Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 5 de Agosto de 2008. Caso Apitz Barbera y otros (?Corte Primera de lo Contencioso Administrativo?) Vs. Venezuela. Serie C No. 182

Fecha de Resolución: 5 de Agosto de 2008
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Apitz Barbera y otros (?Corte Primera de lo Contencioso Administrativo?) Vs. Venezuela
Acto:Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela

Sentencia de 5 de agosto de 2008

(Excepción preliminar, Fondo, R. y Costas)

En el caso A.B. y otros

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces(:

C.M.Q., P.;

S.G.R., J.;

M.E.V.R., J.;

L.A.F., J.;

M.M.M., J., y

R.A.B., J.;

presentes, además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 29, 31, 53.2, 55, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.

I

Introducción de la Causa y Objeto de la Controversia

  1. El 29 de noviembre de 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) presentó, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención, una demanda contra la República Bolivariana de Venezuela (en adelante “el Estado” o “Venezuela”) que dio inicio al presente caso. La denuncia inicial fue presentada ante la Comisión el 6 de abril de 2004. El 8 de marzo de 2005 la Comisión aprobó el Informe No. 24/05, mediante el cual declaró el caso admisible. Más tarde, el 20 de julio de 2006 la Comisión aprobó el Informe de fondo No. 64/06, en los términos del artículo 50 de la Convención, el cual contenía determinadas recomendaciones para el Estado. Este informe fue notificado al Estado el 14 de agosto de 2006. Tras considerar que Venezuela no había adoptado sus recomendaciones la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte. La Comisión designó como delegados a los señores P.S.P., Comisionado, y S.A.C., Secretario Ejecutivo, y como asesores legales a los abogados A.E.D., E.A.-Mershed, D.B. y M.C.R., especialistas de la Secretaría Ejecutiva.

  2. La demanda se relaciona con la destitución de los ex-jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo (en adelante “la Corte Primera”) A.M.R.C., P.R.C. y J.C.A.B. el 30 de octubre de 2003, por haber incurrido en un error judicial inexcusable al conceder un amparo cautelar que suspendió los efectos de un acto administrativo que había negado el registro de una compraventa. La Comisión alegó que la destitución por dicho error “resulta contraria al principio de independencia judicial pues atenta contra la garantía de fallar libremente en derecho” y que se los destituyó “por haber incurrido en un supuesto error judicial inexcusable cuando lo que existía era una diferencia razonable y razonada de interpretaciones jurídicas posibles sobre una figura procesal determinada, en grave violación de su derecho a un debido proceso por la falta de motivación de la decisión que los destituyó y sin que tuvieran a su disposición un recurso sencillo, rápido y efectivo que se pronunciara sobre la destitución de que fueron objeto”. De otra parte, la Comisión indicó que la Corte Primera había adoptado decisiones “que generaron reacciones adversas por parte de altos funcionarios del Poder Ejecutivo” y que un “conjunto de indicios” permitiría inferir que el órgano que ordenó la destitución carecía de independencia e imparcialidad y que dicha destitución obedecía a una “desviación de poder” que se explicaría en la “relación de causalidad [que existiría] entre las declaraciones del Presidente de la República y altos funcionarios del Estado por los fallos contrarios a intereses del gobierno y la investigación disciplinaria que fue impulsada y que devino en la destitución de las víctimas”.

  3. En la demanda la Comisión solicitó a la Corte que declare que el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la misma, en perjuicio de las presuntas víctimas. Asimismo, solicitó que se ordenaran determinadas medidas de reparación.

  4. El 19 de febrero de 2007 el señor H.F.L., representante de las presuntas victimas (en adelante “el representante”), presentó su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”) en los términos del artículo 23 del Reglamento. Además de lo indicado por la Comisión, el representante sostuvo, inter alia, que el órgano que ordenó la destitución se “limit[ó] a ejecutar una orden impartida, expresa o tácitamente, por el Presidente de la República” y que “los jueces de la Corte Primera […] fueron destituidos por razones estrictamente políticas, a fin de dar paso a otros jueces cercanos al oficialismo y al ideario político del actual Gobierno”. Indicó también que a las presuntas víctimas “se les sometió a un procedimiento inédito, desprovisto de todas las garantías indispensables para su defensa” y agregó que “ese no es el procedimiento seguido respecto de otros jueces que han mostrado una clara inclinación a favor del partido político en el gobierno”. El representante concluyó que, además de los artículos invocados por la Comisión, el Estado sería responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 23 (Derechos Políticos), 24 (Igualdad ante la Ley) y ”de los derechos que derivan de la forma democrática representativa de gobierno (artículo 29 [c] de la Convención) y de la Carta Democrática Interamericana en relación con lo dispuesto por el artículo 29 [d] de la Convención”, todos ellos en relación con las obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la misma.

  5. El 23 de abril de 2007 el Estado presentó su escrito de excepción preliminar, contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “contestación de la demanda”). La excepción preliminar interpuesta está relacionada con la supuesta falta de agotamiento de recursos internos. De otra parte, el Estado señaló que “el funcionamiento de la Corte Primera […] fue muy cuestionado”, razón por la cual “no se[ría] cierto como pretenden hacer ver los demandantes que se trate de una persecución política, sino que [la destitución de sus magistrados] fue producto del mal funcionamiento y de la negligencia de los miembros de la Corte Primera en [el] ejercicio de sus atribuciones”. El Estado designó a la señora M.R.V. como Agente[1] y al señor E.S. como Agente alterno[2].

  6. De conformidad con el artículo 37.4 del Reglamento, el 20 y el 26 de junio de 2007 la Comisión y el representante, respectivamente, presentaron sus alegatos sobre la excepción preliminar interpuesta por el Estado.

    II

    Procedimiento ante la Corte

  7. La demanda de la Comisión fue notificada al Estado el 27 de diciembre de 2006[3] y al representante el 26 de diciembre del mismo año. Durante el proceso ante este Tribunal, además de la presentación de los escritos principales remitidos por las partes (supra párrs. 1, 4 y 5), la Presidencia de la Corte[4] (en adelante “la Presidencia”) ordenó recibir, a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit), algunos de los testimonios y peritajes ofrecidos oportunamente por la Comisión, el representante y el Estado. Las partes tuvieron oportunidad de presentar observaciones a estas declaraciones. Finalmente, la Presidencia convocó a las partes a una audiencia pública para escuchar las declaraciones de dos de las presuntas víctimas, propuestas por la Comisión y por el representante, dos testigos propuestos por el Estado, la declaración a título informativo de un declarante propuesto por el Estado y la declaración de un perito ofrecido por el representante, así como los alegatos finales orales sobre la excepción preliminar y los eventuales fondo, reparaciones y costas. Esta audiencia pública fue celebrada los días 31 de enero y 1 de febrero de 2008 durante el LXXVIII Período Ordinario de Sesiones de la Corte, llevado a cabo en la ciudad de San José, Costa Rica[5].

  8. El 22 de enero de 2008 el Tribunal recibió un escrito en calidad de amicus curiae presentado por la Comisión Internacional de Juristas y la Fundación para el Debido Proceso Legal.

  9. El 3 de marzo de 2008 el Estado remitió su escrito de alegatos finales, el 4 de marzo de 2008 lo hizo el representante y el 10 de marzo de 2008, la Comisión.

  10. El 25 de junio de 2008 el Tribunal solicitó al Estado y a los representantes que presentaran determinada prueba para mejor resolver[6], la cual fue remitida el 1 de julio de 2008 por el representante y el 4 de julio de 2008 por el Estado.

    III

    Prueba

  11. Con base en lo establecido en los artículos 44 y 45 del Reglamento, así como en la jurisprudencia del Tribunal respecto de la prueba y su apreciación[7], la Corte procederá a examinar y valorar los elementos probatorios documentales remitidos por las partes en diversas oportunidades procesales, así como las declaraciones rendidas mediante affidávit y las recibidas en audiencia pública. Para ello, el Tribunal se atendrá a los principios de la sana crítica, dentro del marco legal correspondiente[8].

  12. Prueba documental, testimonial y pericial

  13. Fueron recibidas las declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit) por los siguientes testigos y peritos[9]:

    a) A.M.R.C., presunta víctima y testigo propuesta por la Comisión y el representante. Declaró, inter alia, sobre los hechos que dieron lugar a su destitución como magistrada de la Corte Primera, así como sobre el supuesto daño sufrido como consecuencia de dicha destitución.

    b) J.A.M., testigo propuesta por el representante. Declaró, inter alia, sobre la manera como la destitución de su esposo J.C.A. afectó su salud y sus relaciones sociales y familiares.

    c) M.C.C.R., testigo propuesta por el representante. Declaró, inter alia, sobre la manera como la destitución de su...

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