Crimen organizado y sistema democrático

Autor:Günther Maihold
Páginas:279-294
CAPÍTULO 279
CRIMEN ORGANIZADO Y SISTEMA
DEMOCRÁTICO
Günther ma i H o L d
*
La preocupación por el tema de la seguridad y el control de la violencia se
refleja ampliamente en las encuestas que tratan de rastrear las percepciones e in-
quietudes presentes en la ciudadanía. Llama mucho la atención que la seguridad
se asocie de inmediato con una «autoridad débil» (Caldeira, 1996), lo que puede
fomentar inclinaciones por sistemas autoritarios (Corradi, 1992). De ahí que este
tema haya alcanzado una cobertura amplia en los medios de comunicación y la
misma política lo haya asumido como una de sus prioridades de acción, especial-
mente en escenarios de extrema violencia como México, Centroamérica, Jamaica,
Colombia, Brasil y Argentina. Justamente en las contiendas electorales el tema se
ha convertido en una de las armas de confrontación entre quienes quieren posi-
cionarse mejor mediante la invocación de políticas de «mano dura», mientras que
otras alternativas, por su parte, se concentran en elucidar las condiciones que ha
generado la violencia, mismas que solo pueden afrontarse con políticas públicas
de largo plazo.
Sin embargo, no hay que perder de vista que las amenazas del crimen las
construyen socialmente los actores estatales y no estatales presentes en este
ámbito (Friman, 2003; Oettler, Huhn y Peetz, 2007), lo cual se refleja en cons-
tantes nuevas olas de «securitización» de la vida social. Llama la atención para
fines del presente trabajo que los datos de victimización arrojados por las en-
cuestas de opinión pública se refieran en su gran mayoría a la delincuencia
común (robo, hurto, etc.) (Cruz, 2000), de manera que, al contrario de lo que
se escenifica en los medios y también en la política, la afectación del ciudadano
por acciones del crimen organizado es mínima. Sin embargo, la percepción de
la población y especialmente la distribución del uso de los recursos públicos
parecen responder a una situación de victimización masiva por parte del crimen
organizado, cuando de hecho lo que define esta realidad son las conclusiones
mediatizadas.
* Titular de la Cátedra Guillermo y Alejandro de Humboldt en la UNAM y El Colegio de Mé-
xico.
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280 IV. SEGURIDAD CIUDADANA, VIOLENCIA Y CRIMEN ORGANIZADO
Al mismo tiempo, en muchos países latinoamericanos existen áreas de limi-
tada presencia del Estado 4 debido en parte a su ausencia tradicional 5 en ellos y
en parte al surgimiento de competidores de la acción estatal que han provocado
la pérdida del control territorial. Así pues, lo que se debate es nada menos que la
búsqueda de la fórmula mágica que permita «recuperar el monopolio de la fuerza
para el Estado, sin perder los logros de un Estado democrático no militarizado»
(Durán Martínez, 2007: 2). En países como Brasil, Guatemala, México y otros,
se puede observar que las fuerzas del orden (la policía) ya no son capaces de
mantener la presencia del Estado y garantizar la seguirdad ciudadana en todo el
territorio, por lo que se ha recurrido al empleo temporal de la fuerza militar para
controlar situaciones de ofensiva del crimen organizado.
Pero más allá de estas acciones visibles, existe un amplio espacio de relacio-
nes entre el poder democrático y el crimen organizado que no se percibe nece-
sariamente en la información pública. Los intentos de corromper autoridades,
ya sea a través de la presión o la oferta de dinero, son una de las armas clásicas
asociadas al crimen organizado. De ahí surge la idea de que en la actualidad las
organizaciones criminales están retando abiertamente a las instancias públicas
por el control territorial, lo cual implica un desafío de primer orden para un
sistema democrático. Partiendo de esta premisa, se extrae la conclusión de que
la democracia en América Latina se ve afectada por las acciones del crimen en
aspectos como el funcionamiento y la legitimación de las instituciones del Estado
y la política, con lo que aumenta la disposición de los ciudadanos para optar por
soluciones «antidemocráticas» (desde la preferencia por políticas de mano dura,
pasando por un vigilantismo social, hasta linchamientos públicos) y los efectos
degenerativos en la sociedad civil (Prillaman, 2003).
Pero además de los efectos del crimen sobre la democracia, se deben incluir
en nuestro contexto aquellos elementos que le son propios al actor criminal orga-
nizado en su dimensión transnacional y en las estrategias específicas de penetra-
ción, presión y ocupación de las instancias de decisión. La presencia del crimen
organizado se ha considerado un «nuevo autoritarismo» (Shelley, 1999) de carác-
ter no estatal que se alimenta justamente de las partes débiles de las instituciones
legales del Estado; así, al suplantar de una u otra forma las funciones del mismo
Estado, se ha instalado en las mismas estructuras descentralizadas y ha dejado a
los ciudadanos sin protección alguna frente al albedrío de los actores criminales.
Siguiendo esta tesis, se identifican en este texto los caminos e instrumentos del
crimen organizado frente a sistemas democráticos nacionales que, por su mismo
4 Se sigue a este respecto el concepto de la governance in areas of limited statehood, desarrollado
en el marco del SFB 700 de la Universidad Libre de Berlín (cfr. http://www.sfb-governance.de/en/
programm/index.html).
5 Es imposible discutir esta relación crimen/democracia sin incluir al Estado y sus capacidades
en este triángulo; además, hay que conceptualizar el grado de consolidación democrática para medir el
impacto del combate contra el crimen en el sistema democrático: en situaciones de apertura y transición
democrática es más probable un impacto masivo que en situaciones de democracia consolidada. Se
debate, entonces, la distribución del poder en el Estado, el gobierno, las sociedades y los espacios pú-
blicos en el contexto de la limitada capacidad de acción de las fuerzas de seguridad locales, la creciente
competencia o confluencia con cuerpos privados de seguridad, la falta de mando nacional y la función
política de la policía en muchos países latinoamericanos.
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