La responsabilidad civil de las corporaciones por violación de los derechos humanos: un análisis del Caso Unocal

Autor:Mireia Martínez Barrabés
Cargo del Autor:Becaria de investigación de la Universidad de Barcelona
Páginas:221-267

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I Introducción

Durante las últimas décadas1, el fenómeno de la globalización ha comportado una serie de cambios notables con efectos pluridimensionales en el contexto internacional al tener lugar en ámbitos considerablemente dispares, pero interconectados entre sí, tales como el económico, el político, el cultural, el social, el jurídico y el ambiental. Se trata de un proceso que también tiene una incidencia directa en el respeto y la efectividad de los derechos humanos.

Es precisamente en este escenario globalizado en el que los actores no estatales están ostentando un creciente protagonismo en las relaciones internacionales, en las que interactúan con sujetos de Derecho Internacional –fundamentalmente, los Estados y las Organizaciones Internacionales–. De entre estos actores no estatales, cabe destacar el papel de las corporaciones transnacionales2. Esta realidad se encuentra acompañada de la inexistencia de una normativa jurídica internacional que permita responder de manera eficaz a las posibles transgresiones que se perpetren en el marco de los derechos humanos ocasionadas por el enorme poder y volumen de actividadesPage 222 llevadas a cabo por éstas. Como resultado de este vacío legal3, las empresas transnacionales permanecen impunes cuando tienen una implicación en relación con vulneraciones de los derechos humanos realizadas por los Estados en los que se asientan4.

Partiendo de esta formulación general, es oportuno indicar que el objeto del presente estudio, el Caso Unocal, ha sido escogido con el fin de analizar su posible responsabilidad civil ante la jurisdicción Estadounidense por violaciones de los derechos humanos en Myanmar5. En concreto, se trata de una empresa de explotación de recursos naturales que se vio involucrada en cuestiones tan delicadas como son: la complicidad con el gobierno militar de ese país en prácticas de trabajos forzados, el desplazamiento violento de personas, ejecuciones sumarias, torturas y abusos sexuales.

Myanmar es un Estado en desarrollo dirigido por un gobierno militar autoritario de vocación ideológica socialista y que cuenta con abundantes recursos naturales que le permiten atraer inversiones extranjeras de empresasPage 223 transnacionales –como sucedió con Union Oil of California (Unocal)6–. En estos casos, se establece una estrecha relación entre ambas partes con el objetivo de obtener una concesión para la explotación a cambio de que el ejército estatal se ocupe de la seguridad y del control de las zonas insurgentes7.

De conformidad con lo hasta aquí indicado y para comprender de una manera adecuada las acciones judiciales emprendidas contra Unocal, debe hacerse una previa y breve referencia al contexto político y social de Myanmar. En la actualidad, la instauración de la democracia se percibe como un logro muy lejano, puesto que el poder se estructura sobre unas bases totalitarias del que es titular una Junta Militar conocida con el nombre de Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo (SPDC)8. por lo que respecta a la manera a través de la cual accedió al control del país y a las medidas y decisiones gubernamentales que adoptó desde el inicio –tales como, la supresión de los derechos civiles y políticos, la delicada situación económica del país, el no reconocimiento de la victoria del partido de la Liga Nacional para la Democracia (NLD) en los resultados de las elecciones democráticas de 1991 en las que venció el partido de la Liga Nacional para la Democracia (NLD), detenciones arbitrarias de la oposición política, entre otras–, cabe señalar que generaron un fuerte descontento social que fue aumentando en intensidadPage 224 con el transcurso del tiempo y que acabó desembocando en sucesivas oleadas de manifestaciones de protesta9. La Junta empleó indiscriminadamente la fuerza como respuesta a estos actos pacíficos, causando numerosas víctimas y arrestos arbitrarios de cientos de civiles y opositores políticos.

En la actualidad, la situación dominante en Myanmar no sólo no mejora sino que empeora día a día, a lo que contribuye la falta de independencia del poder judicial, una legislación que contempla la concentración de poderes y la adopción de decisiones arbitrarias. Ello ha propiciado la impunidad de los responsables10.

Las vulneraciones de los derechos humanos en este país están siendo denunciadas a través tanto de Organizaciones Internacionales como por la propia sociedad civil11, a las que se suman las reprobaciones manifestadas por parte de algunos gobiernos occidentales que han reducido las relaciones al mínimo con la pretensión de favorecer el establecimiento de un Estado democrático, recurriendo para ello a la ruptura de relaciones diplomáticas y a sanciones económicas y boicots sobre los sectores que más divisas dejan en el territorio12.

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En consecuencia, el país ha sufrido una fuerte pérdida de ingresos que ha logrado equilibrar gracias al soporte de los países asiáticos, que se han convertido en sus principales socios comerciales. Ello no obstante, el relator especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de los Derechos Humanos en Myanmar, en su Informe del año 2007, advierte que algunos países de la propia región ya han empezado a reaccionar negativamente frente al Estado actual del proceso político del país y la situación de los derechos humanos13.

Por su parte, Naciones Unidas está realizando una intensa labor de mediación en este conflicto interno. Ello encuentra su reflejo en la creación de dos figuras importantes: por un lado, el enviado especial del Secretario General de las Naciones Unidas (Sr. Ibrahim Gambari) y, por otro lado, el ya mencionado relator especial sobre la situación de los Derechos Humanos en Myanmar (Sr. Paulo sérgio pinheiro)14. Varios Informes afirman que las violaciones de los derechos humanos, tanto civiles y políticos como sociales y de carácter económico, se suceden de manera continua. Junto a esto, precisan que los arrestos y las detenciones políticas son masivos y en unas condiciones ínfimas. En cuanto al recurso al trabajo forzado, se trata de una actividadPage 226 institucionalizada y los perpetradores de las violaciones graves y sistemáticas son los propios militares15.

Sobre la base de estas consideraciones iniciales, en los apartados posteriores se procederá a analizar el Caso Unocal y la posible responsabilidad civil por vulneraciones de los derechos humanos. En primer lugar, se describirán los términos del proyecto de yadana; en segundo lugar, se estudiará el derecho aplicable por parte de la jurisdicción Estadounidense que entró a conocer del asunto y; en tercer y último lugar, se examinarán los distintos crímenes alegados en el mismo.

II El Caso Unocal ante los tribunales Estadounidenses
1. El Supuesto

El Caso Unocal se inscribe plenamente en el marco de la responsabilidad civil de las corporaciones transnacionales por violaciones de los derechos humanos perpetradas en el extranjero, pasando a representar el proceso judicial más destacado en esta materia y un precedente clave que invita a realizar un examen del mismo. La mayoría de este tipo de litigios se están llevando a cabo a través de procesos civiles, especialmente, ante la jurisdicción Estadounidense mediante la utilización de una serie de instrumentos jurídicos rescatados del olvido: por una parte, el Alien Tort Claims Act (ATCA)16 y, por otra parte, otros dos textos de menor relevancia invocados junto al anterior:Page 227 el Torture Victim Protection Act (TVPA)17 y la Racketeer Influenced and Corrupt Organisations Statute (Rico)18.

Teniendo presente lo señalado en el apartado precedente, se debe partir de la Ley de inversión extranjera19 que el régimen autoritario de Myanmar adoptó en el sector de hidrocarburos en relación con la explotación de los recursos naturales. Sobre esta base, el régimen militar creó la empresa Myanmar Oil and Gas Enterprise (Moge)20, de titularidad estatal y dedicada al control de la explotación tanto de gas como de petróleo.

Es precisamente en este contexto que, en 1992, la mencionada empresa estatal contrató con la petrolera francesa total21 un proyecto llamado: Burma (Yadana) Gas Pipeline Project, destinado a la construcción de un gasoducto para la explotación y comercialización de los depósitos de gas natural ubicados en la región de yadana –situada en el mar de andamán– y su posterior distribución hacia el interior de su vecina Tailandia22.

A inicios de 1993, el coste de la obra y las dificultades técnicas vinculadas a su construcción pronto exigieron la ampliación de la participación de socios extranjeros a través de un acuerdo de producción compartida o joint-venture. En particular, la empresa Estadounidense Unocal compró un 28% de la participación de total en el proyecto conjunto actuando a través de su subsidiaria Union Oil Company of California. Por su parte, total se quedó con un 31%, la empresa tailandesa Petroleum Authority of Thailand Exploration & Production ostentó un 25´5% y, por último, la empresa estatal birmana MOGE fue titular del 15% restante23.

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Dado que la mencionada zona escogida para la construcción del gasoducto terrestre, conocida como tenasserim, atraviesa una zona aislada y poco densa del sur de Myanmar –territorio poblado por...

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