Opinión Consultiva de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de Septiembre de 2009. Caso Artículo 55 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Serie A No. 20

Fecha de Resolución:29 de Septiembre de 2009
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Artículo 55 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
Solicitante:Argentina

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Opinión Consultiva OC-20/09

de 29 de SEPTIEMBRE de 2009

Solicitada por la República Argentina

Artículo 55 de

la Convención Americana sobre Derechos Humanos

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:

C.M.Q., P.;

D.G.-Sayán, V.;

S.G.R., J.;

M.E.V.R., J.;

L.A.F., J.;

M.M.M., J., y

R.A.B., J.;

presentes, además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta,

de conformidad con el artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 64, 65 y 66 del Reglamento de la Corte[1] (en adelante “el Reglamento”), emite la siguiente Opinión Consultiva.

I

Presentación de la consulta

  1. El 14 de agosto de 2008 la República Argentina (en adelante “Argentina” o “el Estado solicitante”), con fundamento en el artículo 64.1 de la Convención Americana, y de conformidad con lo establecido en el artículo 64.1 y 64.2 del Reglamento presentó una solicitud de Opinión Consultiva (en adelante “la solicitud” o “la consulta”) referida a la “interpretación del artículo 55 de la Convención”, en relación con “la figura del juez ad hoc y la igualdad de armas en el proceso ante la Corte Interamericana en el contexto de un caso originado en una petición individual”, así como respecto de “la nacionalidad de los magistrados [del Tribunal] y el derecho a un juez independiente e imparcial”.

  2. Argentina expuso las consideraciones que originaron la consulta, y entre ellas señaló que:

    El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos es en la actualidad objeto de un profundo debate relacionado con la necesidad y conveniencia de adoptar diversas medidas respecto de su funcionamiento, que giran, fundamentalmente, en torno a la introducción de reformas en materia de procedimiento, concretamente en el marco de los reglamentos en vigor tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

    […] En el contexto de dicho proceso de reflexión, se han conocido algunas propuestas sobre eventuales reformas al sistema que recogen legítimas inquietudes de los actores que litigan en el sistema, tales como la necesidad de una mayor certeza en los procedimientos, claridad de criterios en materia de admisibilidad, fondo y remisión de casos a la Corte y, en ocasiones, mayores garantías en materia de igualdad de armas. […]

    [T]oda iniciativa que se lleve a cabo con miras a fortalecer el sistema deb[e] contemplar, prioritariamente, garantizar una mejor y más eficaz protección de los derechos humanos. En ese hacer, la evolución del sistema no depende, necesariamente, de la introducción de reformas normativas. En determinados escenarios, la interpretación del plexo jurídico disponible por parte de los órganos de la Convención, especialmente por su único órgano jurisdiccional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puede constituir una herramienta idónea para enriquecer y perfeccionar el sistema de protección internacional.

    […] En ese sentido, el proceso de reflexión sobre el futuro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos resulta, a juicio del Gobierno argentino, un marco propicio para excitar la competencia consultiva de la […] Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el objeto de poner a su consideración la presente solicitud de opinión jurídica respecto de dos cuestiones que, en opinión de la República Argentina, y en el marco de la práctica actual del sistema, se revelan contrarios al objeto y fin de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

  3. Con base en lo anterior, el Estado preguntó a la Corte lo siguiente:

    [1.] De acuerdo a lo previsto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 55.3, ¿la posibilidad de designar un juez ad-hoc debe limitarse a aquellos casos en que la demanda interpuesta ante la Corte haya sido originada en una denuncia interestatal?

    [2.] Para aquellos casos originados en una petición individual, ¿Aquel magistrado nacional del Estado denunciado debería excusarse de participar de la sustanciación y decisión del caso en orden a garantizar una decisión despojada de toda posible parcialidad o influencia?

  4. Las normas cuya interpretación solicitó Argentina al Tribunal son las siguientes: con referencia a la primera consulta, el artículo 55.3 de la Convención Americana; y, en alusión a la segunda, el artículo 55.1 del mismo instrumento.

  5. Como Agente Titular fue designada la M.S.F., y como Agente Alterna, A.P. [2].

    II

    Procedimiento ante la Corte

  6. Mediante notas de fecha 8 de septiembre de 2008 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67.1 del Reglamento, transmitió la consulta a todos los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (en adelante “la OEA”), al S. General de la OEA, al Presidente del Consejo Permanente de la OEA y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”). En dichas comunicaciones, informó que la Presidenta de la Corte (en adelante “la Presidenta”), en consulta con el Tribunal, había fijado el 9 de diciembre de 2008 como fecha límite para la presentación de las observaciones escritas u otros documentos relevantes respecto de la solicitud mencionada. Igualmente, siguiendo instrucciones de la Presidenta y de acuerdo con lo establecido en el artículo 67.3 de dicho Reglamento, la Secretaría, mediante notas de fecha 2 de octubre de 2008 y a través del sitio Web de la Corte Interamericana, invitó a diversas organizaciones y sociedad civil en general, además de instituciones académicas de la región, así como a cualquier persona interesada a remitir en el plazo anteriormente señalado su opinión escrita sobre los puntos sometidos a consulta. El plazo previamente establecido fue prorrogado hasta el 26 de enero de 2009.

  7. El plazo otorgado llegó a su vencimiento y se recibieron en la Secretaría los escritos de las observaciones de: la República de Bolivia (en adelante “Bolivia”), la República Federativa del Brasil (en adelante “Brasil”), la República de Colombia (en adelante “Colombia”), los Estados Unidos Mexicanos (en adelante “México”), la República de El Salvador (en adelante “El Salvador”), la Republica Bolivariana de Venezuela (en adelante “Venezuela”) y la Comisión Interamericana. Asimismo, se recibieron los escritos presentados en calidad de amici curiae de: la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Centro de Asesoría Legal del Perú, el Instituto de Defensa Legal, la Asociación por los Derechos Civiles, la Comisión Colombiana de Juristas, la Organización Justicia Global (Justiça Global), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADESS), la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Seattle de los Estados Unidos de América (International Human Rights Clinic, Seattle University School of Law), los integrantes del Seminario sobre Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana de México, un grupo de académicos, académicas y estudiantes incorporados a la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos de América, la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina, los miembros de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, el Centro de Derechos Humanos y Justicia “B. and A.R.” de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas en Austin de los Estados Unidos de América (The Bernard and Audre Rapoport Center for Human Rights and Justice, The University of Texas at Austin, S. ofL., el Director e integrantes del Grupo de Justicia Global y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes de Colombia, el Grupo de Estudios en Derechos Humanos y Litigio Internacional adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas de Colombia, los señores A.B. y J.P.C., el señor C.R.U., la señora E. de Anda Madrazo y el señor G.J.G.S., el señor L.P.P., el señor C.E.G.G., la señora L.G.O. y el señor R.A.G., el señor A.M.G.P. y el señor M.D.K..

  8. Una vez concluido el procedimiento escrito, el 17 de abril de 2009 la Presidenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67.4 del Reglamento, emitió una Resolución, mediante la cual convocó a una audiencia pública e invitó a los Estados miembros de la OEA, a su S. General, al Presidente del Consejo Permanente, a la Comisión Interamericana, a todos aquellos miembros de diversas organizaciones, sociedad civil, instituciones académicas y personas que remitieron escritos de amicus curiae, con el propósito de presentar al Tribunal sus comentarios orales respecto de la consulta.

  9. La audiencia pública se celebró el 3 de julio de 2009 en la sede de la Corte[3].

  10. El 4 de agosto de 2009 la República de Guatemala (en adelante “Guatemala”) presentó sus observaciones escritas en relación con la consulta. El 7 de agosto de 2009 se recibieron los comentarios finales de la Comisión Interamericana, Barbados (en adelante “Barbados”) y los Estados Unidos Mexicanos. El 8 de agosto el equipo de docentes y estudiantes miembros de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo presentó sus observaciones finales escritas. El 10 de agosto de 2009 la República Argentina remitió sus comentarios finales escritos referentes a la consulta.

    *

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  11. La Corte resume a continuación las observaciones escritas y orales del Estado solicitante, de los Estados participantes y de la Comisión Interamericana, así como los escritos y comentarios orales presentados en calidad de amici curiae por diversas organizaciones no gubernamentales, universidades...

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