Voto Particular de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de Abril de 2015. Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú. Serie C No. 292

Ponente:Vio Grossi
Fecha de Resolución:17 de Abril de 2015
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Cruz Sánchez y otros Vs. Perú
Acto:Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
Solicitante:Perú

VOTO INDIVIDUAL DISIDENTE DEL JUEZ EDUARDO VIO GROSSI,

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

CASO CRUZ SÁNCHEZ y OTROS Vs PERÚ

SENTENCIA DE 17 DE ABRIL DE 2015.

(Excepciones Preliminares, Fondo, R. y Costas).

INTRODUCCIÓN.

Se emite el presente voto individual disidente[1] de la Sentencia indicada en el título[2], en razón de que ésta desestimó la excepción preliminar relativa al incumplimiento de la regla del previo agotamiento de los recursos internos interpuesta por la República del Perú[3]. Los fundamentos de esta disidencia dicen relación con la oportunidad en que debe cumplirse dicha regla. Mientras la Sentencia es del parecer que ello debe acontecer, a más tardar, al instante en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[4] se pronuncia sobre la admisibilidad de la petición o comunicación[5] que ha dado origen al caso correspondiente[6], en el presente documento se sostiene, en cambio, que dicha regla debe estar cumplida al momento de presentarse aquella, lo que debe ser verificado por la Comisión tanto cuando ello acontezca como al momento de pronunciarse sobre su admisibilidad. En otras palabras, mientras la Sentencia estima que el cumplimiento de la mencionada regla es un requisito para la admisibilidad de la petición, en este voto se considera que lo es para su presentación y, consecuentemente, para que se le pueda proceder a aquella.

En atención a la señalada posición que en este escrito se adopta, que implica, consecuentemente, el parecer de que no era procedente el pronunciamiento sobre el fondo de la presente causa, el suscrito, tal como lo hizo en otro caso[7], ha votado negativamente todos los demás puntos declarativos y resolutivos de la Sentencia.

Las razones por las que no se coincide con lo resuelto en autos en lo concerniente a la interposición, por parte del Estado, de la excepción por el no agotamiento previo de los recursos internos, se explican seguidamente en lo que atañe a la norma convencional aplicable, a los hechos del caso relativos a la citada regla y, finalmente, a la Sentencia en lo que se refiere a dicha excepción.

  1. NORMA CONVENCIONAL CONCERNIENTE A LA REGLA DEL PREVIO AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS.

    En esta primera parte del presente escrito, se harán observaciones generales sobre la regla en comento y luego comentarios respecto al procedimiento que se debe seguir al respecto, esto es, en cuanto a la petición, su estudio y trámite inicial por parte de la Comisión, la respuesta del Estado a ella, su admisibilidad y el pronunciamiento que le corresponde a la Corte.

    1. Observaciones generales.

      El artículo 46 de la Convención consagra la regla del previo agotamiento de los recursos internos al disponer que:

      1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá:

      a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos;

      b) que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva;

      c) que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, y

      d) que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad que somete la petición.

      2. Las disposiciones de los incisos 1.a) y 1.b) del presente artículo no se aplicarán cuando:

      a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados;

      b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y

      c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.

      Como observación preliminar, procede llamar la atención respecto de que esta norma es sui generis, propia o exclusiva de la Convención. Efectivamente, ella no figura, por ejemplo, en los mismos términos en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales o Convenio Europeo de Derechos Humanos[8], cuyo artículo 35 aborda el requisito del previo agotamiento de los recursos internos en forma más general y, además, no contempla las taxativas excepciones previstas en el artículo 46.2 de la Convención[9].

      Por otra parte, procede igualmente recalcar que el citado requisito está previsto en el mencionado Convenio para ser cumplido antes de accionar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es decir, un ente judicial, mientras que en el caso de la Convención está concebido para serlo antes de presentar la petición ante la Comisión, vale decir, una entidad no judicial. Y ello es relevante en la medida en que esta última “tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos”[10] y, en ejercicio de esa función, “actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta Convención”[11], incluyendo la presentación del respectivo caso ante la Corte[12].

      Es decir, la Comisión debe promover y defender los derechos humanos, pudiendo llegar a constituirse ante la Corte en parte acusadora y en esa medida no comparte necesariamente la calidad de imparcialidad que debe caracterizar a una instancia judicial. De allí, pues, que lo previsto en el artículo 46.1.a) de la Convención está también concebido como un límite a la actuación del señalado ente no judicial y que puede llegar a ser parte en el consecuente litigio que el mismo origine. Esto es, lo que se pretende con dicha norma es evitar que la Comisión actúe antes de que se haya dado debido y oportuno cumplimiento al requisito o regla que establece, esto es, que proceda no obstante que no se hayan agotado previamente los recursos internos.

      Y es en el mismo espíritu que el citado artículo 46.2 de la Convención prevé en forma taxativa los casos en que no se aplica la regla del previo agotamiento de los recursos internos, es decir, las excepciones a la misma, a saber, la inexistencia del debido proceso legal para hacer valer los recursos internos, la imposibilidad de ejercerlos y el retardo en resolverlos. La referida norma no contempla, pues, otras excepciones que las señaladas, por lo que no es procedente invocar o aún acoger una excepción no prevista en el mencionado artículo, pues si así lo fuese, ello podría conducir a despojar a la regla general prevista en el artículo 46.1.a) de la Convención de todo sentido o efecto útil y más aún, dejaría su aplicación a la discreción y tal vez a la arbitrariedad de la Comisión.

      Ahora bien, como segundo comentario general, se debe llamar la atención acerca de que en la Sentencia se señala, con relación a la disposición recién transcrita, que “(l)a Corte recuerda que la regla del previo agotamiento de los recursos internos está concebida en interés del Estado, pues busca dispensarlo de responder ante un órgano internacional por actos que se le imputen, antes de haber tenido la ocasión de remediarlos con sus propios medios”[13].

      La aludida regla pretende, entonces, que se le proporcione al Estado la posibilidad de restablecer cuanto antes la efectiva vigencia y respeto de los derechos humanos violados, que es el objeto y fin de la Convención[14] y, por ende, lo que en definitiva interesa que ocurra lo más pronto posible, haciendo innecesaria la intervención de la jurisdicción interamericana[15].

      Esto es, ella importa que, en aquellas situaciones en que el Estado no ha cumplido con los compromisos que contrajo en cuanto a respetar y garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, es posible reclamar la intervención de la instancia jurisdiccional internacional para que, si procede, le ordene cumplir con las obligaciones internacionales que ha violado, dé garantía de que no volverá a violarlas y repare todas las consecuencias de tales violaciones[16].

      La señalada regla es asimismo, por lo tanto, un mecanismo para incentivar al Estado para que cumpla sus obligaciones en materia de derechos humanos sin esperar que el sistema interamericano le ordene, luego de un proceso, lo mismo. Su efecto útil es, entonces, que el Estado restablezca lo antes posible el respeto de los derechos humanos y, por tal motivo, se podría sostener que dicha regla está establecida también en beneficio de la víctima de la violación de derechos humanos[17].

      De lo expuesto se puede concluir, entonces, que la citada regla ha sido prevista en la Convención como pieza esencial de todo el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, al dar debida cuenta de que, como lo indica en el segundo párrafo del Preámbulo de aquella, la “protección internacional …(es) de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos”[18].

      Y ello tiene que ver con la estructura jurídica internacional, que aún se sustenta, en lo fundamental, en el principio de la soberanía, el que, en el caso del Sistema Interamericano, se encuentra consagrado en los artículos 1.1[19] y 3.b)[20] de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Por ende y conforme al principio de derecho público de que solo se puede hacer lo que la norma expresamente autorice, las disposiciones convencionales que contemplen restricciones a la soberanía estatal deben ser interpretadas y aplicadas teniendo en cuenta dicha realidad.

      En tal sentido, la regla del previo agotamiento de los recursos internos es igualmente expresión de la vigencia de la soberanía del Estado y de la necesidad de darle a éste la oportunidad preferente de operar en lo atingente a las presuntas violaciones de los derechos humanos. Y ello adquiere mayor relevancia en la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba