El coste económico y social del trabajo forzoso
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El informe, titulado "El coste de la coerción"*, detalla el creciente número de prácticas poco éticas, fraudulentas y delictivas que puedan llevar a las personas a situaciones de trabajo forzoso, y se realiza un llamamiento para doblar esfuerzos dirigidos a erradicar tales prácticas. Analiza también el significativo avance logrado a escala internacional y nacional sobre la reducción y la prevención de esta forma de abuso, pero se advierte de la posible repercusión de la crisis económica y del empleo mundial.
Por otra parte, el informe considera que el "coste de oportunidad" de la coerción para los trabajadores afectados por estas prácticas abusivas, en términos de pérdida de ingresos, supera ya los 20.000 millones de dólares de Estados Unidos. Este hecho constituye un poderoso argumento económico, así como un imperativo moral, para justificar que los gobiernos deban acordar sin dilación mayor prioridad a esta preocupante cuestión.
Teniendo en cuenta que se publica en el marco de la peor crisis económica y financiera de muchas décadas, el informe de la OIT añade que "en una situación de crisis así, son los vulnerables los que más sufren. En estos tiempos, resulta imprescindible garantizar que los ajustes no se efectúen a costa de las salvaguardias que tanto han costado conseguir para evitar el trabajo forzoso y la trata de seres humanos en las cadenas de suministro".
El estudio ofrece una visión diversa de los esfuerzos emprendidos a escala mundial para combatir el trabajo forzoso. Aunque la mayoría de los países ha adoptado leyes que consideran el trabajo forzoso como una infracción penal y la cuestión en sí ni se oculta ni constituye un tabú, a otros les resulta difícil identificar los casos de abuso, por no hablar de definir las respuestas adecuadas en la formulación de políticas.
El informe destaca que, entre las iniciativas internacionales y nacionales intensificadas para reducir y evitar el trabajo forzoso, están las nuevas leyes y políticas adoptadas a escala nacional y regional, así como una mayor protección social para los que corren más riesgo de ser víctimas del trabajo forzoso o de la trata de seres humanos.
"La mayor parte del trabajo forzoso sigue teniendo lugar en los países en desarrollo, a menudo en la economía informal y en regiones aisladas con deficiencias en infraestructuras, inspección laboral y mecanismos encargados de velar por el cumplimiento de la ley", señala el informe. "Esta cuestión sólo puede abordarse mediante políticas y programas integrados, combinando la acción policial con medidas proactivas de prevención y protección, y capacitando a los que corren el riesgo de ser víctimas de trabajo forzoso, para que puedan defender sus propios derechos."
"No debemos olvidar nunca que el trabajo forzoso es una infracción penal grave que requiere una sanción penal", advierte Roger Plant, jefe del Programa de Acción Especial de la OIT para Combatir el Trabajo Forzoso. "Sin embargo, debemos recordar también que, a menudo, el trabajo forzoso está pobremente definido en la legislación nacional, lo que dificulta abordar las múltiples y sutiles maneras en las que puede negarse a los trabajadores su libertad. El reto consiste en abordar estos problemas de un modo integrado, mediante la prevención y la acción policial, recurriendo tanto a la justicia laboral, como a la penal.
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[1] El coste de la coerción, Informe global enmarcado en el seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo 2009, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, ISBN 978-92-2-120628-6.
