Opinión Consultiva de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de Julio de 1989. Caso Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del Artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Serie A No. 10

Fecha de Resolución:14 de Julio de 1989
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del Artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
Solicitante:Costa Rica
 
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CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

OPINIÓN CONSULTIVA OC-10/89

DEL 14 DE JULIO DE 1989

INTERPRETACIÓN DE LA DECLARACIÓN AMERICANA

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE

EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 64 DE LA

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

SOLICITADA POR EL GOBIERNO DE LA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Estuvieron presentes:

H.G.E., Presidente

Héctor Fix-Zamudio, Vicepresidente

Thomas Buergenthal, Juez

Rafael Nieto Navia, Juez

Policarpo Callejas Bonilla, Juez

Orlando Tovar Tamayo, Juez

Sonia Picado Sotela, Juez

Estuvo, además, presente:

M.E.V.R., S. a.i.

LA CORTE

integrada en la forma antes mencionada,

emite la siguiente opinión consultiva:

  1. El Gobierno de la República de Colombia (en adelante “el Gobierno”), mediante comunicación de 17 de febrero de 1988, sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”) una solicitud de opinión consultiva sobre la interpretación del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”), en relación con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante “la Declaración” o “la Declaración Americana”).

  2. El Gobierno desea una respuesta a la siguiente pregunta:

    ¿Autoriza el artículo 64 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a rendir opiniones consultivas, a solicitud de un Estado Miembro de la OEA o de uno de los órganos de la misma, sobre interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada en Bogotá en 1948 por la Novena Conferencia Internacional Americana?

    El Gobierno añade:

    El Gobierno de Colombia entiende, naturalmente, que tal Declaración no es un Tratado propiamente dicho. Pero esta conclusión no descarta de antemano la pregunta formulada. Es perfectamente razonable entender que una interpretación de las disposiciones sobre derechos humanos contenidas en la Carta de la OEA, tal como fue modificada en el Protocolo de Buenos Aires, envuelve, en principio, un análisis de los derechos y deberes del hombre que la Declaración proclama; y requiere, por consiguiente, la determinación del status normativo que la Declaración tiene en el marco legal del sistema interamericano para la protección de los derechos humanos.

    El Gobierno solicitante señala

    (l)a gran importancia que tiene, para el apropiado funcionamiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, saber cuál es el status jurídico de la Declaración y si la Corte tiene y, en caso de tenerla, hasta dónde llega su jurisdicción para interpretar la Declaración al amparo del artículo 64 de la Convención.

  3. Por nota de fecha 29 de febrero de 1988, el Embajador de Colombia en Costa Rica, doctor J.P., informó a la Corte que había sido nombrado Agente en la presente consulta. Posteriormente, según nota de 2 de junio de 1989, el Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno comunicó a la Corte que había sido acreditada Agente la señora M.C.Z. de P., nueva Embajadora de Colombia ante Costa Rica.

  4. Mediante nota de 2 de marzo de 1988, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 52 del Reglamento de la Corte, la Secretaría solicitó observaciones escritas sobre el tema de la consulta a todos los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (en adelante “la OEA” o “la Organización”), así como, por conducto del S. General de ésta, a todos los órganos a que se refiere el artículo 51 de la Carta de la OEA o el artículo 52 de la Carta reformada por el Protocolo de Cartagena de Indias, desde su entrada en vigencia para los Estados ratificantes.

  5. El Presidente de la Corte dispuso que tales observaciones escritas y los documentos relevantes fueran presentados en la Secretaría antes del 15 de junio de 1988.

  6. La comunicación de la Secretaría fue respondida por los gobiernos de Costa Rica, Estados Unidos de América, Perú, Uruguay y Venezuela.

  7. The International Human Rights Law Group presentó un documento en calidad de amicus curiae.

  8. El 20 de julio de 1988 la Corte celebró una audiencia pública con el objeto de escuchar las opiniones de los Estados Miembros y de los órganos de la OEA sobre la solicitud.

  9. Comparecieron a esta audiencia pública:

    Por el Gobierno de Colombia:

    Dr. J.P., Agente y Embajador en Costa Rica,

    Por el Gobierno de Costa Rica:

    L.. C.V., Agente y Asesor Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,

    Por el Gobierno de los Estados Unidos de América:

    Mr. D.H., Embajador en Costa Rica,

    Mr. J.K., Attorney-Adviser, Office of the Legal Adviser, United States Department of State, y

    Ms. X.W., Senior Political Adviser, United States Mission to the Organization of American States.

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”), no obstante haber sido notificada debidamente, no compareció. Como la Corte no recibió tampoco observaciones escritas de la Comisión, tendrá que resolver la presente solicitud sin el valioso aporte de la misma.

  10. Mediante comunicación de 3 de agosto de 1988, el Gobierno de los Estados Unidos de América respondió preguntas formuladas por la Corte durante la audiencia pública del 20 de julio de 1988 e hizo comentarios adicionales sobre la consulta. El 3 de julio de 1989, presentó observaciones complementarias.

    I

  11. En sus observaciones escritas el Gobierno de Costa Rica

    considera que no obstante el gran acierto y la nobleza que conlleva la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, no se está en presencia de un tratado en el sentido establecido por el Derecho Internacional, de modo que el artículo 64 de la Convención Americana no faculta a la Corte Interamericana para interpretar la Declaración. Sin embargo, ello de ninguna manera podría menoscabar la posibilidad de que la Corte utilice la Declaración y los preceptos ahí incorporados para interpretar otros instrumentos jurídicos relacionados ni para considerar que muchos de los derechos ahí reconocidos sean elevados a la categoría indiscutible de costumbre internacional.

  12. El Gobierno de los Estados Unidos de América opinó que

    (l)a Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre representa una noble enunciación de las aspiraciones de los Estados Americanos en cuanto a los derechos humanos.

    Sin embargo, a diferencia de la Convención Americana, no fue redactada como un instrumento jurídico y carece de la precisión necesaria para resolver complejas dudas legales. Su valor normativo estriba en ser una declaración de principios básicos de carácter moral y de carácter político y en ser la base para velar por el cumplimiento general de los derechos humanos por parte de los Estados Miembros; no en ser un conjunto de obligaciones vinculantes.

    Los Estados Unidos reconocen las buenas intenciones de aquellos que intentan transformar la Declaración Americana de un enunciado de principios en un instrumento jurídico vinculante. Pero las buenas intenciones no crean derecho. Debilitaría seriamente el proceso internacional de creación del derecho --por el cual los Estados soberanos voluntariamente asumen específicas obligaciones legales-- el imponer obligaciones legales a los Estados a través de un proceso de “reinterpretación” o “inferencia” de un enunciado de principios no obligatorios (traducción no oficial hecha por la Secretaría de la Corte).

  13. Por su parte, el Gobierno del Perú estimó

    que si bien antes de entrar en vigencia la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración podría ser tenida como instrumento sin mayores consecuencias jurídicas, la Convención Americana al conferirle un carácter especial en virtud de su...

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