EN EL MARCO DE LAS GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO LEGAL

Estuvieron presentes:

A.A.C.T., Presidente;

M.P.G., V.;

H.S.P., J.;

O.J., J.;

A.A.B., J.;

S.G.R., J. y

C.V. de R.R., Juez.

Estuvieron, además, presentes:

M.E.V.R., S. y

R.P., S. adjunto.

LA CORTE

integrada en la forma antes mencionada,

emite la siguiente Opinión Consultiva:

I

Presentación de la consulta

  1. El 9 de diciembre de 1997 los Estados Unidos Mexicanos (en adelante “México” o “el Estado solicitante”) sometieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”) una solicitud de opinión consultiva sobre “diversos tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados [a]mericanos” (en adelante “la consulta”). Según las manifestaciones del Estado solicitante, la consulta se relaciona con las garantías judiciales mínimas y el debido proceso en el marco de la pena de muerte, impuesta judicialmente a extranjeros a quienes el Estado receptor no ha informado de su derecho a comunicarse y a solicitar la asistencia de las autoridades consulares del Estado de su nacionalidad.

  2. México añadió que la consulta, fundada en lo que dispone el artículo 64.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “el Pacto de San José”), tiene como antecedente las gestiones bilaterales que ha realizado en favor de algunos de sus nacionales, quienes no habrían sido informados oportunamente por el Estado receptor de su derecho a comunicarse con las autoridades consulares mexicanas, y habrían sido sentenciados a muerte en diez entidades federativas de los Estados Unidos de América.

  3. De conformidad con las manifestaciones del Estado solicitante, la consulta tiene como presupuestos de hecho los siguientes: que tanto el Estado que envía como el Estado receptor son Partes en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares; ambos son Miembros de la Organización de los Estados Americanos (en adelante “la OEA”) y suscribieron la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (en adelante “la Declaración Americana”) y aunque el Estado receptor no ha ratificado la Convención Americana, sí ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas (en adelante “la ONU”).

  4. Partiendo de dichas premisas, México solicitó la opinión de la Corte sobre los siguientes asuntos:

    En relación con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares:

  5. En el marco del artículo 64.1 de la Convención Americana, ¿debe entenderse el artículo 36 de la Convención de Viena [sobre Relaciones Consulares], en el sentido de contener disposiciones concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados Americanos?

  6. Desde el punto de vista del Derecho internacional, ¿está subordinada la exigibilidad de los derechos individuales que confiere el citado artículo 36 a los extranjeros, por parte de los interesados frente al Estado receptor, a las protestas del Estado de su nacionalidad?

  7. Tomando en cuenta el objeto y fin del artículo 36.1.b) de la Convención de Viena, ¿debe interpretarse la expresión “sin dilación” contenida en dicho precepto, en el sentido de requerir que las autoridades del Estado receptor informen a todo extranjero detenido por los delitos sancionables con la pena capital de los derechos que le confiere el propio artículo 36.1.b), en el momento del arresto y en todo caso antes de que el detenido rinda cualquier declaración o confesión ante las autoridades policíacas o judiciales?

  8. Desde el punto de vista del Derecho internacional y tratándose de personas extranjeras, ¿cuáles debieran ser las consecuencias jurídicas respecto de la imposición y ejecución de la pena de muerte, ante la falta de notificación a que se refiere el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena?

    Respecto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:

  9. En el marco del artículo 64.1 de la Convención Americana, ¿deben entenderse los artículos 2, 6, 14 y 50 del Pacto, en el sentido de contener disposiciones concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos?

  10. En el marco del artículo 14 del Pacto, ¿debe entenderse que el propio artículo 14 debe aplicarse e interpretarse a la luz de la expresión “todas las garantías posibles para asegurar un juicio justo”, contenida en el párrafo 5 de las respectivas salvaguardias de las Naciones Unidas y que tratándose de extranjeros acusados o inculpados de delitos sancionables con la pena capital, dicha expresión incluye la inmediata notificación al detenido o procesado, por parte del Estado receptor, de los derechos que le confiere el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena?

  11. Tratándose de personas extranjeras acusadas o inculpadas de delitos sancionables con la pena capital, ¿se conforma la omisión, por parte del Estado receptor, de la notificación exigida por el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena con respecto a los interesados, con el derecho de éstos a disponer de “medios adecuados para la preparación de su defensa” de acuerdo con el artículo 14.3.b) del Pacto?

  12. Tratándose de personas extranjeras acusadas o inculpadas de delitos sancionables con la pena capital, ¿debe entenderse que las expresiones “garantías mínimas”, contenida en el artículo 14.3 del Pacto, y “equiparables como mínimo”, contenida en el párrafo 5 de las respectivas salvaguardias de las Naciones Unidas, eximen al Estado receptor del inmediato cumplimiento con respecto al detenido o procesado de las disposiciones del artículo 36.1.b) de la Convención de Viena?

  13. Tratándose de países [a]mericanos constituidos como Estados federales que son Parte en el Pacto de Derechos Civiles, y en el marco de los artículos 2, 6, 14 y 50 del Pacto, ¿están obligados dichos Estados a garantizar la notificación oportuna a que se refiere el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena a todo individuo de nacionalidad extranjera arrestado, detenido o procesado en su territorio por delitos sancionables con la pena capital; y a adoptar disposiciones conforme a su derecho interno para hacer efectiva en tales casos la notificación oportuna a que se refiere ese artículo en todos sus componentes, si el mismo no estuviese ya garantizado por disposiciones legislativas o de otra índole, a fin de dar plena eficacia a los respectivos derechos y garantías consagrados en el Pacto?

  14. En el marco del Pacto y tratándose de personas extranjeras, ¿cuáles debieran ser las consecuencias jurídicas respecto de la imposición y ejecución de la pena de muerte, ante la falta de notificación a que se refiere el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena?

    Respecto de la Carta de la OEA y de la Declaración Americana:

  15. Tratándose de arrestos y detenciones de extranjeros por delitos sancionables con la pena capital y en el marco de los artículos 3.l)[1] de la Carta y II de la Declaración, ¿se conforma la omisión por parte del Estado receptor de la notificación al detenido o inculpado, sin dilación, de los derechos que le confiere el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena, con la proclamación por la Carta de los derechos humanos, sin distinción por motivos de nacionalidad, y con el reconocimiento por la Declaración del derecho a la igualdad ante la ley sin distinción alguna?

  16. Tratándose de personas extranjeras y en el marco del artículo 3.[l][2] de la Carta de la OEA y de los artículos I, II y XXVI de la Declaración, ¿cuáles debieran ser las consecuencias jurídicas respecto de la imposición y ejecución de la pena de muerte, ante la falta de notificación a que se refiere el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena?

    II

    Glosario

  17. Para efectos de la presente Opinión Consultiva, la Corte utilizará los términos siguientes con la significación señalada:

    | | |

    |a) “derecho a la información sobre la asistencia consular” ó |El derecho del nacional del Estado que envía, que es arrestado, |

    |“derecho a la información” |detenido o puesto en prisión preventiva, a ser informado, “sin |

    | |dilación”, que tiene los siguientes derechos: |

    | | |

    | |i) el derecho a la notificación consular, y |

    | | |

    | |ii) el derecho a que cualquier comunicación que dirija a la |

    | |oficina consular sea transmitida sin demora. |

    | | |

    | |(art. 36.1.b] Convención de Viena sobre Relaciones Consulares) |

    |b) “derecho a la notificación consular” ó “derecho a la |El derecho del nacional del Estado que envía a solicitar y |

    |notificación” |obtener que las autoridades competentes del Estado receptor |

    | |informen sin retraso alguno sobre su arresto, detención o puesta |

    | |en prisión preventiva a la oficina consular del Estado que envía.|

    | | |

    |c) “derecho de asistencia consular” ó “derecho de asistencia” |El derecho de los funcionarios consulares del Estado que envía a |

    | |proveer asistencia a su nacional (arts. 5 y 36.1.c] Convención de|

    | |Viena sobre Relaciones Consulares). |

    | | |

    |d) “derecho a la comunicación consular” ó “derecho a la |El derecho de los funcionarios consulares y los nacionales del |

    |comunicación”[3] |Estado que envía a comunicarse libremente (arts. 5, 36.1.a] y |

    | |36.1.c] Convención de Viena sobre Relaciones Consulares). |

    |e) “Estado que envía” |Estado del cual es nacional la persona privada de libertad (art. |

    | |36.1.b] Convención de Viena sobre Relaciones Consulares). |

    |f) “Estado receptor” |Estado en que se priva de libertad al nacional del Estado que |

    | |envía (art. 36.1.b] Convención de Viena sobre Relaciones |

    | |Consulares). |

    III

    Procedimiento ante la Corte

  18. Mediante notas de 11 de diciembre de 1997, la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), en cumplimiento de lo que dispone el artículo 62.1 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”) y de las instrucciones que su Presidente (en...

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