Datos y ciudadanía

• Author: Arne Hintz
• Profession: Profesor de la Facultad de Periodismo, Medios de Comunicación y Cultura de la Universidad de Cardiff y codirector del Data Justice Lab
• Pages: 111-131

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CAPÍTULO V

Datos y ciudadanía

Arne Hintz

Como ya hemos comentado en los capítulos anteriores, las formas en

que estamos gobernados, como sociedad y como individuos, están cada vez

más basadas en la recopilación y tratamiento de datos personales y de com-

portamiento. Los análisis de datos nos sitúan en la sociedad e influyen en

la relación entre aquellos que analizan, incluidos el Gobierno y el Estado, y

aquellos que son analizados, nosotros. Por lo tanto, implican nuestro papel

como ciudadanos.

La ciudadanía como concepto y práctica denota nuestra pertenencia for-

mal a una comunidad y los derechos, deberes y normas que conlleva, como

las libertades y prohibiciones para circular dentro y fuera de los territorios

estatales. Sin embargo, también se ha utilizado para referirse genéricamente

a nuestra capacidad para actuar e intervenir en los asuntos de dicha comuni-

dad, por lo que es una noción de poder, acción y participación. La ciudadanía,

entendida en su sentido más amplio, trata sobre cómo estamos situados en

nuestra sociedad y entorno político y cómo interactuamos con estos.

Por lo tanto, la preocupación por las cuestiones de ciudadanía aborda las

dimensiones sociales y políticas de la datificación, que están en el centro de una

perspectiva de justicia de datos. Considera tanto la reconfiguración de las rela-

ciones entre el Estado y la ciudadanía que surgen de las prácticas de elaboración

de perfiles, categorización y puntuación de personas mediante una cantidad

cada vez mayor de puntos de datos como la intervención de los ciudadanos en

la configuración de estas relaciones a través del activismo, el compromiso cívico

y el desarrollo de la alfabetización de datos. Además, centrarnos en la justicia

de datos nos invita a no limitar nuestro interés a los actos individuales de los

ciudadanos, sino a situar dichos actos en transformaciones más amplias de la

autoridad y la justicia social en un mundo datificado.

Editorial UOC

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Este capítulo desarrolla la noción de ciudadanía, explora de qué manera

sus diversos componentes se ven afectados por la datificación y debate cómo

los principios conceptuales y prácticos de la ciudadanía pueden reafirmarse

en el contexto de una agenda de justicia de datos. Comenzaremos examinan-

do las interpretaciones tradicionales de ciudadanía, que definen al ciudada-

no a través de su pertenencia a un Estado nación, así como el concepto más

reciente de ciudadanía digital, que se centra en la autocreación y autoafirma-

ción de los ciudadanos como participantes activos en la sociedad mediante

actos digitales y el uso de herramientas digitales. A continuación, investigare-

mos cómo estas formas de ciudadanía se ven transformadas en entornos dati-

ficados a medida que el análisis de datos determina cada vez más cómo se nos

evalúa como ciudadanos, de qué derechos disfrutamos y a qué restricciones

nos enfrentamos, pero también qué medios están a nuestra disposición para

participar e intervenir. Esto tiene implicaciones significativas para las prácti-

cas e interpretaciones esenciales de la democracia, ya que la gestión basada

en datos de las relaciones entre el Estado y el ciudadano entra en conflicto

con la accesibilidad que permite el Estado para la participación cívica. Por

lo tanto, se explorarán los efectos democráticos de la ciudadanía datificada

antes de examinar, por último, las formas en las que se puede mejorar el papel

de los ciudadanos en la sociedad datificada, centrándonos en cuestiones de

alfabetización de datos y en nuevos modelos para la participación cívica en

decisiones sobre el uso de análisis de datos en la gobernanza de la sociedad.

1. La ciudadanía como estatus y práctica

Según su interpretación más consolidada, la ciudadanía denota la relación

formal entre una persona y un Estado nación. Es una noción de pertenencia

y de membresía a una comunidad política, formalizada mediante documen-

tos como el pasaporte y, por lo general, recibida al nacer. Al formalizar la

relación entre el Estado y el individuo, se determinan los derechos (como el

voto) y obligaciones (como los impuestos) de la persona, así como su acceso

y participación en los recursos colectivos del Estado (Marshall, 1950; Tilly,

1997; Turner, 2009). Históricamente, esta atención al estatus jurídico de los

ciudadanos se manifestó con mayor claridad en el modelo romano (o liberal)

de la ciudadanía, que hacía hincapié en la libertad de los ciudadanos para

perseguir sus intereses privados dentro del contexto del Estado y en la protec-