Declaración del secretario general de la oea en el día internacional contra la corrupción

• Jurisdiction: Derecho Internacional
• Record Number: C-124
• Date: 09 December 2020
• Published date: 09 December 2020

Hoy conmemoramos un Día Internacional contra la Corrupción diferente. El Covid19 y los desafíos que esta pandemia está planteando a nuestros países y nuestras poblaciones hacen más relevante si cabe el combate a la apropiación indebida de bienes y servicios públicos. La pandemia le ha impuesto a los Estados la necesidad de adoptar medidas urgentes para su mitigación. Esta lucha implica una gran inversión de recursos públicos que ahora, con mayor razón, por estar en juego la salud y la supervivencia de los ciudadanos, deben ejecutarse con honestidad, transparencia y eficacia.

La corrupción sigue siendo uno de los peores males que aqueja a nuestras sociedades, porque no sólo priva a los ciudadanos de recursos que legítimamente les pertenecen, sino que además mina la confianza de esos mismos ciudadanos en sus instituciones y sus democracias.

Los efectos devastadores de la corrupción son desgraciadamente muy visibles hoy en nuestro hemisferio. Nadie está a salvo de la corrupción, pero todos somos responsables de asegurarnos que se persigue y se castiga con dureza. La impunidad es el mejor amigo de la corrupción, y el mejor ejemplo de ello es desgraciadamente Venezuela. Un país con enormes recursos y riqueza tiene a gran parte de su población empobrecida, sufriendo de malnutrición y enfermedades antes controladas, rehenes de unos dictadores que han cooptado las instituciones, los bienes y los servicios del estado para su beneficio propio. Cuando la impunidad es la norma, los dictadores no temen ser perseguidos.

En esta coyuntura, el trabajo de base que la OEA y sus Estados Miembros vienen realizando en el marco del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) adquiere mayor relevancia. Es necesario que nuestros Estados cuenten con marcos jurídicos robustos en materias de las que se ocupa la Convención, como la contratación pública y la prevención de los conflictos de intereses, para evitar la apropiación de los recursos públicos por los corruptos.

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