Crónica sobre la solución de controversias en materia de inversiones extranjeras (Enero - Diciembre 2016)

• Author: Coordinador: Francisco Pascual Vives
• Position: Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Alcalá
• Pages: 1-230

www.reei.org

DOI: 10.17103/reei.33.18

CRÓNICA SOBRE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

EN MATERIA DE INVERSIONES EXTRANJERAS

(ENERO - DICIEMBRE 2016)*

Coordinador: Francisco Pascual Vives1

Redactores: Laura Aragonés Molina2, Björn Arp3,

Fernando Lozano Contreras4, Millán Requena Casanova5,

y José Ángel Rueda García6

Sumario: I. INTRODUCCIÓN. II. LA SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS

INVERSOR-ESTADO. III. LA OBLIGACIÓN INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DEL

ESTADO RECEPTOR DE LA INVERSIÓN. IV. LAS RELACIONES ENTRE EL

DERECHO INTERNACIONAL ECONÓMICO Y OTROS SECTORES DEL DERECHO

INTERNACIONAL PÚBLICO. V. LA REVISIÓN Y LA ANULACIÓN DE LOS LAUDOS

ARBITRALES. VI. LA EJECUCIÓN DE LOS LAUDOS ARBITRALES. VII.

CONSIDERACIONES FINALES.

I. INTRODUCCIÓN7

En nuestra séptima “Crónica sobre la solución de controversias en materia de

inversiones extranjeras” se analizan diecisiete litigios que han sido resueltos durante el

año 2016. También se comentan dos arbitrajes que datan del año 2015 y que al

publicarse tardíamente no pudieron incluirse en nuestra sexta crónica (REEI, vol. 31).

Como viene siendo habitual se exponen los apartados de las decisiones y laudos que

entendemos de interés desde la perspectiva de la práctica española. Conviene advertir

que, salvo indicación a contrario, las notas al pie incluidas en todos los documentos

expuestos en esta crónica se han omitido. En el apartado final, además de dar cuenta de

* Este trabajo se enmarca dentro de las actividad es de investigación desarrolladas como miembro s del

proyecto de investigación “La Unión Europea frente a los Estados fracasados de su vecindario: reto s y

respuestas desde el Derecho internacional” (DER2015-63498-C2-1-P (MINECO/FEDE R).

1 Profesor Contratado Doctor de Derecho internacional público y relaciones internacionales, Universidad

de Alcalá (f.pascualvives@uah.es). Redacta los epígrafes V y VII.

2 Profesora Visitante de Derecho internacional público y relaciones internacionales, Universidad de

Alcalá (laura.aragones@uah.es). Redacta los epígrafes I y V.

3 Doctor en Derecho y Abogado (arp@american.edu). Redacta el epígrafe IV.

4 Profesor Contratado Doctor de Derecho internacional público y relaciones internacionales, Universidad

de Alcalá (jfernando.lozano@uah.es). Redacta el epígrafe III.

5 Profesor Contratado Doctor de Derecho internacional público y relaciones internacionales, Universidad

de Alicante (millan.requena@ua.es). Redacta el epígrafe II.

6 Doctor en Derecho y Asociado Principal de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira

(joseangel.rueda@cuatrecasas.com). Redacta los epígrafes VI y VII.

7 Epígrafe elaborado por la Profa. Laura Aragonés Molina.

[33] REVISTA ELECTRÓNICA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES (2017)

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algunos de los acontecimientos más importantes en la materia para la práctica española,

destacamos varias novedades derivadas del ejercicio de la competencia sobre protección

de las inversiones extranjeras directas por parte de la Unión Europea (UE) tanto desde

una perspectiva intracomunitaria, como desde el plano de la acción exterior, aportando

además documentación y materiales de la práctica europea que consideramos de interés

para España.

Por orden de publicación, en primer lugar, se presenta el caso Inversión y Gestión de

Bienes, IGB, S.L. e IGB Las Rozas, S.L. c. España (caso CIADI nº ARB/12/17), resuelto

al calor del Acuerdo para la promoción y protección recíproca de las inversiones

(APPRI) celebrado entre España y Venezuela (firmado el 2-11-1995), en un

procedimiento regido por el Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a

inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados (Convenio CIADI) (BOE, 13-9-

1994) y a las Reglas procesales aplicables a los procedimientos de arbitraje del Centro

Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Reglas de Arbitraje del

CIADI). En este caso las empresas demandantes alegaron la ruptura de un convenio

urbanístico con el Gobierno español por el que se recalificarían unos terrenos en el

término municipal de Las Rozas adquiridos por las demandantes para construir un

complejo residencial. La no recalificación de los terrenos a pesar de las negociaciones

previas y del cumplimiento de los requisitos exigidos suponía para las dos empresas

españolas demandantes, controladas por un nacional venezolano, un incumplimiento del

APPRI celebrado entre España y Venezuela. El árbitro único desginado para resolver

este litigio, R. Oreamuno Blanco (costarricense), por medio de Laudo de 14-8-2015

desestimó las pretensiones de las demandantes, con base en que el lenguaje explícito del

convenio urbanístico constataba que se trataba de un documento preparatorio que no

garantizaba la recalificación de los terrenos ni creaba ninguna expectativa legítima para

los inversores venezolanos.

En segundo lugar, en el caso Philip Morris Asia Limited c. Australia (caso CPA nº

2012-12), la controversia surgió a raíz de la aplicación de una serie de medidas

aprobadas por el Gobierno australiano en virtud de una nueva ley sobre el empaquetado

del tabaco (Tobacco P lain Packaging Act 2011). La empresa demandante, constituida

conforme a la normativa de Hong Kong, inició un procedimiento arbitral administrado

por la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), regido conforme al Reglamento de

Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil

Internacional (Reglamento de la CNUDMI) y con fundamento en el APPRI celebrado

entre Hong Kong y Australia (firmado el 15-9-1993). La demandante alegó, entre otros

argumentos, que la norma australiana violaba sus derechos de propiedad intelectual al

afectar al diseño de su marca, lo que ocasionaba una importante pérdida de valor de su

inversión en Australia. El Estado demandado, por su parte, alegó tres excepciones

preliminares. El tribunal arbitral, presidido por K.-H. Böckstiegel (alemán) y formado

por los árbitros G. Kaufmann-Kohler (suiza) y D.M. McRae (canadiense-neozelandés),

ordenó la bifurcación del procedimiento y resolvió sobre dos de las tres excepciones, a

saber, 1) la inversión del demandante no se había admitido válidamente en Australia; y

2) la controversia surgió con anterioridad a que la inversión estuviera protegida por el

APPRI como resultado de la reestructuración de la inversión o porque la

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reestructuración constituía un abuso de derecho. En su Laudo sobre jurisdicción y

admisibilidad de 17-12-2015, el tribunal estimó la segunda excepción en la medida en

que la reestructuración de la inversión se llevó a cabo con el propósito principal de que

la inversión estuviera protegida por el APPRI y poder plantear una demanda contra el

Estado.

En tercer lugar, en el caso Charanne y Constr uction Investments c. Espa ña (caso CCE

nº 062/2012), las empresas demandantes iniciaron un procedimiento arbitral ante el

Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (CCE), con base en el

Tratado sobre la Carta de Energía (en adelante, TCE) (BOE, 17-3-1998; corr. de errores

en BOE, 12-6-1998 y aplicación provisional en BOE, 17-5-1995), y regido por el

Reglamento de Arbitraje del Instituto de Arbitraje de la CCE. Las demandantes habían

realizado una inversión en España para la producción de electricidad de origen solar

fotovoltaico, pero en 2010 España modificó el régimen especial que regulaba este sector

por medio de varios Reales Decretos-leyes que supuestamente causaron perjuicios a las

demandantes. En particular, alegaron haber sufrido la expropiación de una parte

sustancial de su inversión en contravención del art. 13 del TCE, no contaron con medios

efectivos para la tramitación de demandas, ya que el derecho español no permitía

interponer recursos contenciosos-administrativos frente a los Reales Decretos-leyes,

incumpliendo así el art. 10.12 del TCE; por último, alegaron también una violación del

estándar de trato justo y equitativo previsto en el art. 10.1 del TCE, al haber modificado

España el régimen regulatorio y económico de forma inesperada y al vulnerar sus

expectativas legítimas, además de que las medidas eran retroactivas. El tribunal arbitral

formado por A. Mourre (francés), en calidad de Presidente, G.S. Tawil (argentino) y C.

von Wobeser (mexicano), como árbitros, por Laudo de 21-1-2016, desestimó las

pretensiones de las demandantes y les condenó al pago de las costas del arbitraje.

En cuarto lugar, se analiza el caso Tenaris S.A. y Talta - Trading e Marketing Sociedade

Unipessoal Lda. c. Venezuela (caso CIADI nº ARB/11/26), sustanciado conforme al

Convenio CIADI y las Reglas de Arbitraje del CIADI y con fundamento en el APPRI

celebrado entre Venezuela y la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa (firmado el

17-3-1998) y en el APPRI celebrado entre Portugal y Venezuela (firmado el 17-6-

1994). Las empresas demandantes aseveraban haber sufrido una expropiación indirecta

de sus inversiones al poseer el 50,1997% de las acciones de una empresa venezolana

(Matesi Materia les Siderúrgicos, S.A.) que fue nacionalizada, así como otras

interferencias a su inversión anteriores a la nacionalización que supondrían el

incumplimiento del estándar de trato justo y equitativo, y el deber de brindar completa

protección y seguridad a su inversión. El órgano arbitral presidido por J. Beechey

(británico) y compuesto por los árbitros J.L. Kessler (estadounidense) y T.T. Landau

(británico), mediante Laudo de 29-1-2016, acogió las pretensiones de las demandantes

en cuanto a la nacionalización y expropiación de su inversión en violación de los

APPRI antes citados y les concedió una indemnización de 87,3 millones de dólares

estadounidenses más intereses.

En quinto lugar, se examina el caso Total S.A. c. Argentina (caso CIADI nº

ARB/04/01), donde Argentina había solitado la anulación del Laudo emitido el 27-11-