Decreto Legislativo 1500

• Author: Rafael Lengua/Favio Ruesta
• Position: Socio de PPU experto en minería, corporativo, fusiones & adquisiciones, financiamientos y mercado de capitales/Asociado miembro del equipo de Energía, Minería y Recursos Naturales

El 11 de mayo del 2020, se publicó el Decreto Legislativo 1500, que ante el impacto del COVID-19 establece medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público privada en infraestructura pública y servicios públicos (“proyecto” o proyectos”). Es de aplicación a los titulares de dichos proyectos (“los titulares”), las entidades públicas del gobierno nacional, y gobiernos regionales y locales. A continuación, las principales novedades.

La primera novedad se refiere a autorizaciones, permisos, licencias, cualquier otro título habilitante con vigencia temporal, y certificaciones ambientales, que sean necesarios para la implementación de los mencionados proyectos, que tengan vencimiento hasta el 31 de diciembre del 2020. Se extiende dicha vigencia en 12 meses posteriores a la fecha de su vencimiento.

Como segunda novedad, los mecanismos de participación ciudadana que se realizan (i) antes y/o durante la elaboración del instrumento de gestión ambiental (“IGA”), (ii) durante el procedimiento de evaluación ambiental; y (iii) durante la ejecución del proyecto, se adaptan a las medidas sanitarias establecidas en el marco del COVID 19 mientras duren dichas medidas, y a las características particulares del proyecto, la población que participa y el entorno. Se podrán usar medios electrónicos, virtuales u otros medios de comunicación, según sea posible.

En ese contexto, cuando el proyecto requiera un Plan de Participación Ciudadana (“PPC”) como instrumento independiente, los mencionados medios serán establecidos en el PPC o en su modificación por la autoridad competente. Cuando el proyecto no requiera PPC como instrumento independiente, los medios serán determinados por el titular, previa coordinación con la autoridad competente, debiendo cumplir la normativa vigente y considerar que: (i) la población cuente efectiva y oportunamente con la información sobre el proyecto, (ii) el canal de recepción de aportes esté disponible durante la participación ciudadana, (iii) se identifique al ciudadano que interviene y éste tenga la posibilidad de comunicar sus aportes.

Como tercera novedad, se exonera a los titulares de la obligación de presentar a las autoridades con competencia ambiental reportes, monitoreos y cualquier otra información ambiental o social que implique trabajo de campo, así como de la realización de actividades necesarias para ello. No aplica cuando: (i) se cuente con la información previamente; (ii) se evidencie inminente peligro o alto riesgo de daño grave a los componentes ambientales agua, aire y suelo, los recursos naturales, la salud de las personas y las acciones destinadas a mitigar degradación o daño ambiental; o (iii) se refieran a emergencias ambientales o catastróficas. La exoneración cesa cuando las actividades se reinicien

Finalmente, cuando los titulares, a consecuencia del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (y prórrogas) y de demás normas sanitarias en el marco del COVID 19, requieran implementar o modificar componentes como campamentos, comedores, oficinas, almacenes de insumos y alimentos, zonas de aislamiento, áreas médicas y otros similares dentro del área del proyecto, pueden hacerlo previa comunicación a la autoridad ambiental competente, sustentando la necesidad y comunicando las medidas de manejo ambiental y cierre o abandono. Deben ser incluidos cuando corresponda en el IGA.

Los anterior ocurrirá sin perjuicio de las medidas administrativas que el OEFA o el OSINERGMIN puedan imponer en ejercicio de sus competencias, cuando detecten peligro inminente o alto riesgo al ambiente o la salud de las personas.