Crónica sobre la solución de controversias en materia de inversiones extranjeras (enero - diciembre 2014)

• Author: Francisco Pascual Vives
• Position: Profesor Contratado Doctor de Derecho internacional público y relaciones internacionales, Universidad de Alcalá
• Pages: 690-815

www.reei.org

DOI: 10.17103/reei.29.22

CRÓNICA SOBRE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

EN MATERIA DE INVERSIONES EXTRANJERAS

(ENERO - DICIEMBRE 2014)

Coordinador: Francisco Pascual Vives

1

Redactores: Laura Aragonés Molina

2

; Björn Arp

3

; Fernando Lozano

Contreras

4

; Millán Requena Casanova

5

; y José Ángel Rueda García

6

Sumario: I. I

NTRODUCCIÓN

.- II. L

A SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS

INVERSOR

-

ESTADO

.-

III. L

A OBLIGACIÓN INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DEL

ESTADO RECEPTOR DE LA INVERSIÓN

.-

IV. L

AS RELACIONES ENTRE EL

DERECHO INTERNACIONAL ECONÓMICO Y OTROS SECTORES DEL DERECHO

INTERNACIONAL PÚBLICO

.-

V. L

A REVISIÓN Y LA ANULACIÓN DE LOS LAUDOS

ARBITRALES

.-

VI.

L

A EJECUC IÓN DE LOS LAUDOS ARBITRALES

.-

VII.

C

ONSIDERACIONES FINALES

.

I.

I

NTRODUCCIÓN

7

En nuestra quinta «Crónica sobre la solución de controversias en materia de inversiones

extranjeras» se analizan trece arbitrajes de inversiones y un litigio sustanciado ante el

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que hemos incluido por su estrecha

vinculación con la saga jurídica del «caso Yukos». Este litigio resulta de interés a la hora

de ponderar la interacción entre el Derecho internacional (DI) de las inversiones y el DI

de los derechos humanos. También se comenta una decisión judicial dictada por los

tribunales de los Estados Unidos de América que trae causa de la ejecución de un

arbitraje de inversiones (BG Group Plc c. Argentina). Como viene siendo habitual en

nuestra crónica se exponen los apartados de las decisiones y laudos que entendemos de

interés desde la perspectiva española. Conviene advertir que, salvo indicación a

contrario, las notas al pie incluidas en todos los documentos expuestos en esta crónica

se han omitido. En el apartado final, además de dar cuenta de los acontecimientos más

importantes en la materia para las inversiones españolas, nos referimos a algunas

novedades derivadas del incipiente ejercicio de la competencia sobre protección de las

1

Profesor Contratado Doctor de Derecho internacional público y relaciones internacionales, Universidad

de Alcalá (f.pascualvives@uah.es). Redacta los epígrafes V y VII.

2

Profesora Visitante de Derecho internacional público y r elaciones internacionales, Universidad de

Alcalá (laura.aragones@uah.es). Redacta el epígrafe I.

3

Doctor en Derecho y Abogado (arp@american.edu). Redacta el epígrafe IV.

4

Profesor Contratado Doctor de Derecho internacional público y relaciones internacionales, Universidad

de Alcalá (jfernando.lozano@uah.es). Redacta el epígrafe III.

5

Profesor Contratado Doctor de Derecho internacional público y relaciones internacionales, Universidad

de Alicante (millan.requena@ua.es). Redacta el epígrafe II.

6

Doctor en Derecho y Abogado de Cuatrecasa s, Gonçalves Pereira (joseangel.rueda@cuatrecasas.com).

Redacta el epígrafe VI.

[29]

R

EVISTA

E

LECTRÓNICA DE

E

STUDIOS

I

NTERNACIONALES

(2015)

- 2 -

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inversiones extranjeras directas por parte de la Unión Europea (UE) tanto desde una

perspectiva intracomunitaria, como desde el plano de la acción exterior.

Por orden de publicación, en primer lugar, se presenta el caso Impregilo S.p.A. c.

Argentina (caso CIADI nº ARB/07/17), en el que Argentina solicitó la anulación del

Laudo dictado el 21-6-2011 por un tribunal arbitral formado por H. Danelius (sueco)

como Presidente, Ch. Brower (estadounidense) y B. Stern (francesa) en calidad de

árbitros, en un procedimiento regido por el Convenio sobre arreglo de diferencias

relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados (Convenio CIADI)

(BOE, 13-9-1994) y las Reglas procesales aplicables a los procedimientos de arbitraje

del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Reglas de

Arbitraje del CIADI) y basado en el Acuerdo para la promoción y protección recíproca

de las inversiones (APPRI) celebrado entre Argentina e Italia (firmado el 22-5-1990) y

el APPRI celebrado entre Argentina y los Estados Unidos de América (firmado el 14-

11-1991). Dicho Laudo ya fue comentado en nuestra segunda crónica (REEI, vol. 23,

pp. 15-20, 34-35, 38-39 y 46). Los argumentos de anulación esgrimidos por Argentina

contemplados en el artículo 52 del Convenio CIADI fueron: 1) extralimitación

manifiesta de las facultades del tribunal arbitral según el Convenio CIADI y el APPRI

celebrado entre Argentina e Italia, en relación con el requisito de sometimiento previo

de la disputa a la jurisdicción administrativa o judicial argentina; 2) ausencia de los

motivos en que se fundó el Laudo; y 3) quebrantamiento grave de una norma de

procedimiento. La comisión ad hoc presidida por R. Oreamuno (costarricense) y

constituida por los árbitros E. Zuleta (colombiano) y T. Cheng (china) declaró en su

Decisión sobre anulación de 24-1-2014 que no había lugar a la anulación y ordenó el

levantamiento de la suspensión de la ejecución del Laudo, asumiendo Argentina los

costes del procedimiento que comprendían los honorarios de los miembros de la

Comisión y los gastos derivados de la utilización del CIADI como foro para resolver la

controversia.

En segundo lugar, se analiza el caso Guaracachi America, Inc. y Rurelec PLC c. Bolivia

(caso CNUDMI/CPA nº 2011-17), que se dirimió al calor del APPRI celebrado entre los

Estados Unidos de América y Bolivia (firmado el 17-4-1998) y el APPRI celebrado

entre el Reino Unido y Bolivia (firmado el 24-5-1988) y administrado por la Corte

Permanente de Arbitraje (CPA) conforme al Reglamento de Arbitraje de la Comisión de

las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Reglamento de la

CNUDMI). La controversia surgió a consecuencia de la nacionalización por parte del

Estado boliviano del 50,001% de la participación de las demandantes en Empresa

Eléctrica Guaracachi S.A., constituida conforme a la legislación boliviana, así como de

la confiscación de diversos bienes propiedad de una empresa subsidiaria de Rurelec

PLC, lo cual generó cuantiosas pérdidas a las demandantes. En su Laudo de 31-1-2014,

el tribunal arbitral formado por J.M. Júdice (portugués) como Presidente y por los

árbitros M. Conthe (español) y R.E. Vinuesa (argentino) determinó que tenía

jurisdicción respecto a las reclamaciones presentadas conjuntamente por las

demandantes sobre la base de los dos APPRI citados, así como respecto de las

reclamaciones sustentadas en el APPRI celebrado entre Reino Unido y Bolivia con

relación a las inversiones indirectas de Rurelec PLC. Sin embargo, carecía de

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jurisdicción respecto a ciertas reclamaciones basadas en el APPRI celebrado entre los

Estados Unidos de América y Bolivia. En cuanto al fondo del asunto, el tribunal decidió

que Bolivia había expropiado las inversiones de Rurelec PLC sin una justa

compensación, por lo que se le condenó al pago de una indemnización de 28.927.583

dólares estadounidenses. Cada parte debía sufragar la mitad de los honorarios de los

árbitros y de los gastos de la CPA. El árbitro M. Conthe añadió una opinión disidente

sobre tres cuestiones debatidas en este caso: 1) el supuesto respeto por Bolivia del

«debido proceso»; 2) la declaración de falta de jurisdicción del tribunal sobre las

reclamaciones relativas al precio «spot» y pagos por capacidad; y 3) el reparto de costas

a partes iguales.

En tercer lugar, se examina el caso Renée Rose Levy de Levi c. Perú (caso CIADI nº

ARB/10/17), resuelto a la luz del APPRI celebrado entre Perú y Francia (firmado el 6-

10-1993) y regido por el Convenio CIADI y las Reglas de Arbitraje del CIADI. El

fundamento fáctico de la demanda residía en la intervención por parte del Estado

peruano del Banco Nuevo Mundo, del que la demandante era accionista, y que

posteriormente fue liquidado y disuelto. La demandante consideraba que tal

intervención era contraria al APPRI antes citado. El demandado planteó diversas

excepciones a la jurisdicción del tribunal según las cuales: 1) la demandante no era un

“inversor” protegido por el APPRI; 2) la participación que adquirió la demandante no

podía considerarse «inversión» ni a la luz del APPRI, ni del Convenio CIADI; y 3) la

demandante había incurrido en abuso del proceso según lo establecido por el Convenio

CIADI. El órgano arbitral presidido por R. Oreamuno (costarricense) y formado por los

árbitros B. Hanotiau (belga) y J. Morales Godoy (chileno) declaró en su Laudo de 26-2-

2014 que tenía jurisdicción para conocer del asunto. Respecto a la cuestión de fondo, el

tribunal desestimó la pretensión de la demandante, así como las peticiones de

indemnización por daños morales formuladas por ambas partes en el procedimiento.

En cuarto lugar, es objeto de estudio el caso Giovanni Alemanni y otros c. Argentina

(caso CIADI nº ARB/07/8). La demanda fue interpuesta conjuntamente por 183

personas físicas y jurídicas de nacionalidad italiana tenedores de títulos de deuda o

bonos emitidos por Argentina, que solicitaban al tribunal la restitución del valor

nominal de sus bonos más intereses, más otros daños derivados del incumplimiento del

APPRI celebrado entre Argentina e Italia. En particular, los demandantes alegaron que

la inversión extranjera no había recibido un trato justo y equitativo, ni plena protección

y seguridad y que habían sufrido una expropiación sin una indemnización justa, efectiva

y sin demora. Argentina invocó diversas excepciones a la jurisdicción del tribunal: 1)

las acciones colectivas no estaban previstas ni en el Convenio CIADI, ni en sus Reglas

de Arbitraje, ni en el APPRI en cuestión; además, la admisión de este tipo de demandas

violaría los principios del debido proceso; 2) los demandantes no habían prestado

válidamente su consentimiento para someter la controversia al arbitraje; 3) las

reclamaciones de los demandantes no constituían una inversión en los términos del

Convenio CIADI, ni del APPRI; 4) asimismo, la compra-venta de los derechos de

títulos se había hecho en violación del derecho aplicable, esto es, del Derecho italiano;

5) estos derechos sobre títulos no cumplían el requisito de territorialidad previsto en el

APPRI, es decir, no se adquirieron en el territorio de Argentina; 6) los demandantes no