Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de Noviembre de 2004. Caso De la Cruz Flores Vs. Perú. Serie C No. 115

Fecha de Resolución:18 de Noviembre de 2004
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:De la Cruz Flores Vs. Perú
Acto:Fondo, Reparaciones y Costas
Solicitante:República Dominicana

Corte Interamericana De Derechos Humanos

Caso De La Cruz Flores Vs. Perú

Sentencia de 18 de noviembre de 2004

(Fondo, R. y Costas)

En el caso De La Cruz Flores,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces*:

S.G.R., P.;

A.A.B., V.;

O.J., J.;

A.A.C.T., J.;

C.M.Q., J.; y

M.E.V.R., J.;

presentes, además,

P.S.A., S.; y

E.S.R., Secretaria Adjunta,

de conformidad con los artículos 29, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”)** y con el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”), dicta la presente Sentencia.

I

Introducción de la Causa

  1. El 11 de junio de 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una demanda contra el Estado del Perú (en adelante “el Estado” o “el Perú”), la cual se originó en la denuncia Nº 12.138, recibida en la Secretaría de la Comisión el 1º de septiembre de 1998.

  2. La Comisión presentó la demanda de conformidad con el artículo 61 de la Convención Americana, con el fin de que la Corte decidiera si el Estado violó los artículos 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad) y 24 (Igualdad ante la Ley) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) del mismo tratado, en perjuicio de la señora M.T. De La Cruz Flores (en adelante “la presunta víctima” o “la señora De La Cruz Flores”). Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que declarara que el Estado había incumplido la obligación consagrada en el artículo 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la Convención, igualmente en perjuicio de la señora M.T. De La Cruz Flores. Finalmente, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado que adoptara una serie de medidas de reparación pecuniarias y no pecuniarias, así como el pago de las costas generadas en la tramitación del caso en la jurisdicción interna y ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

  3. De conformidad con lo señalado por la Comisión, la señora M.T. De La Cruz Flores, médico de profesión, fue detenida por miembros de la policía el 27 de marzo de 1996 cuando finalizaba sus labores como médico pediatra en el Instituto Peruano de la Seguridad Social, por cargos de terrorismo tramitados bajo el expediente No. 113-95, y una vez detenida fue notificada de otra orden de arresto dentro del expediente No. 723-93 por el delito de terrorismo, expediente que, según la Comisión, para ese momento había sido reportado como extraviado. La presunta víctima fue procesada por un tribunal compuesto por jueces “sin rostro”, el cual la condenó, el 21 de noviembre de 1996, por el delito de terrorismo a la pena de 20 años de prisión, en virtud de lo dispuesto en el Decreto Ley No. 25.475. Dicha sentencia fue confirmada por la ejecutoria de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República el 8 de junio de 1998. Por otro lado, la Comisión mencionó que el 3 de enero de 2003 el Tribunal Constitucional del Perú emitió una sentencia en la cual declaró la inconstitucionalidad de algunas normas de los Decretos Ley Nos. 25.475 y 25.659, sin especial pronunciamiento en relación con el artículo 2 del Decreto Ley 25.475, el cual tipifica el delito de terrorismo. En desarrollo de tal decisión, el Gobierno emitió los Decretos Legislativos Nos. 923, 924, 925, 926 y 927 de fecha 19 de febrero de 2003. Dichos decretos disponen que la Sala Nacional de Terrorismo, progresivamente en un plazo no mayor de sesenta días hábiles desde la entrada en vigor de dicha legislación, anularía de oficio, salvo renuncia del reo, la sentencia y el juicio oral y declararía, de ser el caso, la insubsistencia de la acusación fiscal en los procesos penales por los delitos de terrorismo seguidos en la jurisdicción penal ante jueces o fiscales con identidad secreta. Sin embargo, la Comisión señaló que la señora De La Cruz Flores continuaba, hasta la fecha de presentación de la demanda, detenida en situación de condenada por el delito de terrorismo.

    II

    Competencia

  4. La Corte es competente para conocer del presente caso, en los términos de los artículos 62 y 63.1 de la Convención Americana, ya que el Perú es Estado Parte de la Convención desde el 28 de julio de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981.

    III

    Procedimiento ante la Comisión

  5. El caso No. 12.138 fue abierto por la Comisión Interamericana el 28 de abril de 1999 a raíz de una denuncia interpuesta por la señora A. De La Cruz Flores, en representación de la señora M.T. De La Cruz Flores, el 16 de septiembre de 1998, la cual fue ampliada mediante un escrito de fecha 26 de enero de 1999 por la presunta víctima.

  6. Mediante notas de 27 de febrero de 2002 dirigidas al Estado y a la abogada C.L.T., representante de la presunta víctima, la Comisión dispuso diferir el tratamiento de admisibilidad hasta el debate y la decisión de fondo, de conformidad con el artículo 37.3 del Reglamento de la Comisión.

  7. El 14 de octubre de 2002, en el marco del 116º período de sesiones de la Comisión y a solicitud de los peticionarios, se celebró una audiencia en la que las partes expusieron oralmente sobre el caso.

  8. El 5 de marzo de 2003 la Comisión aprobó, en su 117º Período Ordinario de Sesiones, el Informe No. 29/03 sobre la admisibilidad y el fondo del caso, en el cual recomendó al Estado que:

    De acuerdo con las disposiciones de su derecho interno, adoptar[a] todas las medidas necesarias para reparar de una manera integral las violaciones a los derechos humanos de la señora M.T. De La Cruz Flores que se determinaron en el […] Informe [de fondo], en especial ofrecer un nuevo juzgamiento con la observancia plena al principio de legalidad que no puede estar representado en interpretaciones discrecionales y flexibles de la norma penal, al debido proceso y a un juicio justo.

    Adoptar[a] las medidas necesarias para reformar el Decreto Ley 25475, de manera de hacerlo compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

  9. El 11 de marzo de 2003 la Comisión transmitió el Informe No. 29/03 a las partes, y otorgó al Estado un plazo de dos meses para cumplir con las recomendaciones de la Comisión.

  10. El 15 de mayo de 2003 el Estado presentó un escrito en el que señaló que la sentencia del Tribunal Constitucional de “4 de enero de 2003 (sic)”, así como los decretos legislativos expedidos por el Poder Ejecutivo a raíz de dicho fallo, se orientaban a la búsqueda de un sistema eficiente de administración de justicia, lográndose significativos avances, entre los cuales se encontraba un nuevo juzgamiento con plena observancia de los principios de legalidad y debido proceso, que estaría próximo a definirse en aplicación del Decreto Legislativo No. 926, en el cual la señora M.T. De La Cruz Flores tendría derecho a un procedimiento justo, imparcial y rápido “en [el] que debe[ría] demostrar la inocencia alegada”.

  11. El 11 de junio de 2003 la Comisión, “ante el incumplimiento del Estado peruano con las recomendaciones del informe de fondo”, decidió someter el caso a la Corte.

    IV

    Procedimiento ante la Corte

  12. La Comisión presentó la demanda ante la Corte Interamericana el 11 de junio de 2003 (supra párr. 1).

  13. La Comisión designó como D. ante la Corte a la comisionada M.A. y al señor S.A.C. y, como asesores legales, a los señores A.D. y P.E.D..

  14. El 7 de julio de 2003 la Secretaría, previo examen preliminar de la demanda realizado por el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), la notificó, junto con sus anexos, al Estado y le informó sobre los plazos para contestarla y designar representación en el proceso. Además, la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, informó al Estado de su derecho a designar un juez ad hoc para que participara en la consideración del caso.

  15. El 8 de julio de 2003, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.1.d y e del Reglamento, la Secretaría notificó la demanda a los señores C.L.T. y J.J.R.C., en su condición de representantes de la presunta víctima, y les informó que contaban con un plazo de 30 días para presentar su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”).

  16. El 6 de agosto de 2003 el Estado designó a los señores S.H.G.B. y D.M.Y.J. como agentes titular y alterna, respectivamente. Asimismo, el Estado propuso al señor C.R.L.A. como J. ad hoc para el conocimiento del presente caso.

  17. Después que les fuera otorgada una prórroga, los representantes de la presunta víctima remitieron su escrito de solicitudes y argumentos el 3 de septiembre de 2003.

  18. También después que le fuera otorgada una prórroga, el Estado presentó su contestación de la demanda el 8 de octubre de 2003.

  19. El 19 de diciembre de 2003 los representantes de la presunta víctima remitieron documentación “generada con posterioridad a la presentación del escrito” de solicitudes y argumentos.

  20. El 20 de febrero de 2004 el señor C.R.L.A., J. ad hoc propuesto por el Estado para el conocimiento del caso (supra párr. 16), informó que había sido convocado para asumir el cargo de Viceministro de Justicia del Perú, por lo cual se presentaba una incompatibilidad con su participación como J. ad hoc.

  21. El 2 de marzo de 2004 el Estado consultó sobre la posibilidad de otorgarse una “suspensión temporal” del J. ad hoc designado para el caso mientras desempeñara funciones como Viceministro de Justicia.

  22. El 5 de marzo de 2004 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, informó al Estado que “no proced[ía] en este caso la suspensión temporal del cargo de Juez ad hoc, toda vez que de acuerdo con el artículo 18.1 del Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cargos de miembros o altos funcionarios del Poder...

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